El Gobierno llama a la cooperación entre Administraciones

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, reclamó ayer "la cooperación entre las distintas Administraciones" para combatir los asentamientos ilegales de inmigrantes. "No podemos mantener ninguna tolerancia con ese tipo de concentraciones", afirmó.

Rumí recordó que los asentamientos ilegales "no son un problema nuevo", y que están vinculados casi siempre al empleo irregular, "sobre todo en el campo, porque la gente se instala donde tiene posibilidades de trabajar, aunque sea de forma muy precaria".

"El Gobierno está actuando y ya ha movilizado recursos, tomado iniciativas y coordinado actuaciones donde se le reclaman, fundamentalmente desde las Administraciones autonómicas", afirmó la secretaria de Estado. "Desde la Secretaría de Estado de Inmigración estamos dispuestos a coordinar las actuaciones necesarias para lograr la desaparición paulatina de esos núcleos".

En este sentido, Rumí recordó el caso de Alcarrás, en la provincia de Lleida, donde el trabajo conjunto de las Administraciones y de los empresarios y sindicatos, "muy importantes en la lucha contra el empleo irregular", logró eliminar un campamento chabolista endémico. "En casos semejantes hay que multiplicar las inspecciones laborales y, muy importante, garantizar agilidad por parte de la Administración en las contrataciones legales".

Precisamente con el fin de que comunidades autónomas y ayuntamientos dispongan de recursos a la hora de afrontar situaciones de este tipo, el Gobierno creó un fondo de 120 millones de euros, 17 veces superior al existente con el Ejecutivo del Partido Popular. También puso en marcha un plan para garantizar la asistencia humanitaria a los inmigrantes subsaharianos a los que no es posible expulsar y que son trasladados desde otras comunidades.