La Fiscalía de Alicante abre una investigación ante las supuestas prácticas de corrupción en Orihuela
El ministerio público analizará las denuncias formuladas por el ex interventor municipal
La Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha acordado abrir diligencias para esclarecer las denuncias sobre supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP desde 1987. Algunas de las supuestas prácticas corruptas fueron desveladas por el ex interventor de la Corporación el pasado mes de febrero. El funcionario, aparte de irregularidades contables, acusó al equipo de gobierno del pago de facturas falsas, incrementos injustificados de obras y aportaciones a medios de comunicación afines. La investigación la coordinará el fiscal Anticorrupción.
"Las obras de la Glorieta pasaron de 200 millones de pesetas a 1.000 sin consignación"
La investigación abierta por la Fiscalía de Alicante sobre los presuntos casos de corrupción en Orihuela obedece a una orden de la Fiscalía General del Estado, tras recibir dos denuncias de particulares.
El grueso de las denuncias sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento oriolano, que preside el popular José Manuel Medina, fue realizado el pasado febrero por el hasta entonces interventor, José Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas municipales. Dos días más tarde, Espinosa convocó a los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verda) y desveló una serie de irregularidades contables de las que responsabilizó directamente a los ediles del PP. La conversación fue grabada en dos cintas.
Los supuestos casos de corrupción más relevantes denunciados por Espinosa en su entrevista con la oposición fueron los siguientes:
- Necso. El Ayuntamiento de Orihuela, bajo la presidencia de Luis Fernando Cartagena, adjudicó en 1988 a esta firma el servicio de recogida de basuras en el casco urbano de la población. En el resto del término, el servicio lo explota el empresario afín al PP Ángel Fenoll. A principios de 2002, Medina planteó la posibilidad de unificar el servicio y retirar la contrata a Necso. Sobre este extremo el ex interventor dijo: "Después de los problemas de mayo [intento del Ayuntamiento de retirar la contrata], Necso presentó a cobró dos facturas falsas por lucro cesante por un importe de 40 millones de pesetas".
- Doalco. Es una de las empresas constructoras más destacadas de la comarca de la Vega Baja. Su presidente, Domingo Alcocer, integra el consejo de administración de la TV local Canal 34. Entre otros proyectos, el Ayuntamiento le ha adjudicado las obras de la Glorieta y un aparcamiento. Respecto a las obras de la Glorieta, Espinosa afirmó: "Las obras de la Glorieta pasaron de 200 a 1.000 millones de pesetas, sin consignación presupuestaria".
- Mandamientos de pagos. El ex interventor aseguró que Encarna Galiana, concejal entre 1999 y 2003 y actual asesora del alcalde, dejó el cargo sin presentar las facturas de mandamientos de pagos por valor de unos 22.000 euros.
- Conciertos municipales. Espinosa desveló que la teniente alcalde, Mónica Lorente, no ingresó en caja las recaudaciones de los conciertos durante su etapa al frente de la concejalía de fiestas. "Amañaba los contratos para cuadrar las cuentas".
- Canal 34 y Portada. Dos medios de comunicación afines al PP. El director y gerente del canal es Antonio Galiano, hermano de una ex concejal del PP. Galiano es además propietario de la revista Portada. El interventor denunció: "Han recibido un montón de millones no de subvenciones, sino de publicidad directa de las concejalías".
Antes y después de las revelaciones del ex interventor, el PSPV ha denunciado otras supuestas irregularidades en la gestión de Medina.
- Aparcamientos. El Ayuntamiento de Orihuela, mediante decretos de la Alcaldía, paga ocho plazas en un aparcamiento privado, propiedad del constructor Domingo Alcocer, para uso de los jueces.
- Jefe de Personal. Medina contrató en diciembre de 2004 en exclusiva como jefe de personal a Luis Alberto Prieto Martí, profesor interino de la Consejería de Educación de Murcia desde 1998. Prieto Martí dimitió como jefe de personal del Ayuntamiento al trascender que cobraba dos sueldos públicos.
- Hermana del juez. El PSPV denunció el caso del titular del juzgado número 3, José Manuel Galiana Serrano, que archivó dos querellas de la oposición a Medina después de que el Ayuntamiento contratara a su hermana [la del juez].
- Industrial afín al PP. La última denuncia sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento parte del empresario afín al PP Ángel Fenoll. Éste que reclama al Ayuntamiento una deuda de 7,5 millones de euros y mantiene que la actuación de Medina "raya la malversación".
Consistorio con antecedentes
La denuncia del ex interventor sobre supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento oriolano acrecentó las dudas acerca de la transparencia en la gestión de los fondos públicos de la corporación entre los vecinos. La corporación, en manos del PP con mayoría absoluta desde 1987, no cuenta, precisamente, con antecedentes penales favorables.
En junio de 2002, la Audiencia de Alicante condenó a cuatro años de cárcel al ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, que presidió la alcaldía oriolana entre 1987 y 1996. El tribunal consideró probado que el ex alto cargo del PP se apropió de una donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento. Cartagena, que ha pedido el indulto, deberá ingresar en prisión si no lo obtiene. Junto a Cartagena, la sala también condenó a dos años de cárcel al industrial Ángel Fenoll. El empresario había sido condenado antes por comprar votos para el PP en los comicios municipales de 1991. Estos antecedentes y las nuevas sombras que dejó tras de sí la denuncia del ex interventor llevaron a los vecinos a reclamar la intervención de las instancias judiciales para investigar los hechos y depurar las responsabilidades.
El colectivo denominado Ciudadanos por la Transparencia inició una campaña de recogida de firmas con el propósito de trasladarlas a la Fiscalía Anticorrupción para avalar su petición de abrir diligencias.
A las voces de este grupo de vecinos en demanda de una investigación judicial para aclarar el estado de las cuentas de la corporación oriolana se han sumado los grupos de la oposición y particulares. Precisamente, ha sido la iniciativa de dos vecinos la que ha llevado a la Fiscalía de Alicante a abrir diligencias. "El objetivo es realizar una investigación global y depurar las responsabilidades que hubiere", dijo ayer Felipe Briones, fiscal Anticorrupción, que dirigirá la investigación.
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