Maragall afirma que quien intente frenar el Estatuto "se las verá con el pueblo catalán"

Ante un Gobierno tripartito que no logra tejer una estrategia común para negociar con Convergència i Unió el capítulo de la financiación del Estatuto catalán, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, echó mano ayer de un renovado optimismo y aseguró que el texto estará aprobado "a finales de mes". En opinión de Maragall, el clamor popular para acabar con las discusiones partidistas y aprobar el nuevo Estatuto es tal que, si algún partido entorpece el proceso, "se las tendrá que ver con el pueblo catalán en las urnas". Para ERC también es momento de poner fin a la discusión y sellar un acuerdo, por lo que advirtió a CiU y al PSC de que si no trabajan en este sentido piensa tomar "medidas electorales" que no concretó.

Pasqual Maragall, que esta semana ha visto cómo su principal socio de Gobierno, Esquerra Republicana, rechazaba mantener una estrategia común con los socialistas e Iniciativa per Catalunya para arrastrar a los nacionalistas de CiU al camino del consenso, no ve mermadas las posibilidades de llegar a un rápido acuerdo.

El presidente de la Generalitat aseguró que "ninguna fuerza política podrá decir conmigo no contéis" en un proceso negociador que se encuentra en la recta final. A pesar de que el pleno del Parlamento catalán en el que se debe votar la reforma todavía no está oficialmente convocado, Maragall se mostró convencido de que el acuerdo llegará "muy pronto, a finales de este mes", y que su aprobación es importante porque "es el primer paso" hacia la reforma constitucional. Aunque el acuerdo se divisa difícil, Maragall lanzó un serio aviso a quienes quieren hacer fracasar la reforma. "Quien se apee del proceso tendrá que vérselas con el pueblo de Cataluña", afirmó.

Esquerra Republicana, que se jacta de ser la única formación que puede mediar entre socialistas y nacionalistas, también elevó el tono de sus advertencias y les recordó que podría forzar un adelanto electoral si fracasa el proceso. El secretario general de los republicanos, Joan Puigcercós, instó a los dirigentes del PSC y de CiU a "sentarse a hablar" para "buscar soluciones y entender que el inmovilismo no es bueno". También el republicano Josep Huguet, consejero de Comercio del Gobierno catalán, exhortó a los líderes de todos los partidos a que se impliquen más en las negociaciones, informa Lluís Pellicer. "Ahora son los presidentes de los partidos, los reyes y las reinas, los que tienen que hablar". Con ello, Huguet daba alas a Convergència i Unió, que ayer volvió a criticar la falta de liderazgo de Pasqual Maragall.

El viraje de Esquerra

Pero el regreso de Esquerra a la equidistancia sigue levantando ampollas entre sus socios del tripartito. Mientras que los socialistas, al menos en público, prefieren no comentar el viraje de ERC, el líder de Iniciativa per Catalunya Verds y consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, fue ayer algo más explícito. Pidió formalmente a sus socios de ERC que "reconsideren" su posición y plasmen su compromiso y lealtad con el tripartito mediante la presentación de enmiendas conjuntas al dictamen del Consejo Consultivo, texto que consideraba inconstitucionales 19 puntos del actual proyecto estatutario. Saura hizo este llamamiento a ERC tras hacer pública la enmienda de ICV con la que este grupo pretende lograr un consenso entorno a la polémica invocación de los derechos históricos.

La propuesta de los ecosocialistas, que tiene visos de prosperar por la buena acogida que ha tenido entre los socialistas y, en menor medida, entre los republicanos, consiste en reforzar el artículo 5 del Estatuto que, libre de inconstitucionalidades según el Consultivo, reza: "El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán".

La propuesta de ICV-EUiA se basa en reforzar este redactando añadiéndole los ámbitos sobre los que se reflejarían estos derechos históricos: instituciones, derecho civil, lengua y cultura, educación y organización territorial. Ello implicaría la desaparición de la disposición adicional que el Consultivo consideró inconstitucional por vincular directamente los derechos históricos con el blindaje competencial.