Trillo, los 'disidentes' y la autorización previa

La nueva ley de Defensa, aprobada el pasado jueves día 15, recoge una de las notables enseñanzas de la reciente política española: corresponderá al Congreso autorizar previamente la participación de las Fuerzas Armadas en misiones exteriores. Y para realizar esas misiones, habrá condiciones precisas: resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y conformidad con la Carta de la ONU y el derecho internacional, entre otras.

Aunque no la única, ésta es una lección directa de la política del Gobierno de José María Aznar en relación con la guerra de Irak. No sólo patrocinó junto a Estados Unidos y al Reino Unido el uso de la fuerza en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que cuando dicho organismo rechazó la iniciativa, Aznar se unió a George Bush y a Tony Blair para lanzar, al margen de las Naciones Unidas, la guerra. Ni las manifestaciones públicas, ni los partidos políticos de la oposición, ni el Parlamento frenaron a Aznar. Y mira por dónde, ahora ya es oficial, incluso, que Aznar tampoco renunció a su alianza guerrera ante la oposición y/o matización de varios miembros de su Gabinete.

Era sabido que tanto el entonces vicepresidente Rodrigo Rato como el que era ministro de Defensa Federico Trillo, cada uno a su manera, habían alertado a Aznar sobre las consecuencias políticas del apoyo a EE UU en la invasión de Irak. El libro de Federico Trillo, Memorias de entreguerras, publicado esta semana, otorga mayor credibilidad a esas informaciones que circularon durante los últimos dos años.

Trillo describe varias reuniones y encuentros del Gobierno y miembros del mismo, durante los meses de febrero y marzo de 2003, en las que se examinan diversas alternativas para el caso de una participación de tropas españolas en Irak. Los miembros del gabinete de crisis analizaron, si había resolución del Consejo de Seguridad por unanimidad para ir a la guerra, la posibilidad de aportar el grupo de combate de la Armada, el apoyo a las acciones y contribución humanitaria; se estudiaron apoyos más moderados si la resolución era aprobada por mayoría o, en la eventualidad de ausencia de resolución -como finalmente ocurrió- solamente una contribución humanitaria. El Gobierno de Aznar y el PP hizo todo esto a espaldas del Parlamento y de la mayoría de los españoles, incluyendo a sus votantes, que se esforzaban por expresar su oposición. Aún así, Aznar, y sus compañeros de partido disidentes, resolvieron llegar hasta el final en su apoyo a la guerra. Se dieron el lujo de discrepar, en el búnker, pero de cara a la galería ejecutaron como un solo hombre su política de apoyo a la guerra.

Los políticos tienen que asumir sus responsabilidades, sostienen los dirigentes del PP. Y como no estaban obligados por ley a someter al Parlamento la autorización previa para enviar a las Fuerzas Armadas a la misión, ¡aquí guerra y santas pascuas!

La ley de Defensa echa ahora las bases para declarar el nunca más a esta práctica. Hasta que, como vaticina Fernando López-Amor, el PP vuelva al Gobierno y cambie urgentemente la autorización previa. Con todo, no va a ser fácil.