La plataforma contra Rabassa y los arquitectos piden en sus alegaciones la suspensión del plan

La plataforma contra el plan de Rabassa -urbanización de 4,2 millones de metros con 15.000 viviendas junto a la Universidad de Alicante- y el Colegio de Arquitectos coincidieron ayer en solicitar la suspensión de este macroproyecto adjudicado por el Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz. Ambos colectivos sostienen que un plan de la envergadura del de Rabassa no puede tramitarse al margen del PGOU. La plataforma dejó claro que los 81 folios de sus alegaciones no pretenden mejorar el proyecto, sino justificar que no debe realizarse.

"20.000 movimientos de coche en las horas punta generarán un caos de tráfico"

Para los colegios de arquitectos de Alicante y de la Comunidad Valenciana, que ha presentado por separado las mismas alegaciones, se desprende con claridad la enorme envergadura de la acción propuesta y su "extraordinario impacto sobre el modelo de la ciudad y su crecimiento futuro". Según los arquitectos, la importancia cuantitativa y cualitativa de sus alegaciones les lleva a reiterar su planteamiento inicial: "Un planeamiento de estas características y magnitud debe ser abordado, inexcusablemente y en todos los casos, dentro de las directrices generales del PGOU",

Todas y cada una de las alegaciones, según los arquitectos, están supeditadas a abordar el plan en el marco del PGOU, porque, a su entender, todas las "incongruencias e irracionalidades" que denuncian se originan por el carácter "aislado y errático" de una iniciativa que se ha planteado sin una visión global de la ciudad, al margen de la imprescindible consideración de conjunto que es propia y esencial del PGOU.

Este carácter medular, radicalmente "de fondo", lleva a los arquitectos a solicitar, "desde la responsabilidad que este Colegio tiene con la sociedad y la ciudad de Alicante", la reconsideración en profundidad de los instrumentos sometidos a información pública, con una dilación cautelar del procedimiento, es decir, a pedir que el plan se suspenda cautelarmente. Y que ello, por "elementales razones de precaución y prudencia" evite la adopción de nuevas resoluciones o acuerdos hasta tanto tal reconsideración se haya producido.

La plataforma, integrada por catedráticos y profesores de la Universidad de Alicante y miembros de varios colectivos cívicos de la ciudad, da algunos pasos más allá que el colegio y exige la paralización inmediata y suspensión del expediente de homologación, del plan parcial, del PAI y del anteproyecto de urbanización, así como de la adjudicación del programa a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo SL. En rueda de prensa, miembros de la plataforma dejaron claro que sus alegaciones, plasmadas en un documento de 81 folios no pretenden mejorar el proyecto, sino justificar jurídica y socialmente que no debe ejecutarse por tratarse de una acción "aberrante y desequilibradora de la ciudad".

Para el profesor Manuel Alcaraz, el plan Rabassa supone "entregar un pedazo importante de la ciudad a un promotor particular", en referencia al constructor Enrique Ortiz, sin que haya habido un "debate público" previo. Alcaraz advirtió de que si el Ayuntamiento no acepta retirar el macroplan urbanístico, la plataforma presentará un recurso contencioso.

Entre la legislación que, según la Plataforma, se vulnera en el Plan Rabassa están las directivas comunitarias 79/409/CEE de 2 de abril, 92/43/CEE, 97/62/CEE de 27 de octubre y 2000/60/CE de 23 de octubre, sobre recursos hídricos y protección de los ecosistemas, debido al uso que tendrían las tres lagunas existentes en la zona. El catedrático de Arquitectura José Ramón Navarro incidió en que aproximadamente el 60% de las más de 15.000 viviendas de Rabassa se ocuparán mediante el cambio de domicilios ya existentes, lo que constituirá un importante flujo que "agravará la marginalidad social en otros barrios de la ciudad". Según Navarro, el agrupamiento de más de 40.000 personas en este nuevo barrio (población similar a Elda) provocará el caos de tráfico, ya que se prevén una media de 20.000 desplazamientos en coche desde esa zona en las horas punta.

El arquitecto Manuel Ayús aseguró que las normativas obligan a que las tres lagunas de Rabassa sean salvaguardadas en un entorno de 500 metros, lo que causaría que se sustrajeran dos millones de metros de los 4,2 del plan y que la edificabilidad se disparara de 35 viviendas por hectárea a 62.