La izquierda independentista, en el banquillo

El proceso penal abierto contra Batasuna en la Audiencia Nacional por supuesta colaboración con la banda terrorista ETA tuvo su primera resolución jurídica importante hace tres años. En agosto de 2002, cuando el Gobierno del PP estaba enfrascado en el proceso para promover la ilegalización de Batasuna en aplicación de la recién aprobada Ley de Partidos Políticos, el juez Baltasar Garzón, que llevaba más de cuatro años investigando al denominado entorno de la banda terrorista, decidió suspender las actividades de Batasuna por ser "una de las grandes empresas de ETA".

Tras esa resolución, Garzón imputó un delito de integración en banda terrorista a 20 dirigentes de Batasuna, en la que no estaban los diputados autonómicos de esa formación política porque eran aforados y su enjuiciamiento correspondía al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Entre los imputados se encontraba Joseba Permach, que pagó una fianza de 12.000 euros para salir en libertad.

En enero de 2003, el juez imputó a 36 dirigentes de Batasuna por pertenencia a ETA y remitió un escrito al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que instaba a los magistrados a investigar a otros cinco responsables de la formación independentista, entre ellos los diputados autonómicos Arnaldo Otegi y Jon Salaberria. Un mes después, Garzón imputó a tres ex parlamentarios vascos (habían perdido su condición por la convocatoria de elecciones y la disolución de la Cámara de Vitoria).

Garzón dejó su juzgado en la Audiencia Nacional en la primavera de 2005 y sus asuntos pasaron a depender del juez Fernando Grande-Marlaska.

En junio, después de celebradas las elecciones vascas y con Batasuna ilegalizada y fuera de la Cámara de Vitoria, el juez procesó a Arnaldo Otegi y Jon Salaberria. Otegi acabó en prisión, de la que salió dos días después tras pagar 400.000 euros, mientras que Jon Salaberria huyó y Grande-Marlaska dictó una orden internacional de busca y captura.

El último episodio judicial en el que se han visto embarcados miembros de la izquierda independentista vasca se produjo a raíz de una querella de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas, formación para la que pidió el voto Batasuna en las últimas elecciones. El juez Grande-Marlaska imputó a siete miembros de esa formación su pertenencia a ETA e impuso fianzas para tres de ellos tras tomarles declaración.