Fox sufre un duro golpe con la muerte del equipo de lucha contra la droga

La institución de seguridad más importante de México, encargada del diseño de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ha quedado descabezada tras la muerte el miércoles de los nueve funcionarios, con el secretario (ministro) de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, a la cabeza, que viajaban en un helicóptero que se estrelló en el Estado de México. La versión oficial del accidente contrasta con numerosos interrogantes.

Es un duro golpe al presidente Vicente Fox en la recta final de su mandato. Junto a Martín Huerta falleció el general Tomás Valencia, comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los dos eran los responsables máximos de una fuerza de 14.000 hombres distribuidos en los Grupos de Operaciones Especiales, Inteligencia, Reacción Inmediata y Policía Federal de Caminos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal es la encargada del operativo México Seguro, puesto en marcha en junio para combatir la violencia de narcotraficantes, que en lo que va de año ha costado la vida a más de mil personas en todo el país.

La muerte de Martín Huerta no sólo deja acéfala la estructura de seguridad, sino que supone la desaparición de uno de los hombres más identificados política y personalmente con el presidente. "He perdido sobre todo a un amigo entrañable", dijo el presidente.

Las horas interminables en que la nave estuvo desaparecida dieron pie a numerosos rumores sobre la posibilidad de un atentado e, incluso, de un secuestro. Mientras los equipos de rescate (700 efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas y 12 helicópteros) peinaban sin éxito una zona boscosa de difícil acceso bajo una intensa niebla, las fuentes oficiales se limitaban a señalar las malas condiciones climatológicas. El hallazgo del aparato desmintió parte de las especulaciones. El primer dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que fue un accidente debido al mal tiempo.

El portavoz de la Presidencia, Rubén Aguilar, se expresó en el mismo sentido y pidió no especular sobre las causas del accidente. Está confirmado que el Bell 412 se estrelló contra un cerro en las inmediaciones del poblado de San Miguel Mimiapan, en el Estado de México; que la nave se incendió y que los cuerpos de los nueve ocupantes fueron hallados calcinados. No hay duda de que la niebla en aquella zona era intensa, ni de que el piloto Habacuc de León, considerado un oficial experimentado con muchas horas de vuelo, se desvió de la ruta y se adentró en una zona de más niebla.

Sin embargo, estos datos no han logrado despejar todas las dudas, según reflejaba ayer la prensa mexicana, que recordaba otro hecho incuestionable: uno de los ocupantes del helicóptero, José Antonio Bernal Guerrero, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue amenazado por el narcotraficante preso Osiel Cárdenas Guillén, durante una visita que aquél realizó al penal de máxima seguridad de La Palma. Martín Huerta se dirigía a dicho penal para presidir la toma de posesión del nuevo cuerpo de élite de vigilancia penitenciaria.

Guillermo Ibarra, director de comunicación de la CNDH, declaró ayer que se denunciaron las amenazas al subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, y que el martes 20 de septiembre, un día antes del siniestro, la Comisión entregó una carta a la fiscalía pidiendo que tomara cartas en el asunto. El portavoz presidencial aseguró ayer que el envío de dicha carta, que calificó de "hecho inaudito", se recibió a las tres de la tarde del miércoles 21, tres horas después de la desaparición del helicóptero.

"Hemos recibido otras amenazas cuando los reclusos nos hacían exigencias. Ninguna se había cumplido. Esperemos que esto no haya sido una amenaza cumplida. Que no se olvide que esto es crimen organizado, con capacidad de interferir comunicaciones radiofó-nicas", señaló el portavoz de la CNDH, Guillermo Ibarra.