El TSJA ve indicios de prevaricación y cohecho en la liberación de un presunto 'narco' por un juez

Antonio Vicente Fernández, el juez de Málaga suspendido cautelarmente por poner en libertad a un presunto narcotraficante mientras sustituía por vacaciones a otro magistrado, será enjuiciado por prevaricación y cohecho, si lo solicitan la Fiscalía o la acusación popular. Así lo establece el auto dictado por el magistrado instructor del TSJA, que ordena continuar la causa ante indicios de ambos delitos. Según el relato de los hechos, Fernández, con problemas económicos, pudo haber dictado resoluciones favorables a los clientes de un abogado por dinero.

Junto a Fernández, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Málaga, el magistrado instructor ordena continuar la causa contra el abogado Francisco del Pino, y contra varios de sus clientes beneficiados por decisiones del juez: el presunto narco liberado, Manuel Mourente, su esposa, Antonia Ruiz, y Antonio Montesinos, favorecido en otro asunto. El auto, de 14 páginas, analiza con detalle la intervención de Fernández en distintos procedimientos.

El 9 de agosto de 2004, el titular del Juzgado de Instrucción 10 denegó la libertad para Antonia Ruiz, en prisión provisional desde el 28 de mayo tras ser detenida junto con su marido con cinco kilos de cocaína y 141.545 euros. Dos días más tarde, Del Pino recurrió la decisión y pidió la devolución del importe incautado al juez sustituto, Fernández. Un par de días después, y sin "nuevas circunstancias que motivasen un cambio de criterio" respecto de la decisión del juez titular, Fernández acordó la libertad de Ruiz con obligación de prestar fianza en el plazo de tres días, así como que se librase "sin dilación oportuno mandamiento de devolución" de los 141.545 euros.

Dicho auto, según el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) Miguel Pasquau, fue "redactado personalmente, en su domicilio", por Fernández, presuntamente "sin haber examinado las voluminosas diligencias previas" del caso, y "antes de conocer el informe" de la Fiscalía, que recomendaba en contra.

El 12 de agosto, Del Pino pidió la libertad de Mourente, escrito que llega al Juzgado el día 17. Según el secretario, Fernández acordó la libertad con obligación de prestar fianza de 6.000 euros en tres días antes incluso de que el escrito llegase al juzgado y sin dar traslado a Fiscalía.

En el caso de Montesinos, éste ganó un premio de 75.000 euros en un bingo de Fuengirola, que quedó depositado notarialmente mientras se aclaraban unas irregularidades en la partida. Del Pino sugirió a Montesinos que lo denunciase. Montesinos lo hizo precisamente en el juzgado de Málaga donde estaba de guardia Fernández, que ordenó la "inmediata entrega" de la cantidad para "proteger a los ofendidos o perjudicados" de un supuesto delito que no precisa.

El instructor del TSJA cree que la orden urgente de devolución de cantidades incautadas o en depósito "por razones aparentemente justificadas", la mediación de Del Pino en la devolución, "las serias dudas sobre la entrega íntegra de las cantidades a sus destinatarios", y "la necesidad de dinero" de Fernández, con deudas superiores a 20.000 euros y supuestas adicciones al juego y a las drogas, "hacen verosímil pensar que se buscó de propósito, y a cambio de una suma de dinero, la proclividad" del juez hacia los clientes del letrado.

Fernández fue suspendido cautelarmente por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial en diciembre, suspensión paralizada por el proceso judicial. Alberto Pérez, fundador de la Asociación Contra la Injusticia y la Corrupción (Ainco), ejerce la acusación popular. El juez fue condenado en junio a una multa de 90 euros por una falta de amenazas, por apuntar con una pistola de gas comprimido al dueño de un bar.