El registro para proteger víctimas de la violencia doméstica inscribe a 11.500 maltratadores en 2 años

El registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica ha registrado en dos años en la Comunidad Valenciana un total de 11.556 supuestos maltratadores, según datos facilitados por el Ministerio de Justicia. Frente a este formidable volumen de supuestos agresores registrados, las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía y profesionales de la Guardia Civil insisten en que carecen de medios suficientes para poder preservar con garantías la integridad física de las mujeres con órdenes judiciales de protección.

La información de las fichas se suprime cuando existe una sentencia firme

Un año después de su creación, el registro central para la protección de víctimas de la violencia doméstica ha engordado de forma abrumadora. La base de datos de los juzgados pasó de 373 hombres fichados por presuntos malos tratos, desde agosto de 2003, a los 5.523 en lo que va de año 2005. El Ministerio de Justicia aclara que el número facilitado corresponde a expedientes incoados por agresiones en el ámbito familiar, de manera que un mismo expediente puede incluir a dos o más agresores. Es el caso de aquella víctima que es maltratada por su pareja y el hijo de ambos. De la misma forma, un agresor puede tener abiertos varios expedientes por agredir a diferentes víctimas. En global, el registro ha fichado en la Comunidad Valenciana a 8.260 españoles y 3.296 extranjeros (el 80% es un español y el resto, inmigrante).

Esta base de datos recoge las denuncias por violencia familiar admitidas a trámite desde que en agosto de 2003, se puso en marcha la orden de protección contra la violencia doméstica. La ley permite a los jueces dictar medidas cautelares urgentes, penales, como el alejamiento, y civiles, como la custodia de los hijos para proteger a las personas agredidas en el ámbito familiar.

El registro central de maltratadores se creó con el propósito de concentrar la información recopilada por jueces, fiscales y policía judicial para garantizar la protección a las víctimas. Las cifras de las denuncias que incluye el registro se refiere sólo a las admitidas a trámite. El registro contiene además los datos del agresor (condenado o pendiente de juicio) y de la víctima. La información personal de los imputados por maltrato se suprime cuando la denuncia desemboque en una sentencia absolutoria o se archive definitivamente. En caso de condena en firme, la inscripción debe cancelarse cuando prescriben los antecedentes. Según el Ministerio de Justicia, encargado de esta base de datos, un total de 1.711 mujeres, de ellas 789 extranjeras, también constan en la base de datos por infligir malos tratos en el seno de la familia.

Para el responsable de Justicia de CC OO, Pablo Cuéllar, las "desorbitadas" cifras corroboran la "urgencia y conveniencia" de crear un fichero de agresores, con su correspondiente historial, en aras de tener un mayor control de este colectivo y, por consiguiente, una mejor protección de la víctima.

Pero las fuerzas de seguridad del Estado insisten en que los medios siguen siendo insuficientes para garantizar la seguridad de éstas. Fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) alertan de que apenas una decena de agentes integran el equipo de Mujer-Menor (Emume) en todo el territorio valenciano. Además, estos efectivos no se dedican en exclusiva a estas funciones. La carencia de medios es mimética en el Cuerpo Nacional de Policía, según el Sindicato Unión Federal de Policía (UFP). Policías en segunda actividad tienen asignado un cupo de mujeres con medidas judiciales de protección. Sin embargo, la organización sindical alerta de que estos efectivos son insuficientes ante el volumen de mujeres a proteger. A la carencia de efectivos para garantizar la seguridad a las víctimas, se suma el colapso de los juzgados exclusivos en violencia doméstica. Sólo en Alicante, el 60% de los detenidos es por una agresión en el seno familiar. El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, admite que el actual funcionamiento de los juzgados exclusivos de violencia machista "entorpece" el sistema. "El espíritu de la ley es correcto, pero la práctica dice cuales son los fallos", afirmó el lunes el presidente de la Audiencia de Alicante.