Aguirre alardea de logros y elude culpas

Los 111 diputados de la Asamblea de Madrid (57 del PP, 45 del PSOE y nueve de IU) están citados este miércoles a una sesión en la que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, defiende su segundo año de gestión al frente de la Comunidad. Un discurso en el que, previsiblemente, Aguirre repartirá elogios y críticas en direcciones opuestas. Críticas al Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero -culpable, a su juicio, de todos los males de la región- y elogios a todas y cada una de sus áreas de gestión. La Cámara autonómica debatirá una vez más sobre algunos de los asuntos que han copado la actualidad madrileña en estos 12 meses.

- Listas de espera. Esperanza Aguirre estaba muy tranquila aquella mañana del 9 de mayo de 2003 cuando entró en el plató de televisión. Iba a enfrentarse en Telemadrid, días antes de las elecciones, con sus contrincantes políticos: Rafael Simancas (PSOE) y Fausto Fernández (IU). No parecía nerviosa, pese a que las encuestas no la daban como clara ganadora.

La presidenta reduce los impuestos, pero Eurostat cifra en 10.000 millones el déficit

Aguirre debe dimitir si a final de año la lista de espera quirúrgica supera los 30 días

La Comunidad ampliará la M-501, una obra que el CSIC desaconsejó a Gallardón

El Gobierno regional abandera la estrategia de enfrentamiento con Rodríguez Zapatero

Simancas y Marín aprovecharon aquel debate para atacarla con fuerza. Se agarraron al mal funcionamiento de la sanidad pública para lanzar sus mejores golpes contra la candidata del PP. Aguirre sonrió tras escucharlos y dijo: "El tema de las listas de espera quirúrgicas es muy preocupante. A mí me preocupa tanto que comprometo mi palabra en ello: tengo decidido que si en dos años algún madrileño tiene que esperar más de 30 días para ser operado, yo dimito de la presidencia del Gobierno. Fíjense lo segura que estoy de que no vamos a escatimar medios en este asunto". Simancas y Fernández quedaron descolocados y Aguirre ganó el debate.

Pero, en los meses siguientes, Aguirre fue introduciendo matices a su promesa. El más importante es que la cuenta de los 30 días no se hace ya a partir de que el médico prescriba al enfermo una operación, sino después de que el paciente haya pasado por varios especialistas y el último, el anestesista, avale la intervención. Simancas, que llevaba dos años esperando desquitarse de aquel debate, afirmó hace poco que la presidenta hace trampas porque "contabiliza desde que el anestesista finaliza las pruebas preoperatorias".

"Si no le salen las cuentas el próximo noviembre [momento en que se cumplen dos años efectivos de aquella promesa], empezarán a contar desde el momento en que al enfermo le coloquen la mascarilla y le tumben en la camilla", concluyó sarcástico.

- Impuestos. Aguirre mantiene una máxima liberal: cuanto más bajen los impuestos, más se recaudará porque habrá menos fraude. Por ello, desde que gobierna la región ha rebajado la mayoría de los impuestos que son de su competencia. Nada más llegar al poder bloqueó el llamado céntimo sanitario -un impuesto sobre la gasolina- con el que Alberto Ruiz-Gallardón, su predecesor en el cargo, pretendía solventar los problemas de financiación de la sanidad; también ha suprimido prácticamente los impuestos de sucesiones y donaciones, ha bajado casi a la mitad el de transmisiones patrimoniales para las familias numerosas y rebajará un punto el tramo autonómico del IRPF.

La izquierda (PSOE e IU) le acusa de beneficiar con estas medidas sólo a los ricos, pero Aguirre responde que las previsiones de recaudación son de 13.287 millones de euros en 2005, un 9% más que el año anterior.

La Comunidad de Madrid arrastra un déficit de 10.000 millones de euros.

- Televisiones. La ley permite a los Gobiernos regionales adjudicar licencias de televisión digital terrestre en sus comunidades autónomas. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre hizo públicas, el pasado 5 de agosto, las adjudicaciones en la región. El reparto benefició, sin ningún tipo de recato, a la Iglesia católica, a la Cope, al periodista Federico Jiménez Losantos y a Antena 3. Fuera quedaron Localia (grupo PRISA), Zeta, Prensa Ibérica y Tele 5. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, recibió sorprendentemente 10 licencias.

