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Entrevista:José Antonio Alonso | Ministro del Interior

"Dentro de la Constitución, y a partir de ella, nosotros nos podemos encontrar con cualquiera"

José Antonio Alonso acaba de dejar la cumbre informal de los ministros de Interior celebrada en Newcastle con un principio de acuerdo de España, Francia y Marruecos para promover un espacio policial y judicial antiterrorista. La lucha contra el terrorismo y la previsión de un otoño cargado de perspectivas centran la agenda del ministro del Interior.

Pregunta. ¿A qué se debe el rebrote de la violencia callejera de los últimos meses en Euskadi?

Respuesta. Dejando claro que la kale borroka es terrorismo, el rebrote obedece a necesidades estratégicas del entorno de ETA de seguir presente en la vida pública, en la vida callejera del País Vasco.

P. El PP adjudica ese rebrote a la gestión del Gobierno del problema vasco, en el sentido de que ha dado alas a ETA al plantear un diálogo si deja las armas.

"Lo que se ha hecho es decirle a ETA que deje las armas, que desaparezca de una vez, y si eso se produce, entonces ya veremos"
"Un adelanto electoral no le conviene a nadie. Lo que nos conviene es seguir trabajando por convivir políticamente"
"Misterios en el 11-M yo no veo ninguno, sobre todo una vez que se ha hecho pública la mayor parte del sumario. Se ha mirado todo"
"Créame: para cualquier socialista es absolutamente intolerable que se sospeche de nuestra integridad ética en el 11-M"
"El término nación viene constitucionalmente referido a España. La Constitución habla de nacionalidades y regiones. A eso hay que atenerse"
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R. No. La resolución del Congreso en la que se formaliza esa exigencia a la banda no supone más que la traslación formal de algo que se ha hecho toda la vida, por parte de todo el mundo democrático. Decirle que lo deje, que abandone las armas, que desaparezca de una vez, y si eso se produce, ya veremos. Se trata de una condición imprescindible para contemplar cualquier futuro.

P. ¿Y la acusación del PP?

R. ¿Cómo van a ser los demócratas culpables de comportamientos violentos y antidemocráticos? Es una contradicción en sus términos, insostenible democráticamente. Los responsables de la kale borroka son los que ejecutan la kale borroka, y si hay un partido que no tiene eso claro, pues me sorprende y me asusta extraordinariamente.

P. ¿Se puede entender esa menor actividad de ETA como una tregua tácita? La banda no mata desde hace 27 meses, apenas ha habido atentados, pero ha crecido la kale borroka, que es lo que suele ocurrir en tiempos de tregua.

R. Desde que estoy al frente del ministerio llevamos 70 bombas, estamos soportando terrorismo callejero, hemos detenido a más de 190 terroristas, algunos cualitativamente muy importantes; por tanto, la lucha contra el terrorismo etarra está como estaba. Contemplar escenarios de futuro hipotéticos, hacer juicios de intenciones a la banda, no nos lleva a ningún sitio. Creo que debemos guiarnos por la racionalidad de los hechos, de las informaciones de que dispone el Gobierno, del rigor de los análisis y actuar en consecuencia. Sobre hechos, no sobre hipótesis. Y el hecho es que ETA sigue ahí.

P. ¿Cómo está ETA?

R. Ha sido debilitada a lo largo del tiempo por la acción del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y esa debilidad es y está siendo decisiva, pero ETA es una organización que sigue existiendo y que tiene capacidad para atentar.

P. Batasuna ha advertido al Gobierno de que tiene que dar algún paso en lo que denomina el proceso de paz, como un acercamiento de presos al País Vasco, porque dice que esta especie de paz tácita tiene como fecha de caducidad mayo de 2007, coincidiendo con las elecciones municipales.

R. Nosotros mantenemos la política penitenciaria como hasta ahora. El Gobierno gobierna democráticamente para los ciudadanos, y tiene la legitimidad que le ha dado ser elegido por los ciudadanos. Lo que diga una organización política ilegal al Gobierno no debe conmoverle lo más mínimo.

P. En un escenario de ausencia de violencia, ¿podría emprenderse un camino de relegalización de Batasuna para las municipales?

