El Defensor del Pueblo concluye que la Junta actuó de forma "adecuada" en los grandes fuegos de 2004

El Defensor del Pueblo andaluz ha decidido archivar los expedientes sobre los grandes incendios que quemaron 40.000 hectáreas el verano pasado al concluir que las decisiones tomadas por los poderes públicos fueron correctas. "La actuación de la Administración autonómica fue la adecuada en la fase de lucha y extinción de los incendios y en el acometimiento de las actuaciones de emergencia", sostiene el informe recién finalizado. La institución que dirige José Chamizo considera que la política de prevención de incendios, muy criticada por la oposición, se ajustó a lo establecido por la ley.

El Defensor del Pueblo andaluz abrió investigaciones de oficio para analizar la "actuación de la Administración forestal" (la mayor parte de las competencias en manos de la Junta) en tres grandes incendios que dispararon la superficie quemada el año pasado en Andalucía, uno de los peores de las últimas décadas en siniestros forestales. En julio de 2004 un fuego originado en Riotinto causó el mayor incendio desde 1991 en la comunidad, con más de 27.000 hectáreas calcinadas y la muerte de dos personas. Un mes después, otro incendio quemó 8.000 hectáreas en cuatro municipios jienenses de Sierra Morena. Por último, varios fuegos intencionados arrasaron más de 3.000 hectáreas en Huelva.

El PP, y en menor medida, IU, juzgaron con dureza la actuación de la Consejería de Medio Ambiente ante estos incendios. La oposición criticó cómo se afrontó la extinción del fuego de Riotinto -también mantuvo que la Junta falseó la medición de la superficie quemada- y, sobre todo, la política de prevención de incendios de la Consejería. Además, censuró que el Gobierno no aprobara la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados. La Junta rechazó todas estas acusaciones, achacó la voracidad de los incendios a condiciones climatológicas adversas (ese verano hubo tres olas de calor) y sostuvo los montes públicos estaban preparados y que la limpieza de las fincas privadas correspondía a sus propietarios.

Críticas de la oposición

Estos argumentos no convencieron a la oposición, que ha redoblado las críticas este verano tras los incendios de Moguer (500 hectáreas) y Cazorla (6.000 hectáreas). Sin embargo, el informe del Defensor del Pueblo, recién concluido tras analizar los datos suministrados por varios organismos, respalda de manera contundente la actuación pública en estos siniestros. "Las Administraciones competentes, pese al resultado final de estos graves incendios, han adoptado las medidas que entendemos adecuadas y proporcionales a la magnitud y características de estos siniestros", concluye la institución que dirige José Chamizo.

El Defensor del Pueblo analiza de forma especial si las normas sobre prevención de incendios son las adecuadas y si la Junta y las Administraciones locales las habían respetado en estos casos. El informe recuerda que la Oficina del Defensor ya elevó una queja sobre esta cuestión en 1995 al considerar faltaba por acometer el desarrollo reglamentario de la Ley Forestal de Andalucía y que no se estaban cumpliendo algunas de las disposiciones incluidas en aquella norma. Dos años después, el Defensor archivó la queja al considerar atendidos sus requerimientos. Y, con la aprobación y desarrollo de la ley autonómica de prevención de los incendios forestales (1999) estima que se "ha modernizado" el régimen jurídico sobre la cuestión.

El Defensor también cree que en las políticas de prevención hubo una actuación correcta. "En nuestra opinión, la actuación de la Administración autonómica ha resultado adecuada a las previsiones del marco normativo sectorial". Chamizo reclama, eso sí, que "se continúe trabajando en la prevención, mejorando la dotación de medios personales y materiales".

El informe del Defensor elude pronunciarse sobre si fue necesaria la declaración de zona catastrófica y no entra a analizar si el cómputo de superficie quemada fue correcto. Sí respalda las exigencias de las plataformas vecinales sobre mayor agilidad en la gestión de ayudas públicas, pero rechaza la propuesta de crear un organismo específico para gestionar la crisis. "No nos parece necesario ni conveniente la creación de órganos administrativos excepcionales; la existencia de múltiples órganos con funciones de coordinación en las Administraciones Públicas es más que suficiente", concluye.