El vicepresidente primero del Gobierno, Ignacio González, explicó que, a la hora de examinar las 115 candidaturas admitidas de las 123 presentadas, la mesa de contratación había tenido en cuenta "la pluralidad informativa, la calidad de la programación y la creación de empleo". Hasta el momento no se han hecho públicos los informes que sirvieron como base a las adjudicaciones y que explican, por ejemplo, por qué Antena 3 tiene mejor puntuación que Tele 5.

Algunas de las empresas que han conseguido concesión se crearon semanas antes del concurso, no cuentan con personal contratado y carecen de experiencia en el mundo de la televisión. En cambio, Localia o Canal 7 -que logró tres licencias, pero ninguna en la capital- agrupan a unos 300 trabajadores. Sin licencia, tendrán que cerrar.

- Carretera de los pantanos. Alberto Ruiz-Gallardón, presidente regional entre 1995 y 2003, se enfrentó a un difícil dilema en 1998. De un lado tenía a Luis Eduardo Cortés, vicepresidente y consejero de Obras Públicas, y a los alcaldes del suroeste reclamando que el Gobierno regional convirtiese en autovía un nuevo tramo de la M-501 o carretera de los pantanos. De otro, al consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, y a todos los grupos ecologistas.

Medio Ambiente había realizado un informe donde explicaba que los daños ambientales, si se ensanchaba la carretera, eran irreparables para el entorno, mientras que los ecologistas anunciaban movilizaciones contra lo que consideraban un atentado ecológico de enorme envergadura. El desdoblamiento suponía arrasar parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) del Alberche, área bajo tutela europea, además de fomentar nuevas urbanizaciones en una de las pocas zonas vírgenes de la región.

Ruiz-Gallardón halló una solución salomónica en julio de 1998: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que agrupa a los mejores expertos de España, decidiría. El 16 de julio de 2000, el presidente regional anunció en el Consejo de Gobierno que el informe del CSIC desvelaba que "la zona afectada puede ser considerada como la más importante de bosque mediterráneo de la Comunidad de Madrid, tanto por su extensión como por su diversidad y el número de sus especies". El CSIC recordaba que en la zona afectada por las obras sobrevive la "única población de lince ibérico" de la región y el águila imperial.

Cortés -que ya había conseguido desdoblar la M-501 hasta un descampado a las afueras de Brunete- afirmó entonces con sorna británica: "Siempre que queremos hacer una carretera aparece un lince". Los ecologistas habían ganado la batalla. Pero no definitivamente.

Cinco años después, las presiones de los alcaldes de la zona -incluido el socialista José Luis García Sánchez, alcalde de San Martín de Valdeiglesias- y de la cercana provincia de Ávila -feudo popular- siguen siendo enormes. Todos alegan que en la carretera se producen muchos accidentes de tráfico y que sus municipios también tienen derecho a crecer. Por eso el 21 de julio de este año Esperanza Aguirre decidió por sorpresa declarar de "interés público" la transformación en autovía de la carretera M-501 y hacer caso omiso al informe del CSIC.

La medida fue adoptada en el Consejo de Gobierno -en el mismo salón donde Ruiz-Gallardón creía haber bloqueado definitivamente el desdoblamiento- y tenía como objetivo agilizar los trámites administrativos para su reforma. Este procedimiento administrativo permite a la consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, saltarse uno de los principales obstáculos del proyecto: la obligatoriedad de hacer una previa declaración de impacto ambiental, es decir, un estudio de lo que esta obra supondría para el entorno.

- Transportes. Aguirre ha emprendido una espectacular carrera para mejorar las infraestructuras del transporte de la región. Construirá más de 90 kilómetros de metro -si bien buena parte será en superficie- y quiere que la Comunidad se llene de nuevas carreteras. Por eso, presiona a Fomento para que permita la construcción de la radial de peaje R-1 y termine el tramo norte la M-50, y ha modificado la Ley del Suelo para que todo gran desarrollo urbanístico incluya un plan de infraestructuras.

Pero hay un problema: la ampliación del metro se estaba financiando a través de una empresa pública llamada Mintra, y sus resultados contables -la enorme deuda contraída para pagar las obras - no computaban como déficit público porque que esa entidad -creada por Ruiz-Gallardón- era considerada hasta febrero de este año como sociedad mercantil.

Sin embargo, en febrero, la agencia europea Eurostat determinó que Mintra es una empresa pública de la Comunidad con todas sus consecuencias. Es decir, que los 3.600 millones de euros que arrastra de déficit Mintra se deben imputar directamente a la Comunidad, la cual ya debía, por sí misma, otros 6.200 millones.