R. Hablamos de escenarios hipotéticos de futuro que no llevan a ningún lado. Lo cierto es que en aplicación de una legítima Ley de Partidos, Batasuna fue declarada ilegal por formar parte del entorno de un entramado terrorista. Son palabras mayores. La exigencia de la democracia a ETA y su entorno es clara; si la cumplen, ya veremos. Mientras no cumplan no hay que hablar de cuestiones de futuro que debilitan la política antiterrorista, que es una política que el Gobierno encara de manera sólida y responsable.

P. ¿Cómo explicaría al ciudadano que mientras fiscalía y Gobierno no han hallado indicios de que el PCTV tenga vinculación con Batasuna, y por tanto no ha promovido la ilegalización, un juez de la Audiencia Nacional impute a siete miembros de ese partido por colaboración con banda armada?

R. Los servicios jurídicos del Estado, del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General no han encontrado los requisitos que exige la Ley de Partidos, según la interpretación del Tribunal Constitucional. Si se hallan, hay que activar la Ley de Partidos, pero no han encontrado motivos para ejercer la ilegalización. Al margen de ello, hay un juez de la Audiencia Nacional, que en el marco de un proceso penal, no de a Ley de Partidos, está investigando si existen comportamientos delictivos. Respetemos la investigación, que es lo que hay que hacer en un Estado de Derecho.

P. Pero las decisiones del juez pueden vincular al Gobierno...

R. Le acabo de contestar.

P. ¿Cree usted que está suficientemente claro lo que pasó el 11-M?

R. Estamos ante el mayor atentado de la historia de este país, manejado y vinculado claramente al terrorismo internacional de Al Qaeda, que ha sido objeto de una investigación absolutamente profesional por la policía, que ha permitido desentrañar las claves esenciales de qué pasó antes, durante y tras el 11-M. Esas investigaciones han sido dirigidas por un sujeto constitucionalmente independiente, imparcial, un juez de instrucción que, desde mi punto de vista, ha hecho una buena labor. Misterios aquí yo no veo ninguno, sobre todo una vez que se ha hecho pública la mayor parte del sumario.

P. Es decir, no cree que participasen los servicios secretos marroquíes, ETA, miembros de los aparatos de seguridad del Estado...

R. La cuestión está muy clara y no se trata de que yo crea o no. Me atengo al rigor de los hechos y de una investigación profesional, de decenas de miles de comprobaciones, pericias, análisis, colaboraciones internacionales... Se ha mirado el 11-M por arriba, por abajo, todo, con unos niveles de transparencia extraordinarios. En ningún país del mundo hubiera existido este nivel de transparencia.

P. ¿Ha pensado cambiar a mandos que, a raíz de la investigación, se vio que tuvieron pistas que dirigían a los autores del 11-M?

R. Lo que tiene que hacer el poder público es mejorar el funcionamiento de las fuerzas y cuerpos, que en algunos aspectos era mejorable, y cuando hay que cambiar personas, se cambian.

P. ¿Hay relación entre los atentados de Madrid y los de Londres?

R. No en lo que hemos comprobado, lo que no quiere decir que no exista, porque son dos atentados morfológicamente muy parecidos y parecen obedecer a las mismas claves: terrorismo internacional de Al Qaeda, estrategias y comportamientos operativos muy parecidos. Pero vínculos directos, no. Y se han investigado algunos.

P. ¿Ha visto el vídeo en el que se ve cómo se golpea en el cuartel de Roquetas a Juan Martínez?

R. Sí, justo antes de la comparecencia parlamentaria.

P. Póngase el traje de lo que fue antes de ser ministro, el de juez...

R. No me pongo el traje de juez, porque el único traje que puedo llevar es el de ministro del Interior de un Gobierno que no va a tolerar ningún comportamiento contrario a los derechos humanos de los ciudadanos en ningún sitio.

