Efecto demostración

La propuesta de reforma del Estatuto de Valencia superó ayer en el Congreso el trámite de la votación de totalidad y será ahora remitida a la Comisión Constitucional para su debate artículo por artículo. A tal fin se abre un plazo para la presentación de enmiendas. El Gobierno y el primer partido de la oposición consideran que este proyecto, consensuado entre PP y PSOE en el Parlamento valenciano, debería marcar la pauta de las reformas en otras comunidades. El hecho de que sea la primera que será votada en el Parlamento -tras el rechazo de la del Estatuto vasco- fue presentado como prueba de que es posible avanzar en el autogobierno si se respetan los criterios de amplio consenso y no desbordamiento de los límites constitucionales.

La actitud favorable de la actual dirección del PP valenciano influyó en la aceptación por Rajoy de la conveniencia de participar en las reformas estatutarias, a las que antes se oponía. El texto es el resultado de concesiones recíprocas entre populares y socialistas valencianos.

Hubo acuerdo en definir a Valencia como comunidad histórica y en la inclusión de la capacidad de disolver el parlamento y convocar elecciones, de la que sólo disponían Cataluña, Andalucía, País Vasco y Galicia. Ello rompe el acuerdo PP-PSOE para concentrar las elecciones de las comunidades de vía lenta en la misma fecha. También ha habido acuerdo en una fórmula mitigada de Agencia Tributaria propia y en considerar al Tribunal Superior como última instancia, reformas a las que el PP se ha opuesto en otras autonomías.

La novedad más polémica es la llamada cláusula Camps, inicialmente rechazada por el PSOE, que establece la obligación de reclamar cualquier competencia nueva que se reconozca a otra comunidad. Tras las dudas de los expertos sobre su constitucionalidad, finalmente se ha redactado de forma que sea puramente declarativa: la equiparación requerirá iniciar un proceso específico de reforma estatutaria. Es posible que su redacción sea aún retocada en la Comisión Constitucional. También cabría revisar la exigencia de un 5% de votos en el conjunto de la comunidad para obtener representación en el parlamento regional, algo actualmente vigente y nunca recurrido, pero dudosamente constitucional.

La idea de que lo que llegue de una autonomía debe ser convalidado sin más en Las Cortes -defendida genéricamente por los partidos nacionalistas- es contradictoria con la lógica del Estado autonómico. Incluso si lo que se propone no es anticonstitucional y cuenta con amplio respaldo. Puede haber planteamientos que susciten la unanimidad en una comunidad -por ejemplo respecto a trasvases fluviales- y ser inaceptables desde el interés general. Ésa es la diferencia entre el soberanismo nacionalista y el modelo autonómico constitucional que ayer defendieron los patrocinadores de la reforma valenciana.