La industria advierte a la UE del gran coste de registrar los 'e-mails'

Los Veinticinco quieren armonizar políticas de retención de datos telefónicos y de Internet

La Comisión Europea y los Gobiernos de la Unión decidieron ayer seguir con sus planes de armonizar la retención de datos de las comunicaciones en los Veinticinco para potenciar la lucha contra la delincuencia, pese a las advertencias del sector industrial de que las medidas que se preparan pueden no ser tan efectivas como se pretende y costar cientos de millones de euros a escala continental.

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"Cuando se habla de lucha contra el terrorismo y de delincuencia grave no podemos alegar, precisamente los europeos, que es muy caro retener unos datos que pueden ser decisivos", señaló el ministro español de Interior, José Antonio Alonso. La de ayer en Newcastle fue la primera reunión cara a cara de políticos y responsables policiales con representantes de la industria europea de las telecomunicaciones desde que en abril del año pasado Francia, Irlanda, Suecia y Reino Unido presentaron un proyecto para controlar las comunicaciones electrónicas en la UE. El escrutinio cubre el amplio espectro que va de telefonía fija y móvil a los mensajes por correo electrónico y desde los textos enviados a móviles a los protocolos de Internet.

Los gobiernos europeos parten del principio de que el terrorismo y la alta delincuencia tienen un carácter transnacional y emplean medios que hacen imprescindible tener acceso a las comunicaciones que se cruzan. Las investigaciones policiales sobre los ataques del 11-M en Madrid y de los pasados 7 y 21 de julio en Londres confirman la tesis. "Es legal, es constitucional y es conveniente", comentaba ayer Alonso.

Cada uno de los 25 países de la Unión sigue una práctica diferente y lo que se pretende ahora es armonizarlas todas. El objetivo es que los operadores archiven durante un año una serie de informaciones comunes: quién hace la llamada, quién la recibe, hora, duración, lugar desde el que se realizó... excluido el contenido de la llamada. Información semejante se reclama para el correo electrónico.

"Nadie se opone al principio de la retención de datos, la cuestión es cómo hacerla realidad, acomodar los intereses de los Gobiernos con los de la industria y con los del Parlamento Europeo", explicó una fuente de la Unión. El Parlamento Europeo recela de la intrusión en la vida privada de los ciudadanos de un plan semejante y en él ven un aliado las compañías. "La decisión de imponer la obligación de guardar datos corresponde a los Parlamentos", subrayó Michael Bartholomew, que habló en nombre de las telefónicas.

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En la reunión, los representantes de la industria no esgrimieron cifras, sino que expusieron las dificultades con que se pueden encontrar las empresas en función de las exigencias que se les planteen. Los gobiernos alegan que las compañías ya guardan durante algún tiempo los datos que necesitan para facturar sus servicios y que extender ese periodo hasta un año no sería una grave carga. En eso está de acuerdo la industria, que ve los verdaderos problemas en "guardar datos que ahora no mantenemos, porque obligaría a una enorme reconfiguración de las redes", según Bartholomew. Varios países no guardan las llamadas no contestadas y las compañías alegan que hacerlo les supondría hacer inversiones que en Alemania alcanzarían los 100 millones de euros. También entra en el campo de las nuevas exigencias que se registre la localización de la llamada, que se informe del servicio utilizado (fax, teléfono, Internet) o que esté identificado el número de serie del aparato. Los datos sobre comunicaciones de los correos electrónicos no se han guardado nunca, según Michael Robert, quien habló en nombre de los proveedores europeos de Internet.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Seguridad, Libertad y Justicia, Franco Frattini, señaló que el asunto es urgente y que por ello el próximo día 21 hará una propuesta que será seguida en octubre por otra sobre protección de datos, con la idea de que ambas sean aprobadas por el Parlamento en diciembre.

El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, se dirige a la prensa en Newcastle.
El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, se dirige a la prensa en Newcastle.EFE

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