Ibarretxe no comparecerá para informar de su cita con el presidente Zapatero

El lehendakari no dará cuenta perdonalmente del desarrollo de la entrevista que mantiene hoy con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la cuarta que se produce entre ambos. Ibarretxe abandonará La Moncloa sin realizar ninguna declaración, en lo que constituye un uso totalmente inhabitual en las visitas oficiales. Ajuria Enea apela a la conveniencia de discreción y propuso incluso zanjar la información sobre el encuentro con una nota, tal y como hicieron ambas partes en la anterior cita. Pero en esta ocasión los servicios de Presidencia del Gobierno se han negado y Zapatero ha encargado al ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que haga la valoración de la entrevista.

Moncloa no quiso entrar juzgar este comportamiento de Ibarretxe, aunque portavoces oficiales admitieron que lo habitual es hablar, tratándose de una visita anunciada y oficial. La decisión resulta menos entendible aún cuando también el propio Ibarretxe se ha atenido a los usos establecidos en todas sus otras visitas, incluidas las celebradas en un clima de tensión extrema en los tiempos de José María Aznar.

La norma no escrita que rige entre los visitantes a La Moncloa es que comparezcan al término de sus encuentros con el presidente del Gobierno. Lo hace primero el invitado y después un representante del presidente, cuyo rango varía.

Así funcionó también con Ibarretxe en sus dos primeras entrevistas oficiales con Zapatero. En la primera, en julio de 2004, le dio la réplica el ministro Sevilla, mientras en la segunda, cuando trasladó a Zapatero su plan de libre asociación ya aprobado en el Parlamento y antes de su debate en el Congreso, lo hizo la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Ibarretxe decidió no hablar por primera vez en su visita posterior a las elecciones vascas del 17 de abril, en las que la coalición que encabezó perdió 150.000 votos. Con la repetición de ese proceder, el lehendakari parece dar pistas de su intención de convertir en norma lo que entonces apareció como una excepción, debida en parte a que se encontraba aún en funciones.

El lehendakari no tiene previsto tampoco comparecer a su vuelta en Euskadi ni alberga intenciones de hablar después de la conferencia de presidentes autonómicos el sábado. La propia portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, oficializó ayer la no comparecencia de Ibarretxe. "Lo que tengan que decirse [ambos presidentes] les corresponde hablarlo entre ellos", justificó. En Ajuria Enea se entiende que el calado de las materias que tocan a la pacificación y a la normalización exige una gran discreción y no quiere arriesgar hipotéticos avances que puedan producirse por someterlos al escrutinio de las preguntas de los medios de comunicación o a eventuales malinterpretaciones de las respuestas.

Moncloa mantiene una actitud de respeto hacia esta decisión de Ibarretxe, pero en esta ocasión se ha negado a secundar su silencio, después de las acusaciones de secretismo y falta de transparencia habidas tras la visita de mayo. Las fuentes consultadas admitieron que ningún otro visitante del presidente del Gobierno ha observado una práctica de ese tipo con anterioridad.

Lo único que ayer dijo Azkarate sobre la agenda y el espíritu con los que Ibarretxe acude al encuentro es que desea que contribuya a "afianzar" el diálogo y la normalización de las relaciones institucionales y políticas ya inciada en las anteriores entrevistas entre el lehendakari y Zapatero.

Pese a la expectativa de que en breve se cierren los acuerdos sobre varias materias pendientes, fundamentalmente los litigios sobre el Cupo, con los descuentos trimestrales que se cruzan ambas haciendas, la factura por la limpieza de la marea negra del Prestige y la financiación de la ampliación de la Ertzaintza, el Ejecutivo autónomo no aludió ayer a ello en la nota que leyó la portavoz, que pone el énfasis en lo relativo a la paz y la normalización.

Por su parte, el PSE-EE manifestó su deseo de que la entrevista sirva, más allá del mero diálogo, para abrir "una etapa de acuerdos en los grandes problemas que tiene Euskadi".

Proyecto sin cambios

En su reunión de ayer, el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Suelo con la misma redacción que rechazó el Parlamento en febrero pasado. Euskadi es la única comunidad autónoma que carece de esta norma. El Gobierno la presentó a finales de la legislatura pasada, después de sufrir sucesivos retrasos por discrepancias dentro del tripartito y con la Asociación de Municipios Vascos, Eudel. El proyecto se retrasó aún más al requerir una nueva traducción al euskera, que fue exigida por los servicios de intrepretación del Parlamento. La disolución anticipada en un mes de la Cámara cortó su debate en ponencia cuando sólo se había discutido un tercio de su articulado, lo que ya impidió del todo cualquier posibilidad de acuerdo con el único grupo, el socialista, que mostró disposicion a negociarla.

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, que estuvo presente en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, pidió "responsabilidad" a la oposición para que "antepongan los intereses de la sociedad a sus intereses partidistas" y permitan en esta ocasión su aprobación.

"Es una de las iniciativas legislativas más importantes de cuantas se han puesto en marcha en Euskadi desde la aprobación del Estatuto de Grnika", afirmó el coordinador de EB.

Madrazo, que somete al Parlamento el texto tal y como lo presentó la vez anterior, anunció que esta misma semana llamará personalmente a los portavoces de los grupos parlamentarios y dijo que realizará "un gran esfuerzo" para conseguir el consenso que necesita para sacar adelante el proyecto.

El consejero se encontró ayer mismo con las advertencias o el rechazo abierto de la oposición. El portavoz del grupo socialista, José Antonio Pastor, le señaló que "empieza con mal pie", por presentar el mismo texto sin haber hecho ningún esfuerzo de consenso antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Pastor deduce de este proceder que Madrazo "va a repetir exactamente los mismos errores" y adelantó que, si es así, "se encontrará exactamente con la misma postura" por parte del grupo socialista.

Por su parte, el PP, que se opone de forma tajante al contenido del proyecto, coincidió en la crítica del PSE-EE. Su portavoz, Leopoldo Barreda, consideró su aprobación por el Gobierno como "el pago" del lehendakari a Ezker Batua por su apoyo continuado y que sólo el grupo de Madrazo defiende con convicción. Barreda recuperó las críticas de su grupo y dijo que la ley es "técnicamente un desastre".