Las causas penales por infracciones laborales aumentan un 30%

Las infracciones laborales han aumentado en Madrid entre enero y agosto de este año un 30% en relación con el mismo periodo de 2004. Sólo en la capital, los jueces han tramitado 161 procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores, frente a los 111 del año pasado. En el conjunto de la región, también se han disparado los procedimientos laborales, especialmente los relativos a la prevención de riesgos, según destaca el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, que demanda más medios e inspectores de trabajo para combatir la siniestralidad.

Los datos de los jueces de la plaza de Castilla, referidos a Madrid capital, y los de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, referidos al conjunto de la región, no dejan lugar a dudas: cada vez se cometen más infracciones y delitos contra los derechos de los trabajadores en la Comunidad.

El número de obras crece y con ellas, según la estadística, las imprudencias y la desidia de algunos de sus responsables en la aplicación de la normativa laboral. Martínez, responsable del área laboral de la fiscalía en toda la región, afirma que se ha producido "un fuerte aumento" de los procedimientos "en materia de prevención de riesgos laborales". Y ofrece datos: "En todo el año 2004, los inspectores de trabajo remitieron 190 denuncias a los juzgados de instrucción. Y sólo en el primer semestre de 2005, los inspectores han remitido 143 procedimientos", explica.

La zona de la región que ha registrado más denuncias de la inspección por infracciones de la normativa, entre el 1 de enero y el 30 de junio pasados, fue, aparte de la capital, la de Alcalá de Henares, con 37 denuncias. Le siguen las demarcaciones judiciales de Getafe y Leganés, con 18; la de Madrid norte, con 19, y la de Móstoles, con 16.

Pero además de las infracciones a la normativa que regula la prevención de riesgos laborales, a los jueces y fiscales también les están llegando denuncias enmarcadas en el ámbito laboral y que atentan directamente contra los derechos individuales de todo trabajador. Entre enero y junio se han abierto cuatro procedimientos penales por tráfico de mano de obra (dos denuncias) y por tráfico ilegal de personas extranjeras (otras dos). Y es que se están dando casos en Madrid similares a los de la esclavitud. Es decir, empresarios que contratan a una persona para que ésta les busque a otras, sin papeles ni alta en la Seguridad Social, y hagan una determinada obra. El capataz es quien cobra por ellos y se queda con parte del dinero que éstos perciben por su trabajo.

Asimismo, se han detectado dos casos de tráfico ilegal de extranjeros (personas que son traídas bajo engaño a Madrid para, por ejemplo, obligarlas a prostituirse).

"Medidas insuficientes"

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia se congratula del aumento de las denuncias por infracción de las normas de seguridad laboral. Opina que "este incremento se debe en gran medida al impulso recibido tanto de UGT como de CC OO en las reuniones mantenidas en el marco del segundo plan director de prevención de riesgos laborales". Pero entiende que estas medidas "son claramente insuficientes", señala. "Basta con observar el incremento de obras en Madrid durante el último año, para concluir que es imposible que puedan inspeccionarse todas ellas", añade.

A su juicio, "es preciso generar una cultura de la prevención del riego laboral; y hay que hacerlo así", añade, "si de verdad queremos bajar la cifra de siniestros: para ello, la pieza clave está en incrementar la actividad de la Inspección de Trabajo", concluye. "Pero esto no es posible si no se incrementa significativamente el numero de inspectores, dado que los aproximadamente 100 con que cuenta la Comunidad de Madrid son muy insuficientes para mantener una vigilancia mínimamente eficaz".

Martínez lamenta la lentitud que atenaza a buena parte de los procedimientos penales del ámbito laboral. Achaca esta lentitud "a que la justicia penal está en la actualidad muy focalizada en torno a los juicios rápidos y a la violencia doméstica", lo que eterniza los otros procesos. Todo esto, "unido al insuficiente número de juzgados de instrucción", destaca Martínez, "hace que las investigaciones judiciales que no se tramitan como juicio rápido, se ralenticen. Y cuando se trata de materias tan complejas como es la siniestralidad laboral, todavía más".

Para Martínez, "es indispensable dejarse de declaraciones demagógicas y tomarse en serio el mundo del trabajo, puesto que velar por la salud y el bienestar de los trabajadores es una obligación de toda la comunidad; y ello implica que se tiene que destinar más dinero a este tema y crear más plazas de inspectores; y que, además, éstos dispongan de los medios técnicos adecuados para que desarrollen su trabajo en condiciones dignas y en favor de los derechos de los trabajadores".

Martínez concluye: "También hay que crear juzgados y fiscales especializados en siniestralidad laboral, como se ha hecho para los casos de violencia sobre la mujer".