Aguirre acusó entonces al Gobierno de Rodríguez Zapatero de no haber defendido suficientemente a Madrid en Bruselas con la secreta intención de "asfixiar a Madrid e impedir la ampliación del Metro".

La oposición le respondió que Eurostat lo único que había hecho es aplicar la ley. El socialista Simancas explicó afirmó: "Tiene que quedar extremadamente claro que detrás de la decisión de los técnicos de Eurostat ni existe ni puede existir razón política alguna".

- Ley del Suelo. La presidenta quiere rebajar el precio de los pisos en Madrid, que continúa su subida imparable. Por ello, encargó a un grupo de nueve expertos un estudio sobre cómo hacerlo. Estos especialistas, en vez de indicarle el camino, le redactaron una nueva ley. En el dictamen final, los expertos firmantes explicaban que cuantos menos pisos protegidos haya más bajará el precio de los libres, ya que, en su opinión, las constructoras cargan sobre los libres el precio que no pueden cargar sobre los pisos de protección oficial. Además, proponían que todo el suelo que no esté ya protegido por su valor ambiental sea edificable.

No obstante, dos expertos firmaron durísimos votos discrepantes. Uno de ellos, Javier García-Bellido, arquitecto urbanista, escribió. "No hace falta argumentar la trascendencia regresiva de esta medida en una coyuntura alcista como la actual". Y añadió, sarcástico: "Un gran avance muy innovador, en aras de una malentendida liberalidad aduladora de la más insolidaria faceta del autonomismo municipalista, cuando no de una desrregulación de corte liberaloide".

La presidenta se enfadó cuando leyó el informe final de sus expertos: lo mandó directamente a la papelera. No podía presentarse a una reelección diciendo que va a hacer menos pisos protegidos.

- Agua. De momento, y con sólo el 40% del agua embalsada en los 14 pantanos de la Comunidad, no hay restricciones al consumo en Madrid, y eso que casi la mitad de este volumen de líquido, según una carta enviada por Aguirre al presidente del Gobierno, no es potable por su alto contenido en lodos.

El Canal de Isabel II, que tiene todas las competencias en gestión del agua, echa las culpas al Ejecutivo central. Afirma que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguraron el abastecimiento de la región con 200 hectómetros cúbicos adicionales (La Confederación Hidrográfica del Tajo, la gestora de la cuenca central, depende del Ministerio de Medio Ambiente).

Por tanto, y agarrándose a este argumento, el Ejecutivo de Aguirre sostiene que debe el ministerio quien resuelva la situación. De momento, sigue sin haber restricciones.

- Educación. Lo que no cubra la educación pública, que lo haga la concertada (privada pero sostenida con fondos públicos). Éste es el eje de la política educativa del Gobierno regional, que, si bien ha aumentado el número de colegios públicos en la región (27 este curso), también ha emprendido una fortísima carrera para subvencionar más y más centros concertados (12 nuevos para este curso), incluidos algunos que separan a chicos y chicas en clase.

Del total de estudiantes de la región, el 58% está escolarizado en centros públicos, si bien ese porcentaje sube hasta el 76% entre los alumnos inmigrantes. En los centros concertados estudiará este curso el 25% de los niños, mientras que en los privados lo hará el 16%.

La Consejería de Educación, dirigida por Luis Peral, justifica las subvenciones a colegios privados con el argumento de que el 68% de las familias madrileñas prefiere estos centros privados pero gratuitos. PSOE, IU y sindicatos replican que ésa es simplemente la consecuencia lógica de una enseñanza pública abandonada por la Administración. Pero el Gobierno de Aguirre insiste en que hay que defender la "libre elección de los padres".

- Relación con el Gobierno central. Aguirre abandera la estrategia de enfrentamiento directo con Rodríguez Zapatero, muy por encima de lo que hicieron compañeros suyos desde Galicia, Valencia o Castilla-León. Ha recurrido el traslado de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones a Cataluña o la suspensión de la ley educativa. Se opone a la compra de Endesa (cuyo principal accionista es Caja Madrid) por Gas Natural (participada por La Caixa) y rechaza subir los impuestos para financiar la sanidad. En una entrevista concedida a este periódico en diciembre de 2003, afirmó: "La teoría es cierta: a coste cero, demanda infinita". Nunca pensó que la máxima se pudiese aplicar a sus propias reclamaciones al Gobierno central.