La oposición mantiene que no se restablece la legalidad

La resolución final del Consell sobre el ilegal hotel Atrium ha llevado aparejada reacciones dispares. La oposición, en especial el PSPV, mantiene que el acuerdo no restablece la legalidad urbanística. El equipo de gobierno local, en manos del PP con mayoría absoluta, califica el acuerdo "de severo y ejemplar". Y la promotora, la mercantil Hotel Luna, SA, rechaza la propuesta que tilda de "desproporcionada y monstruosa".

El portavoz del grupo municipal socialista, Gaspar Lloret, aseguró que, a expensas de conocer más en detalle el informe de la Comisión Territorial de Urbanismo, "el acuerdo no restablece la legalidad urbanística". "El alcalde y [Rafael] Blasco tendrán que sentarse a ver quién es el equivocado, ya que uno dice que hay que tirar 6.000 metros cuadrados y otro el doble, y en cualquier caso mucho menos de los 53.000 metros construidos ilegalmente", argumentó. El dirigente socialista resaltó que la "primera ilegalidad" es pretender solucionar la infracción urbanística mediante un PRIM, "fórmula no recogida en la LRAU". Lloret resaltó que, en cualquier caso, el alcalde es el máximo responsable de la ilegalidad: "No es comprensible que no hiciera cumplir sus siete decretos de paralización de las obras", dijo.

En el mismo sentido se expresó el portavoz del Bloc, Vicent Serra. "La solución es parcial y, en todo, caso se han olvidado de las sanciones a la empresa constructora y los arquitectos redactores del proyecto, inicialmente incluidas en el expediente", comentó. El edil del Grupo Independiente, Pedro Lloret, declinó pronunciarse a la espera de estudiar el acuerdo.

Mientras, el alcalde, parcialmente desautorizado por el Consell, calificó la resolución de Gobierno valenciano como "severa, ejemplar y rotunda". José Miguel Llorca dijo que el acuerdo "satisface los objetivos sociales y urbanísticos que perseguía el Ayuntamiento y, por tanto, lo acataremos", puntualizó.

Volumen y plantas

La promotora, en una nota pública, calificó de "desproporcionada" la resolución y anunció que no descarta recurrir a los tribunales. La mercantil insiste en que la obra contaba con las licencias del Ayuntamiento y remarca que la orden de demolición es de volumetría ilegal, y no plantas. "Hay que derribar 14.470 metros cuadrados, pero eso no significa que sean cuatro plantas", precisaron fuentes la empresa.