Una nueva política de vivienda

La responsabilidad de gobernar, en beneficio de los ciudadanos, requiere identificar cuáles son sus principales problemas, realizar un diagnóstico certero de las causas que los originan y diseñar las políticas más eficientes para su resolución, aunque éstas produzcan sus efectos a largo plazo y los electores no los perciban de manera inmediata. Éste ha sido el proceso que ha guiado la nueva política de vivienda del Gobierno socialista.

Cualquier observador de la realidad social española identificaría la dificultad de acceso a la vivienda permanente como uno de los principales problemas de los ciudadanos, aspecto, por otro lado, revelado reiteradamente en todas las encuestas de opinión que se hacen en nuestro país. Los siguientes datos referidos al periodo 1997-2003 son contundentes y ponen de relieve la herencia recibida del PP: el precio de la vivienda subió seis veces más que los salarios y el IPC, el porcentaje de ingresos que los ciudadanos destinan a pagar su hipoteca, aumentó ininterrumpidamente y los precios de los alquileres resultaban inasequibles ante la escasez de oferta. La vivienda, dada la evolución de los tipos de interés y el comportamiento de los mercados financieros, se había convertido en una inversión muy rentable que presionaba la demanda aumentando los precios.

Identificado el problema, dar los siguientes pasos depende de la voluntad política del gobernante. La política de vivienda es una prioridad absoluta del Gobierno socialista, como ya manifestamos en nuestro programa y en la campaña electoral, a diferencia de lo que hizo, o mejor dicho, no hizo el Partido Popular en sus ocho años de gobierno. Sirva como ejemplo el último plan de vivienda de Cascos de 2002-2005, con un descenso del gasto público estatal en ayudas a la vivienda protegida y fuerte retroceso de la construcción de las mismas, mientras se nos pretendía hacer creer que fomentando el mercado libre se resolvería el problema. La única iniciativa del PP para frenar la escalada vertiginosa de precios de la vivienda fue una nueva normativa sobre suelo basada en promover la calificación de suelo urbanizable con el fin de aumentar su oferta, como si fuera el único determinante del comportamiento de los precios. No hizo falta mucho tiempo para comprobar el fracaso de su política de vivienda y la falacia de sus premisas. El precio de la vivienda siguió aumentando, hubo más especulación, más desastres urbanísticos, más viviendas vacías y más dificultades de acceso para una gran mayoría de los ciudadanos. En fin, todo un despropósito.

Que el acceso a la vivienda permanente, ya sea en compra o en alquiler, deje de ser un problema para los ciudadanos es el reto del Gobierno socialista, y los pilares de su ejecución ya tienen los cimientos puestos, como intentaré ilustrar a continuación.

La fase de diseño de las políticas adecuadas de vivienda requiere tener en cuenta las peculiaridades de este bien que, hay que reconocer, es el más costoso y preciado que tenemos y que ha de satisfacer necesidades cambiantes a lo largo de nuestra vida. Un análisis del mercado de la vivienda lo primero que pone de manifiesto es su carácter heterogéneo y su rigidez. Se trata de un mercado local donde la oferta de viviendas de una localidad no satisface la demanda existente en otra. En cuanto a su heterogeneidad, por el lado de la oferta hay que destacar las diferencias existentes entre el mercado de la vivienda rural y el urbano, teniendo que distinguir a su vez entre las grandes ciudades y el resto de los núcleos urbanos. Por el lado de la demanda, las necesidades también son heterogéneas y cambian a lo largo de la vida, como todos hemos podido comprobar. Y lo mismo que cambian las necesidades de vivienda, también lo hace la del entorno que buscamos. Por ello, los socialistas entendemos la política de vivienda como una política, también, de ciudad. No se puede ni se debe separar la una de la otra.

Teniendo esto en cuenta, el Gobierno está ejecutando la nueva política de vivienda diseñada en nuestro programa electoral, desde una concepción global, para facilitar el acceso a la vivienda permanente, tanto en compra como en alquiler, basada en tres pilares fundamentales: la lucha contra la especulación del suelo, el nuevo plan de la vivienda y el fomento del mercado del alquiler.

- Lucha contra la especulación del suelo. Una de las reformas más importantes se centrará en modificar los criterios legales de valoración del suelo, para que respondan a la realidad, no a meras expectativas, y excluyan elementos especulativos. Dicha reforma entrará en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones. De igual forma, el Gobierno ofrece a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos un Pacto de Estado sobre Suelo y Urbanismo cuyo objetivo es consensuar las directrices básicas en las políticas urbanas y de suelo, dinamizar los mercados y la gestión de suelo, aumentar la oferta de suelo patrimonial público para viviendas protegidas, fomentar las buenas prácticas urbanísticas, y crear un sistema de información que aporte transparencia al sector y permita conocer mejor su situación.

- Nuevo Plan de Vivienda 2005- 2008. El objetivo es potenciar la vivienda protegida, mejorar la eficiencia de las ayudas públicas, evitar la especulación existente en sus transmisiones y adecuar la oferta a la diversidad de la demanda, incorporando criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética incluyendo la energía solar térmica en las viviendas protegidas de nueva construcción. Cuenta con más del doble de presupuesto que el plan anterior, 6.822 millones de euros que movilizarán préstamos por valor de 33.000 millones para facilitar el acceso a la vivienda a 720.000 familias (442.000 en el plan anterior). Se darán ayudas económicas a los que más lo necesiten, en función de los ingresos, y, como novedad, las rentas medias podrán beneficiarse del acceso a un nuevo tipo de viviendas, las viviendas de precio concertado, de nueva creación, con un precio inferior al del mercado libre. Además, el nuevo plan aporta soluciones específicas para aquellos ciudadanos con más dificultades de acceso, jóvenes, familias numerosas, discapacitados, mayores de 65 años, así como las víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

- Fomento del mercado de alquiler. Es el tercer gran pilar de la política de vivienda socialista. El objetivo es elevar considerablemente el porcentaje de viviendas en alquiler. Para ello se contemplan un conjunto de medidas, entre las que destacan el desarrollo de los Fondos de Inversión Inmobiliarios para fomentar la producción de viviendas en alquiler; las ayudas a los propietarios para la rehabilitación de viviendas en alquiler de hasta 6.000 euros, más un 7% por mejoras para eficiencia energética; la creación de la Sociedad Pública de Alquiler, que empezará a funcionar a finales de año y que ofrecerá las garantías necesarias a las partes, especialmente a los propietarios, para que el alquiler resulte atractivo, y la equiparación del trato fiscal de la vivienda en alquiler con respecto a la vivienda en propiedad.

En fin, creo que la nueva política de vivienda del Gobierno socialista tiene todos los ingredientes para contribuir decididamente a facilitar el acceso a la vivienda. Es una política responsable, ambiciosa y eficiente, aunque hay que reconocer que sus efectos se dejarán sentir a medio y largo plazo. Confío en que los ciudadanos lo sabrán valorar si somos capaces de explicarlo bien y, si poco a poco, se ven los resultados. En ello pondremos todo nuestro empeño, pueden estar seguros.

Inmaculada Rodríguez-Piñero es secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE.