Francia impide que dos policías declaren en un juicio de Al Qaeda

La justicia francesa ha alegado razones de seguridad para impedir que dos de sus policías secretos declaren como testigos en la Audiencia Nacional en un proceso por supuesta financiación de actividades terroristas islamistas, en concreto el atentado contra la sinagoga de Djerba (Túnez) en 2002, en el que murieron 22 personas, incluido el terrorista suicida, y otras 30 resultaron heridas.

La vista ha tenido que ser aplazada hasta el 2 y 3 de noviembre próximo, y el tribunal mostró su disposición a constituirse en París para conseguir el testimonio de los agentes franceses.

Los acusados son el valenciano Enrique Cerdá Ibáñez, de 43 años, directivo de la empresa Comercial Hispania de Calcomanías S. L., y Ahmed Rukhsar, de 40 años, propietario de una tienda que utiliza como locutorio y establecimiento de alimentación, llamada New Lagpal, en Logroño, para los que el fiscal pide ocho años de prisión por financiar actividades terroristas de Al Qaeda.

Cerdá, según el fiscal, mandaba dinero al responsable de Al Qaeda Issa de Karachi o a las personas que éste ordenaba, y también a Khalid Shaikh Mohammed, Mukhtar, jefe del comité militar de Al Qaeda, que está acusado de planificar los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, el atentado contra el World Trade Center, en 1993 y de haber planificado el atentado contra la sinagoga judía La Ghriba, en Djerba el 11 de abril de 2002.

Precisamente para la ejecución de este atentado, según el fiscal, Khalid Shaykh Mohammed contactó con Nizar Ben Mohamed Ali Bechir Naouar y su tío Belgacem Cherif Mohamed Bechir, ambos miembros de la organización terrorista Ejército islámico para la liberación de los santos lugares, integrada en Al Qaeda, ordenando al primero la realización de un atentado suicida con un coche bomba.

Pero la conexión entre Shaykh y el conductor suicida sólo puede constatarse con la investigación efectuada por las autoridades judiciales francesas, tras analizar la facturación del teléfono utilizado por el suicida y los vínculos con el que utilizaba Shaykh.

Por ello, la declaración de los policías franceses que iniciaron la investigación es fundamental para el resultado del juicio. Pero la justicia francesa alegó, a través del juez de enlace, que en España no existen las suficientes medidas de seguridad para garantizar su integridad, ni para preservar la confidencialidad de su identidad, ya que se trata de policías secretos que trabajan en el área de información.

El fiscal reclamó la suspensión del juicio para recabar el testimonio clave de los agentes franceses y de paso oficiar a la Guardia Civil para que aclaren una confusión sobre los guardias que intervinieron en el atestado. Sin embargo, los abogados Manuel Murillo y Gerardo Rubio se opusieron a la suspensión por entender que la dilación no está justificada y sus clientes permanecen en prisión preventiva.

El tribunal suspendió la vista y la convocó de nuevo para el 2 y 3 de noviembre y anunció que está dispuesto a trasladarse a París para conseguir el testimonio clave de los agentes franceses.