Cuando lo importante empieza a ser urgente

La misión de las científicas y científicos es comprender la realidad y en la medida de lo posible ayudar a transformarla en beneficio de su especie. Este principio que parece simple se transforma en un conjunto de procesos de gran complejidad en las sociedades desarrolladas. Comprender la realidad exige investigarla y ello supone diseñar un plan para hacerlo, obtener los recursos, desarrollar el plan y si todo va bien producir resultados reproducibles por otros grupos de investigación. Como los recursos son siempre limitados la sociedad establece filtros para conocer quiénes tienen más posibilidades de éxito de desarrollar a término sus proyectos de investigación. Esto implica que los proyectos son sometidos a evaluación por los pares de quienes los plantean y por tanto exige la dedicación de recursos humanos y materiales a la organización de esta evaluación. En España el órgano encargado de este proceso es la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Como podemos leer en la página web de esta agencia, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia:

"La ANEP nació en el año 1986 como consecuencia de la necesidad de establecer un mecanismo de evaluación científica realizada con el máximo rigor e independencia, que ayudara a tomar decisiones relacionadas con la financiación de proyectos de investigación y otras ayudas a la I+D+i.

La ANEP ha contribuido notablemente al enorme salto cualitativo ocurrido en la ciencia española durante los últimos años y se ha convertido en un relevante observatorio científico; en esta institución se ha acumulado a lo largo de los años prácticamente toda la información y conocimiento sobre los investigadores y las actividades de investigación y desarrollo tecnológico que se han realizado y se llevan a cabo en España. Es por ello que la ANEP ha sido y sigue siendo una importante institución de apoyo al sistema español de Ciencia y Tecnología".

Sin embargo, un organismo tan importante y cuya misión y trabajo es aplaudido y reconocido por la inmensa mayoría de investigadoras e investigadores de nuestro país no goza de un reconocimiento administrativo recíproco. La infraestructura de recursos materiales, financieros y sobre todo humanos es absolutamente deficitaria para la realización de las tareas que la ANEP tiene encomendadas. En esta agencia se realizan más de 50.000 procesos de evaluación anuales que implican a personal fijo, gestores a tiempo parcial y sobre todo a muchos evaluadores/as externos. El personal fijo, aunque extraordinariamente dedicado, es exiguo y está poco incentivado. Los evaluadores/as reciben remuneraciones simbólicas por su trabajo con muchos meses de retraso. Las dietas y viajes se pagan tarde y mal. Las comisiones de trabajo (a menudo jornadas completas de uno o varios días) funcionan con dosis de enorme voluntarismo sin que pueda siquiera ofrecérseles la comida del día o café.

Hace poco el profesor Duarte comentaba en estas mismas páginas (ver EL PAÍS de 13 de julio de 2005) que es conveniente y saludable para el sistema de evaluación el que los pares que realizaran su trabajo de asesoría fueran expertos internacionales, con el fin de evitar clientelismo y conflictos de intereses. Sin duda tiene razón. Pero es de todo punto implanteable con los medios actuales de que dispone la ANEP el hacerlo de manera sistemática, si se quiere contar con evaluaciones de calidad en tiempo y forma adecuados a las convocatorias.

No es cuestión ahora de señalar culpables o identificar responsabilidades. Posiblemente todos los gobiernos y equipos administrativos han respetado a esta agencia y la han apoyado en mayor o menor medida. Sin embargo, al igual que la pertinaz sequía es un mal secular causante de nuestra falta de desarrollo, como señalaban los regeneracionistas, también la vinculación de cambios estructurales administrativos a cambios políticos es el origen de no pocas disfunciones del devenir de la vida pública española. Las instituciones de servicio deben verse afectadas por los cambios de gobierno en la menor medida posible. Las convocatorias, evaluaciones y decisiones sobre financiación de proyectos deben seguir su propia agenda y rumbo de navegación, de modo que el nuevo responsable político no tenga que reinventar la rueda cada cuatro años.

Recientemente el secretario general de Política Científica y Tecnológica ha anunciado la creación de una Agencia de Financiación, Evaluación y Prospectiva. Con independencia de que se plantee el debate intelectual necesario al respecto, es una buena noticia. Es verosímil que esta nueva agencia sustituya o refuerce a la actual ANEP y que ello implique una consideración de mayor rango administrativo y una mejor dotación presupuestaria. Mientras tanto sigue siendo necesario recordar que la ANEP sirve a las científicas y científicos de las 17 comunidades autónomas y realiza funciones de asesoramiento en todos los ámbitos del saber. La sociedad española debe ser consciente de ello y poner los medios para que su I+D+i se apoye sobre un proceso evaluador digno y correcto. La ANEP también somos todos.

Santiago Lamas, profesor de Investigación del CSIC y coordinador del Área de Medicina en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.