El Gobierno vincula cualquier acuerdo sobre financiación a la Conferencia de Presidentes

El Gobierno presentará la propuesta definitiva y tratará de llegar a un acuerdo sobre la financiación sanitaria en la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará, el sábado, en el Senado. José Luis Rodríguez Zapatero pretende, de ese modo, realzar el protagonismo de ese foro. Por tanto, la sesión que hoy celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reunirá a los ministros de Economía, Pedro Solbes, y Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con los consejeros de Hacienda autonómicos, se limitará a escuchar las propuestas de éstos.

La mayoría de los gobiernos autonómicos han rechazado la posibilidad de aumentar el gravamen sobre el impuesto relativo a la venta minorista de hidrocarburos, de hecho en la actualidad sólo cinco de la 17 autonomías aplican ese recargo fiscal. También se oponen a utilizar la posibilidad de aplicar un sobreprecio al impuesto de la electricidad, como propone el Gobierno central. Tan sólo aceptan el dinero que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a poner en dos ejercicios para colaborar a resolver el déficit de financiación de sufren las autonomías para soportar sus servicios de sanidad.

De la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy surgirá un informe que elevarán los ministros de Economía y Hacienda y Administración Territorial al presidente del Gobierno con las reclamaciones de los representantes de las comunidades autónomas, una vez que Pedro Solbes y Jordi Sevilla les expliquen con detalle el contenido de la propuesta que el Ejecutivo adelantó el jueves de la pasada semana. "No hay otra propuesta, en este momento, sobre la mesa", dijo ayer Sevilla.

La propuesta del Gobierno central se resume en el aumento de los impuestos del tabaco (10%) y alcohol (5%) por parte de la administración central y trasladar a las autonomías cierta capacidad normativa sobre el impuesto de la electricidad y la posibilidad para duplicar el gravamen en la venta de la gasolina (de 2,4 céntimos de euro como máximo a 4,8), junto a la aportación de 1.000 millones de euros en dos años.

Otro modelo

El Gobierno socialista de Andalucía propone un modelo diferente en el que renuncian a la posibilidad de gravar el impuesto de la electricidad, cuya competencia exclusiva debería quedar en manos de la administración central, y proponen que el Ejecutivo ceda a las autonomías capacidad normativa sobre los impuestos del alcohol y del tabaco.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, aseguró ayer que cualquier subida de impuestos vinculada a la financiación sanitaria la consultaría previamente con la oposición.

El ministro de Administraciones Públicas también señaló ayer que "el Gobierno no va escatimar esfuerzos" para lograr un acuerdo con las comunidades autónomas. Pero, según precisó, ese esfuerzo del Gobierno se materializará en la Conferencia de Presidentes del sábado, en el Senado, que presidirá el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, al que acompañarán Solbes y Sevilla, con la presencia de todos los presidentes autonómicos.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha pedido al jefe del Ejecutivo que retire del orden del día de la reunión de la Conferencia de Presidentes la propuesta de financiación sanitaria. El PP considera que la alternativa que baraja el Gobierno es una "chapuza" y supone un "parche" que no soluciona el problema de financiación que sufren las autonomías.

Ese "esfuerzo" tendrá como base el informe que ambos ministros envíen a Zapatero. "El Ejecutivo está dispuesto en la reunión de hoy del Consejo a escuchar otras alternativas, negociarlas, rectificar y mejorar nuestra propuesta con las aportaciones y compromisos de las comunidades, siempre que que se respete el principio de corresponsabilidad, pues no es razonable que las comunidades con problemas de financiación pretendan que sea sólo el Estado quien se las resuelva", dijo ayer Sevilla.

Los socialistas recuerdan que mientras Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, exige a la administración más dinero para financiar la sanidad, baja impuestos en su autonomía con la capacidad normativa que tiene.

Los representantes de las comunidades autónomas, en los contactos que está manteniendo en las últimas horas con los ministerios de Economía y Administraciones Públicas, están poniendo el acento de sus reclamaciones en el aumento de la aportación anunciada por el Ejecutivo de 1.000 millones de euros en dos años así como en los criterios de reparto que se van a aplicar con esa aportación.

Algunas comunidades pretenden que se prime más aún el criterio de población; otras defienden una mayor preponderancia del criterio de desplazados y hay quienes quieren que se garantice un mínimo de subida, acorde con el PIB nominal.

El Gobierno central encuentra una aproximación más fácil con aquellas comunidades que tienen un mayor déficit sanitario -como es el caso de Baleares y Comunidad Valenciana, entre las gobernadas por el PP- y más difícil con las que tienen un mayor saneamiento financiero, como La Rioja, por ejemplo.

El Ejecutivo socialista aclaró desde el primer momento que el reparto de los 1.000 millones de euros se haría entre todas las autonomías, aunque algunas no acepten el sistema para mejorar la financiación sanitaria de las comunidades.