Las cajas creen injustificado pedir otra reforma de su legislación

El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Juan Ramón Quintás, criticó ayer la petición del líder del PP, Mariano Rajoy, que pidió un cambio en la ley de cajas para evitar las injerencias políticas. A juicio de Quintás, la normativa de cajas no se debe cambiar "de forma apresurada" y recordó que las actuales leyes autonómicas permiten reducir la representación política en estas entidades sin cambiar la normativa nacional.

Quintás recordó que todavía no ha terminado de aplicarse la Ley Financiera aprobada a finales de 2002, bajo mandato del PP, que exigió cambios en las normas autonómicas y, posteriormente, en los estatutos sociales de las cajas.

El máximo representante de las cajas está convencido de que no se debe modificar la ley sólo para responder a un caso concreto, la oferta de Gas Natural por Endesa. Lo que el presidente de la CECA reclamó es, por encima de todo, que cualquier modificación de la ley se haga en un "ambiente de tranquilidad y que se busque el máximo consenso". Quintás anunció que las cajas de ahorros registraron un beneficio neto de 3.160 millones durante el primer semestre, un 21,6% más que el primer semestre del año anterior.

El PSOE apuntó que considera "insólito" que Rajoy defienda una nueva reforma de la normativa que regula la actividad de las cajas para evitar la injerencia política, cuando tuvo ocho años de Gobierno para hacerlo.

El riesgo del Estatuto

Quintás comentó ante los medios la "inquietud" mostrada por el Consejo de Administración de la CECA ante el hecho de que el proyecto de nuevo Estatut de Cataluña reivindique, en su artículo 117, la competencia en legislación de las cajas. "Una vez que lo tenga uno, lo pueden pedir las demás comunidades y pueden crearse diferentes modelos de cajas". Incluso, según algunas fuentes, podría ser una vía para privatizar algunas cajas.

Por ello, la CECA acordó crear una comisión, que presidirá el propio Quintás, para estudiar las "importantes consecuencias" que pueden derivarse de este traslado de competencias. Las cajas pretenden asesorar a los políticos, "sin interferir en su labor", según Quintás.

Por otro lado, según el consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, el Estatut "no modifica en ningún punto el marco actual" relativo a las cajas, informa Claudi Pérez. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas consideran que el nuevo Estatuto, tal como está formulado, "abre la puerta a cambios sustanciales en la regulación de las cajas catalanas, que podrían dar lugar a una normativa diferente de la que existe en otras comunidades".