Londres quiere deportar a siete argelinos sospechosos

El ministro británico del Interior, Charles Clarke, ordenó ayer la detención y deportación de siete argelinos a los que considera una amenaza para la seguridad nacional. Seis de ellos fueron detenidos en Londres y el séptimo en Manchester. Los siete forman parte de un grupo de ocho argelinos procesados en abril pasado bajo la acusación de preparar un atentado en enero de 2003. Cuatro de ellos fueron declarados no culpables y la policía retiró los cargos contra los otros cuatro por falta de pruebas.

Ahora han vuelto a ser detenidos siete de ellos, pero no para ser procesados, sino para ser deportados a Argelia, uno de los países con los que el Reino Unido ha cerrado acuerdos bilaterales para deportar a sus nacionales sospechosos de tener alguna relación con el terrorismo que no pueden ser llevados ante un juez. El Gobierno británico asegura que esos países han dado garantías de que ninguno de los deportados será sometido a malos tratos, pero el historial más bien poco respetuoso de los derechos humanos en alguno de ellos, entre los que desde luego está Argelia, ha provocado la protesta de grupos defensores de los derechos civiles.

Según el Home Office, las detenciones de ayer se han llevado a cabo invocando la ley de inmigración de 1971 que permite la detención y deportación de extranjeros que suponen una amenaza para la seguridad nacional. Los detenidos tienen derecho a apelar la decisión del Gobierno de expulsarles. Se espera que la batalla jurídica sea clarificadora y larga.

Tras los atentados

La detención de los siete argelinos ha coincidido con la entrada en los Comunes del paquete de nuevas medidas antiterroristas anunciadas antes de las vacaciones de verano y consecuencia de los atentados vividos por Londres el 7 y el 21 de julio. Entre esas medidas figura la capacidad de deportar a los extranjeros que hagan apología del terrorismo, un proyecto que ha provocado gran polémica, porque en opinión de muchos críticos puede llegar a suponer un recorte del derecho de libertad de expresión.

Pero la propuesta más polémica es la de extender de las actuales dos semanas hasta un máximo de tres meses la detención preventiva de sospechosos de terrorismo. Aunque la oposición acepta que dos semanas puede ser un periodo corto dada la complejidad de las tramas terroristas y los sofisticados medios con los que operan, el plazo de tres meses ha sido calificado de "internamiento sin juicio" por las organizaciones civiles. Los liberales-demócratas se oponen abiertamente y los conservadores creen que tres meses es demasiado, por lo que la ley podría quedar bloqueada en la Cámara de los Lores -donde los laboristas están en minoría- si el Gobierno no llega antes a un acuerdo con los tories.