EU recusa a dos ediles de Cabanes para que no voten en Mundo Ilusión
El concejal de urbanismo de Oropesa comparte propiedades con el grupo de Ger
El concejal de Esquerra Unida en Cabanes ha recusado a dos ediles de ese municipio en la votación prevista hoy para adjudicar la urbanización de 20 millones de metros cuadrados en el entorno de Mundo Ilusión porque tienen relación laboral con Marina d'Or, grupo que opta al proyecto. Por otra parte, en Oropesa, donde también se vota hoy la adjudicación, el concejal de urbanismo comparte propiedades con una empresa de ese mismo grupo, que preside Jesús Ger. La guerra entre grandes constructores de Castellón, que enfrenta a Marina d'Or con PGP y Lubasa se recrudece por momentos.
El informe de la interventora de Oropesa es negativo a la adjudicación
Los plenos de los Ayuntamientos de Oropesa y de Cabanes aprobarán hoy, según está previsto, la adjudicación provisional de la urbanización del entorno del futuro parque temático Mundo Ilusión al Grupo Marina d'Or. Es decir, este grupo ejecutará el desarrollo urbanístico de alrededor de 20 millones de metros cuadrados que reportará para el urbanizador elegido alrededor de 54 millones de euros de beneficio. La pugna por hacerse con esta adjudicación ha desembocado en la más brutal guerra empresarial conocida en la provincia de Castellón. Los recursos judiciales, el cruce de acusaciones públicas y las presiones han estado protagonizadas tanto por la sociedad que presentó la primera propuesta de urbanización, formada por Lubasa, PGP y Ortiz, como por el grupo que formuló una alternativa a ésta, el de Marina d'Or.
Pese a que los dos dictámenes que se votarán hoy señalan a Marina d'Or como la oferta más conveniente para cada uno de los municipios, el procedimiento ha estado plagado de extraños movimientos en los que también ha intervenido la Generalitat. Sin embargo, las anomalías detectadas en el último tramo, el previo a la adjudicación, han sido más numerosas y salpican, incluso, a varios concejales, tanto de Oropesa como de Cabanes, todos ellos del PP, sobre los que existen dudas acerca de su posible incompatibilidad para votar en el pleno de hoy.
Hasta última hora de la tarde de ayer, habían sido recusados dos concejales de Cabanes, Jorge Conde y Javier Llorens. El concejal de Esquerra Unida-Entesa en dicho Ayuntamiento, Carles Mulet, presentó en el registro una petición formal de recusación porque, según dijo, "trabajan para Marina d'Or y están claramente afectados por los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". Por ello, tal como apuntó Mulet, estos concejales "se deben abstener de participar en el pleno, en el que se aprobará el PAI Mundo Ilusión, otorgándoselo a la empresa para la que trabajan".
La posible abstención de estos dos ediles podría no ser la única que se da en Cabanes ya que, según Mulet, la concejal de Urbanismo del PP, Lucía García, ha decidido "no acudir al pleno" por motivos que, de momento, se desconocen. Estas tres ausencias, en el caso de que se dieran, otorgarían al PSPV la clave para la aprobación de la adjudicación, en el caso de Cabanes, de alrededor de 16 millones de metros cuadrados.
En el caso de Oropesa, a última hora de ayer no existía ningún concejal recusado. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, quien además ha firmado la propuesta de dictamen que hoy se lleva a pleno, comparte propiedades con una de las empresas del grupo Marina d'Or. Según el registro de la propiedad, el edil del PP es propietario, junto a su esposa, de, al menos, un local. Sobre éste, ubicado en la urbanización Marina d'Or, tiene el pleno dominio del 45% de la superficie, mientras que el 55% restante corresponde a Marina d'Or Loger. Su relación directa con el futuro adjudicatario podría provocar la impugnación del pleno en el caso de que Fabregat decida participar en el mismo.
Además, en Oropesa existe otro posible impedimento ya que el informe de Intervención es negativo a la propuesta de adjudicación a Marina d'Or. Según el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, el equipo de gobierno ha intentado omitir este informe en el expediente con lo que está previsto que la interventora advierta durante el pleno sobre la comisión de una presunta ilegalidad.
La guerra empresarial revela el declive de Fabra
"Este acuerdo ha sido posible gracias a la mediación del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra". Esta frase encabezaba el escrito remitido desde la propia institución provincial en mayo de 1999, cuando Fabra intervino en una de las batallas entre constructores que más se ha asemejado a la que actualmente protagonizan Lubasa, PGP y Ortiz y el grupo Marina d'Or. Entonces, los grupos Batalla y Gimeno alcanzaron un acuerdo para la urbanización del llamado Cuadro de Santiago, para la construcción del proyecto Benicàssim Golf. El supuesto acuerdo quedó en nada porque, finalmente, Batalla, en solitario, resultó adjudicatario. Sin embargo, los largos brazos de Fabra y su control sobre el ayuntamiento quedaron patentes.
Actualmente, nadie ha podido parar o, al menos, mitigar la guerra, mucho más agria que la de entonces y con acusaciones personales y públicas de por medio. La sombra del presidente de la Diputación no es tan alargada y mientras el máximo responsable de Marina d'Or, Jesús Ger, advierte de que "Fabra no está con nosotros", los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes se han lanzado a llevar adelante una decisión sobre la que el también presidente del PP ha aconsejado una "negociación". Todo ello, después de que Ger fuera uno de los comensales en las cenas que Fabra organizaba con motivo de su cumpleaños cuando el ahora ex presidente del Gobierno, José María Aznar, pasaba sus vacaciones veraniegas en una casa de Les Platgetes de Bellver, precisamente en el término municipal de Oropesa.
Carlos Fabra eludió, en un principio, hacer una valoración sobre la guerra abierta entre los dos grupos. Finalmente, sólo apuntó la conveniencia de una negociación entre las partes enfrentadas. De igual modo, el portavoz del Consell, Esteban González Pons, lamentó ayer la pugna y señaló que "el Consell quiere que se llegue a acuerdos y que se reconduzca la situación" aunque añadió que "no está mal que exista esa tensión entre empresas porque eso quiere decir que hay vida".
El caso es que esta crisis entre los grandes constructores de Castellón tiene como origen un proyecto público impulsado por el propio Carlos Fabra, como es el del parque temático Mundo Ilusión, del que es responsable la Generalitat Valenciana, administración que tiene la competencia de aprobar, de forma definitiva, la adjudicación de la urbanización de su entorno y que se ha reservado instrumentos suficientes como para no llevarla adelante.
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