El Ayuntamiento de Marbella certifica que los ediles de Gil no tenían competencias urbanísticas

El segundo juicio por delito urbanístico que afrontan Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella, y seis concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL), se inició ayer con sorpresa. Uno de los abogados presentó un certificado del secretario del Ayuntamiento, según el cual, el alcalde en la época de los hechos, Jesús Gil, nunca delegó sus competencias urbanísticas a los concejales. Según el letrado, los ediles no cometieron un delito al conceder una licencia de obra no ajustada a la legalidad, ya que no eran los competentes para hacerlo. "Es como si la hubiera concedido el conserje", dijo.

Muñoz se sentó en el banquillo de los acusados junto con los demás miembros de la comisión de gobierno del Consistorio marbellí durante el segundo mandato de Gil, entre 1995 y 1999. Dicha comisión aprobó por unanimidad, el 29 de enero de 1999, otorgar a la empresa Proinsa la licencia al proyecto básico de construcción de 150 viviendas, garajes y locales en una zona al oeste del Palacio Polivalente de Marbella. Estos terrenos, aparecen, según el ministerio público, como zona verde en el planeamiento vigente en la época, el de 1968.

La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales 18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público de concejal por un delito contra la ordenación del territorio, así como la nulidad de la licencia. La vista se sigue ante el Juzgado de lo Penal 5 de Málaga, el mismo que en marzo condenó a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación a los mismos acusados por unos hechos similares en la urbanización Banana Beach, sentencia recurrida ante la Audiencia Provincial.

Cambio de rumbo

La prueba presentada al inicio de la vista por el abogado Ernesto Osuna puede variar el rumbo de un caso muy similar al de Banana Beach. El documento, emitido en abril a petición de uno de sus clientes, el concejal del actual equipo de gobierno Rafael González, certifica que no se dieron los requisitos legales para que Gil delegase sus competencias urbanísticas como alcalde en sus ediles: un decreto registrado en el libro del Ayuntamiento, información al pleno, y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

De hecho, la primera vez que se delegan dichas competencias formalmente es cuando Muñoz es elegido alcalde, en 2003. "Nunca hubo delegación en ningún gobierno de Gil, de 1991 a 2003", explica Osuna. La licencia de la que se trata en el juicio fue aprobada por la comisión de gobierno, presidida por Muñoz como alcalde accidental por ausencia de Gil.

"Parece ser que los concejales no tenían, aunque ellos no lo sabían y actuaban de buena fe, competencias para dar licencias". Osuna explica que en este juicio se les acusa de un "delito especial propio, que requiere, según toda la doctrina, que la persona a la que se está acusando tenga competencia como funcionario para otorgar aquello que supuestamente está mal otorgado. Si no tiene competencia, es como si se acusara al conserje".

Según el letrado, la consecuencia penal debería ser la absolución de los acusados, aunque no sabe si desde el punto de vista administrativo, supondría la nulidad de los acuerdos urbanísticos adoptados sin la presencia de Gil. Otras posibilidades son que se considere que el alcalde accidental tenía competencias, o que los acuerdos sean subsanables por la actual regidora, o que se hayan consolidado las licencias por el paso del tiempo.

Durante la vista, los siete imputados, entre los que se encuentran María Luisa Alcalá, actual edil de la oposición, y Juan Antonio Yagüe, hermano de la alcaldesa, coincidieron en declarar que estaban convencidos de que la licencia concedida se ajustaba a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, pese a estar impugnado por la Junta. Todos alegaron su desconocimiento acerca de urbanismo, y explicaron que en las comisiones de gobierno, se limitaban a aprobar los expedientes que, según el secretario, contaban con informes técnicos y jurídicos favorables, pero sin entrar a debatirlos.

Varios de los abogados solicitaron, como cuestión previa, la suspensión del juicio para acumularlo a otras causas abiertas similares (más de 20), lo que fue denegado por el juez.