P. ¿Vio ese comportamiento contrario a los derechos humanos?

R. La investigación interna que la Guardia Civil elaboró de lo que había ocurrido contenía una descripción de los hechos muy explícita, que yo leí en el Parlamento, y que se compadece con lo que se ve en el vídeo. Yo expliqué en el Parlamento nuestras convicciones políticas, qué se había hecho y qué se iba a mejorar en el futuro. El mensaje es claro: no toleraremos ningún comportamiento que ponga en cuestión los derechos humanos.

P. ¿Seguirá Carlos Gómez Arruche al frente de la Guardia Civil?

R. Goza de la confianza del Gobierno. No hay cambios. Se ha levantado una polémica extraordinaria sobre el director de la Guardia Civil por unas palabras con las que el Gobierno no está de acuerdo, como indiqué yo mismo. Pero el comportamiento del director General fue competente.

P. Cuando la polémica del caso Roquetas parecía apagada, José Blanco, secretario de organización socialista, insistió en la crítica a Arruche ¿Qué ocurrió?

R. Nada, que el presidente del Gobierno y los ministros concernidos, de Defensa e Interior, están de acuerdo en mantener la confianza en una persona que se ha comportado bien, que lo que ha hecho lo ha hecho bien. No saquemos de quicio las palabras de José Blanco.

P. ¿Comparte con el ministro de Defensa que la Guardia Civil no debe perder su carácter militar?

R. El Gobierno no va a variar la naturaleza militar de la Guardia Civil. Lo que tenemos que hacer es cumplir el programa electoral. Y eso pasa por una reforma del régimen disciplinario, que excluya el arresto como sanción característica cuando los guardias actúan como cuerpo policial en funciones de seguridad ciudadana, y un estatuto de derechos y libertades, que contemple un régimen de asociación para reivindicaciones profesionales, que en ningún caso tendrá naturaleza sindical.

P. ¿Tras los intentos de cientos de inmigrantes de saltar la valla de Melilla para entrar irregularmente en España, ha pensado en algún tipo de medida complementaria?

R. La situación en Melilla es dura. Estamos haciendo esfuerzos importantes. En el último año hemos aumentado un 10% los efectivos de la Guardia Civil destinados a la ciudad autónoma. Hemos presupuestado subir a los seis metros la altura de la valla en todo el perímetro y se va a seguir actuando de la única manera posible, de forma proporcional, con la fuerza mínima indispensable para evitar asaltos ¿Cuál es la alternativa? Estamos vinculados por una política en materia de inmigración clara.

P. ¿Cree que la actuación de la Guardia Civil en Melilla fue la adecuada en ese asalto, en el que, según varias ONG, hubo una carga que pudo motivar la muerte de un inmigrante camerunés?

R. La investigación interna razona que fue adecuada y proporcional. En esa investigación no se advierte ninguna actuación ilegítima. En cuanto al hecho concreto de la muerte de ese hombre, la investigación interna dice que en ningún caso se puede vincular con la actuación de la Guardia Civil.

P. ¿Usted está dispuesto a aprobar una reforma del Estatuto de Cataluña que define a esta comunidad como nación?

R. Creo que se puede profundizar en el autogobierno desde la Constitución. En ese sentido, me felicito por el dictamen del Consejo Consultivo catalán cuando dice que no es constitucional el blindaje de competencias mediante la apelación a los derechos históricos y, por tanto, no es posible una reforma que vulnere el marco de juego que delimita la Constitución. Además, creo que los socialistas tenemos una exigencia específica, más política, que es la de hacer especial énfasis en la solidaridad entre los diferentes territorios de España.

P. En su partido hay quienes opinan que el término nación aplicado a Cataluña no es un obstáculo insalvable para aprobar el Estatuto y quienes opinan que sí... ¿Usted dónde se encuentra?

R. El término nación viene constitucionalmente referido a España. La Constitución habla de nacionalidades y regiones. A eso hay que atenerse. Pero además de los conceptos hay que tener claro que la Constitución da el marco jurídico y político más conveniente para servir a la sociedad civil catalana y al resto de la sociedad civil española y para asegurar el enorme conjunto de relaciones entre ambas.

P. ¿Cree que si fracasa en el Parlamento catalán o en el Congreso, España o Cataluña se verán abocadas a un adelanto electoral?

