El Taibilla reduce de 40 a 36 hectómetros su petición de agua al Tajo para consumo humano

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que suministra el agua para consumo a 32 municipios de Alicante, incluida la capital, va a formular una petición "austera" al Consejo de Ministros para el trasvase de agua del Tajo correspondiente al próximo trimestre. "Vamos a solicitar 36 hectómetros, frente a los 40 del año pasado". Con ese envío el abastecimiento estará garantizado hasta diciembre. Mientras, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, acusó de "irresponsabilidad" al Consell por "torpedear" proyectos de desalación.

Los socialistas de Alicante proponen medidas de ahorro de agua en Rabassa

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad del Taibilla, Antonio León, aseguró ayer a este diario que en la Comisión Central de Explotación de Acueducto Tajo-Segura, que se reúne el martes, se formulará una petición a la baja, con una reducción del 5% con respecto a la solicitud del pasado ejercicio. Si el Consejo de Ministros autoriza ese envío, el agua para el abastecimiento humano en el sur de Alicante quedará garantizada hasta fin de año, fecha en la que se propondrá un nuevo trasvase para el primer trimestre de 2006.

La mancomunidad va a solicitar al Gobierno que eleve el techo de contratación de la entidad de abastecimiento para acometer las obras de conducción desde las desaladoras hasta los canales de distribución del agua potable. La desaladora de San Pedro del Pinatar, en Murcia, ya está desalando 0,9 hectómetros al mes y la previsión es que a finales de este año sea capaz de desalar dos hectómetros. La desaladora del Canal de Alicante tiene una capacidad de 1,5 hectómetros al mes y, una vez ampliada, duplicará esa cantidad.

La mancomunidad va a proponer un aumento del precio del metro cúbico en cinco céntimos para repercutir los gastos de desalación del agua.

Fuentes del Taibilla aseguraron que los regantes van a realizar una petición de agua del Tajo de 77 hectómetros cúbicos, una cantidad casi imposible de trasvasar ante la escasez de reservas en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

Por otro lado, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante presentó ayer una propuesta de ahorro hídrico como alegación al plan de Rabassa, el proyecto de construcción de 15.000 viviendas en la periferia de la capital alicantina. Con un sistema de riego de aguas depuradas, con bocas en cada finca y un sistema de optimización del riego por goteo, Rabassa ha previsto un consumo de dos hectómetros anuales. La alegación de los socialistas estima un ahorro de 0,5 hectómetros.

Mientras, la política hídrica sumó ayer una nueva controversia en torno a la desalación. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, acusó a la Generalitat de "irresponsabilidad" por "bloquear proyectos vitales para resolver el problema del agua en la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Alicante". Moragues hacía referencia así a los informes remitidos por la Consejería de Territorio y Vivienda para exigir cambios en siete proyectos de desalación que afectan a poblaciones de Alicante. La consejería defiende que en todos los casos se produce alguna afección a espacios naturales protegidos o previstos para integrar la Red Natura 2000. Además, Territorio y Vivienda subrayó ayer que el anteproyecto de la ley de Calidad Ambiental incluye las desaladoras entre las actividades obligadas a obtener una autorización específica de la Generalitat.

Para Moragues, "no es de recibo que la Administración autonómica se dedique a bloquear y torpedear desaladoras", especialmente "en plena época de sequía", ya que su "obligación" es colaborar "en la búsqueda de soluciones y en la financiación de infraestructuras" que permitan ganar agua para Alicante. "Mientras unos utilizan la sequía como arma política, otros nos dedicamos a buscar soluciones ante la escasez de lluvias y la falta de agua en algunas zonas", subrayó Moragues. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, criticó las "dos caras" del Consell, en el que el consejero Rafael Blasco pone trabas a los proyectos del Gobierno mientras el responsable de Infraestructuras, José Ramón García Antón, habla de diálogo y de buscar consensos.