La fiscalía acusa al arquitecto municipal de Basauri de un delito urbanístico

La Fiscalía del Tribunal Superior vasco ha presentado una denuncia contra el arquitecto jefe del Ayuntamiento de Basauri por un presunto delito urbanístico en la promoción de 55 viviendas. El Ministerio Público acusa al funcionario de permitir a una empresa la construcción, en dos zonas, del doble de lo dispuesto en el plan general de la localidad, lo que habría reportado a la promotora inmobiliaria más de 3,5 millones de euros, según los cálculos municipales.

La fiscalía interpuso la denuncia el pasado día 1 ante un juzgado de Bilbao, que ya ha incoado diligencias previas, y culpa al arquitecto de un presunto delito contra la ordenación del territorio, según informó ayer el alcalde, el peneuvista Rafael Ibargüen. El funcionario se encuentra suspendido de empleo desde el 1 de julio, pocos días después de que se conociesen las primeras irregularidades.

La actuación de la fiscalía se produjo tras recibir un informe del consistorio que detallaba las presuntas anomalías en la gestión urbanística en las zonas de Kanda Landaburu y la plaza Arizgoiti de la localidad. En el primer caso, la promotora duplicó los metros cuadrados edificables -de los 3.600 que detallaba el plan general se ha pasado a casi 7.000-, usando para ello terrenos de propiedad municipal. Un informe pericial encargado por el Ayuntamiento concluyó que la promotora no debía haber obtenido la licencia de obra. Además, cifraba en 582.000 euros el daño al patrimonio municipal y calculaba que la constructora había obtenido un beneficio extraordinario de 1,5 millones de euros.

Un patio interior

Las presuntas anomalías en la urbanización de la plaza Arizgoiti se descubrieron casi un mes después, a finales de julio. La investigación municipal comprobó que, en la construcción de un edificio de 20 viviendas, se ocupó terreno destinado a un patio interior y se incluyeron tres plantas de garaje en lugar de las dos previstas inicialmente. La auditoría calculó que la promotora se embolsó merced a este aumento más de dos millones de euros.

Ibargüen precisó que su Ayuntamiento se ha personado como acusación particular en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao para exigir las responsabilidades civiles y penales "que pudieran derivarse", el restablecimiento de la "legalidad urbanística alterada" y el resarcimiento de los daños y perjuicios al patrimonio municipal. El alcalde destacó que la actuación de la fiscalía ratifica "el criterio sostenido hasta la fecha por la corporación" sobre ambas promociones.

Agregó que pondrá en conocimiento de la fiscalía el hallazgo de posibles irregularidades en otras promociones. El consistorio tenía la intención de iniciar este mes la revisión de todas las nuevas edificaciones en el municipio para "velar por la legalidad".