R. No creo. Un adelanto electoral no le conviene a nadie. Lo que nos conviene es seguir trabajando por convivir políticamente. Tenemos normas de referencia y el Gobierno de España tiene comportamientos políticos generosos y rigurosos. El dictamen del Consultivo ha sido bastante bueno, ha dejado muchas cosas en su sitio y ya veremos qué nos viene al Parlamento nacional tras la discusión en el catalán. No vamos a adelantar acontecimientos. Soy moderadamente optimista y creo que es posible profundizar en el autogobierno sin merma de los principios y reglas básicos de nuestra Constitución.

P. Da la sensación de que el acercamiento del PSOE al PNV en el Congreso pretende hallar una alternativa posible ante una posible crisis con ERC, lo que blindaría al Gobierno de la nación pero perjudicaría al de Maragall.

R. Creo que los actores políticos de Cataluña y del resto del Estado saben a qué atenerse.

P. En la pasada legislatura hubo pactos de Estado o acuerdos en temas como la lucha antiterrorista o la justicia. En año y medio de Gobierno socialista no ha habido ni uno y parece que esto va a seguir así. ¿A quién hay que imputar este déficit de entendimiento?

R. El presidente Zapatero mostró su voluntad inequívoca de reconstruir consensos mínimos en determinados temas de Estado. ¿Qué más puede hacer? El Gobierno dirige la política interior y la exterior del Estado. Es deseable que en determinados temas, como la política antiterrorista, lo haga con el concurso y la lealtad de la oposición, no con la oposición gobernando. El presidente ha adquirido el compromiso y se lo puso sobre la mesa al líder de la oposición para actuar de esa manera, como cuando el PP estaba en el Gobierno y dirigía la política antiterrorista, con el concurso, la lealtad y la confianza del PSOE. ¿Por qué no la vamos a tener nosotros?

P. Se da la paradoja de que mientras se invita al PP a pactar temas de Estado también se mantiene una línea de Gobierno con IU y ERC, que no comparten la idea de Estado que, en principio, sí comparten PP y PSOE.

R. El PSOE y el Gobierno mantienen una visión de Estado clara y de sus principales problemas. A partir y dentro de la Constitución nosotros nos podemos encontrar con cualquiera... Cualquiera que quiera encontrarse con nosotros.

P. ¿Van a convocar en breve el Pacto Antiterrorista?

R. Tras la última reunión del presidente y el líder de la oposición, no parece. Es deseable que se mantenga, pero es cuestión de dos.

P. ¿Está vivo o muerto el pacto?

R. No parece que atraviese sus mejores momentos a tenor de las declaraciones de Mariano Rajoy tras entrevistarse con el presidente.

P. ¿Y el otro pacto, el propuesto contra el terrorismo internacional?

R. Ésa podría haber sido la gran conclusión positiva de la comisión del 11-M. Habría que retomar esta idea en el futuro porque con consenso se hace más fuerte a España ante esta lacra. Pero el consenso es una cuestión de todos, no sólo de declaraciones, sino también de comportamientos políticos que se ajusten a esas declaraciones.

P. El presidente, como dice, ha planteado una línea de interlocución permanente con el PP sobre los grandes temas de Estado. ¿Usted mantiene alguna vía de diálogo permanente con el PP?

R. Cuando hay una operación antiterrorista o un atentado, el secretario de Estado de Seguridad o yo llamamos a Mariano Rajoy. Es nuestro deber informar a las fuerzas democráticas, en particular al primer partido de la oposición.

P. Pero además de eso...

R. No hemos tenido contactos. Hemos tenido un fuerte desencuentro que nace de una cuestión muy clara. Parte del PP tiene serios problemas para asimilar la derrota electoral. Créame: para cualquier socialista es absolutamente intolerable que se sospeche de nuestra integridad ética en el 11-M. Como algunos, no todos, de los representantes del PP no dejan de emitir esas sospechas, está claro que el desencuentro en una cuestión esencial está servido.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso.BERNARDO PÉREZ
José Antonio Alonso, ministro del Interior.
José Antonio Alonso, ministro del Interior.BERNARDO PÉREZ

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