El Gobierno ultima un plan para repatriar a inmigrantes subsaharianos

El viaje realizado el pasado julio por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, por varios países del África subsahariana ha cristalizado en la elaboración de un plan de acción que permitirá abordar la repatriación de los inmigrantes de esa zona que entran en España de forma irregular, según fuentes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que dirige Consuelo Rumí. En la actualidad, la mayoría de esos inmigrantes se quedan en el país con una orden de expulsión imposible de cumplir porque sus Estados se niegan a readmitirlos.

El plan está siendo elaborado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Trabajo; la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior. Para dar idea de su importancia, basta una cifra: entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de mayo pasado arribaron a las costas de Canarias 36.561 inmigrantes, el 90% de los cuales eran de origen subsahariano. Entre enero de 2004 y junio de este año llegaron a España 3.326 malienses, 2.099 gambianos, 617 ghaneses, 598 ciudadanos de Guinea Conakry, 85 senegaleses y 62 cameruneses. En total, 6.725 personas, a las que la Administración ha entregado una orden de expulsión imposible de cumplir y que viven en la economía sumergida y en la marginación.

El rechazo de los gobernantes africanos a la repatriación de sus ciudadanos es crematístico, pues las divisas que los emigrantes envían a sus países son en la mayoría de los casos la principal fuente de ingresos de éstos.

Una de las conclusiones extraídas por Bernardino León tras su gira es que en los Gobiernos subsaharianos existe "un clima propicio" para abordar de forma bilateral el problema de la inmigración irregular, "gracias al crédito político generado por el exitoso proceso de regularización", según fuentes de Asuntos Exteriores.

Aunque reconocen que en los países africanos persiste una "inveterada reticencia a firmar acuerdos de readmisión" de sus nacionales, las mismas fuentes consideran que es posible "aprovechar la buena imagen conseguida para, intentar cuando sea posible, acuerdos de readmisión, y cuando no lo sea, el establecimiento de mecanismos prácticos de gestión de las solicitudes de repatriación".

Durante su viaje, el subsecretario de Asuntos Exteriores recordó a las autoridades africanas que el último proceso de regularización ha beneficiado a cerca de 40.000 subsaharianos, y les expuso la necesidad de desarrollar una gestión cuidadosa para prevenir la aparición de reacciones de rechazo que son habituales en otros países europeos. Esa gestión incluye el refuerzo de los mecanismos de control de la inmigración irregular y el impulso del dispositivo de expulsiones y repatriaciones.

León recordó a sus interlocutores que el control de la inmigración ilegal es una responsabilidad compartida entre los países de origen y los países de destino, y que, en último término, los más beneficiados por una política de control son los propios inmigrantes, tanto los que ya se encuentran legalmente en España como los que aspiran a entrar en el país utilizando los cauces abiertos por el nuevo Reglamento de Extranjería.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores explicó a este periódico que la mayoría de los gobernantes africanos elogiaron el esfuerzo desplegado por el Gobierno español para regularizar a los inmigrantes con contrato de trabajo -el vicepresidente de Nigeria calificó el proceso de "valiente, justo y acertado"- y que todos se mostraron abiertos a cooperar con España.

Aunque, salvo Nigeria y Ghana, los dirigentes africanos se mostraron en general reservados ante la posibilidad de asumir acuerdos de readmisión de sus nacionales, tanto el primer ministro como el ministro del Interior de Senegal dejaron abierta la posibilidad de reconsiderar su rechazo a los vuelos de repatriación. Más clara fue la reacción de las autoridades de Malí, quienes se ofrecieron a estudiar un acuerdo de inmigración.