Nuevo Estatuto: ambición y rigor

El pasado lunes se dio a conocer el dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de nuevo Estatuto catalán. Lamentablemente, estos días estamos asistiendo a un intento de deslegitimación de esta institución por parte de destacados dirigentes de Convergència i Unió (CiU) anunciando el rechazo a los contenidos del dictamen si no han sido acordados de forma muy mayoritaria, es decir, si no han contado con el apoyo de los consejeros que coinciden con sus posiciones.

Es preciso recordar que el Consultivo es un organismo previsto en el Estatuto, creado en 1981 con el apoyo de todas las fuerzas políticas y formado por prestigiosos juristas elegidos por el Gobierno de la Generalitat y el Parlament. A lo largo de 24 años nunca las fuerzas políticas del Parlament han puesto en duda su legitimidad. Es sorprendente que sea precisamente la formación que ha tenido la responsabilidad de gobernar Cataluña durante 23 años la que encabece esta campaña de deslegitimación de una de las principales instituciones del país.

Se dice que los informes del Consultivo no tienen por qué ser tomados en consideración. Una afirmación sorprendente, pues CiU, con el resto de fuerzas políticas, solicitó que este órgano dictaminara sobre la adecuación del proyecto de Estatuto a la Constitución, reconociendo, como no podía ser de otro modo, la autoridad de esta institución. Y ahora, con un dictamen poco favorable a sus intereses, deslegitiman dicho organismo como partidista. ¿En qué quedamos? No es riguroso decir que la opinión de cuatro consejeros frente a tres no es una mayoría suficiente; semejante criterio aplicado a otras instituciones nos llevaría a la ingobernabilidad.

Todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo en aprobar un Estatuto ambicioso dentro de la Constitución. Estamos convencidos de que es posible que nuestro autogobierno alcance las mayores cotas de nuestra historia contemporánea, con una lectura autonomista de la Constitución, y sin salirnos de la misma. Por otro lado, la plena constitucionalidad del Estatuto es una garantía ante el PP y aquellos sectores del PSOE que cuestionan los objetivos fundamentales del nuevo Estatuto: el reconocimiento de la singularidad nacional de Cataluña y la redistribución del poder político y económico del Estado fortaleciendo el autogobierno.

Vaya por delante que ningún partido puede decir que el dictamen le es completamente favorable. Personalmente, creo que algunos puntos señalados como inconstitucionales podrían ser interpretados en un sentido contrario. Pero de lo que se trata, más allá de las posiciones de cada partido, es de dar la mayor solidez jurídica y política posible al Estatuto. A pesar de que algunos sectores ponen más énfasis en los aspectos que se señalan como inconstitucionales, lo importante es que el contenido fundamental del Estatuto se ajusta a la Constitución. De 218 artículos y 20 disposiciones sólo aparecen aspectos inconstitucionales en 19 artículos, y en casi todos se trata de cambiar una palabra por otra e introducir mejoras en el texto. En ningún caso el dictamen supone una impugnación total del Estatuto ni de ninguno de sus títulos.

El núcleo duro, los aspectos fundamentales del Estatuto, no sólo no han sido cuestionados, sino que se ha garantizado su plena constitucionalidad. Primero: el método utilizado por la ponencia para blindar las competencias de la Generalitat frente a la tendencia recentralizadora del Estado. La descripción de las materias y submaterias de las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas de la Generalitat, que supone un incremento considerable del poder político para Cataluña, es plenamente constitucional. Un método que, por cierto, ha sido cuestionado por los informes encargados por el Ministerio de Administraciones Públicas y por los votos particulares y enmiendas del PSC.

Segundo: el título de derechos, deberes y principios rectores, rechazado en su totalidad por el PP, ha sido considerado constitucional y el Consultivo incluso elogia su inclusión.

Tercero: el título de financiación propuesto por el Gobierno catalán también se considera constitucional, salvo en dos aspectos concretos, lo cual, por cierto, demuestra el carácter ambicioso y de máximos de la propuesta, situada en el límite constitucional. Por el contrario, la propuesta de CiU ha sido rechazada globalmente.

Cuarto: la definición de Cataluña como nación, la igualdad jurídica del catalán y del castellano, y la referencia a los derechos históricos del pueblo catalán como base del autogobierno, también son constitucionales. En cambio, el rechazo a la disposición adicional primera que amparaba competencias concretas a través de los derechos históricos, en la práctica es poco trascendente porque estas materias (el régimen lingüístico, el derecho civil, la organización territorial, la organización de las administraciones públicas catalanas, la financiación, la educación, la cultura y seguridad pública) están protegidas en el título de competencias. La referencia a los derechos históricos para la protección de competencias concretas es jurídicamente irrelevante, pese a haber acaparado los titulares de prensa. A estas cuestiones hay que añadir otros asuntos controvertidos, como el poder judicial o la participación en la UE, también considerados constitucionales.

Nos corresponde a los políticos, y no al Consultivo, encontrar una salida al laberinto jurídico y político en el que nos encontramos. No se trata de seguir al milímetro el dictamen del Consultivo; estoy convencido de que hay espacio para la negociación y que podemos encontrar soluciones imaginativas. Pero si no tomamos en consideración el dictamen, ¿alguien cree que es viable llevar un Estatuto a las Cortes con artículos señalados inconstitucionales por el Consultivo? Menudo argumento íbamos a regalar a los Zaplana, Acebes, Rodríguez Ibarra o Simancas. Sería dar por perdida la batalla antes de empezarla. Con el dictamen, la enmienda a la totalidad del PP catalán ha sido jurídicamente derrotada porque, en su conjunto y en sus aspectos fundamentales, el Estatuto es constitucional. Pero también quedan dilucidadas las dudas del Partit dels Socialistes (PSC) sobre la constitucionalidad del método utilizado para blindar las competencias de la Generalitat.

Quién defienda prescindir de las recomendaciones del Consultivo es porque no quiere que el Estatuto se apruebe en Madrid, porque no valora la oportunidad histórica de disponer de más y mejor autogobierno de Cataluña, y en cambio prefiere utilizarlo como un instrumento de agitación y propaganda partidista.

El informe del Consultivo compromete a los partidos catalanes, a los que creen que el Estatuto se queda corto y a los que creen que va demasiado lejos. Pero también puede ser un excelente instrumento para hacer frente al difícil y complejo debate sobre el Estatuto que nos espera en Madrid. Combinar ambición y rigor es fundamental para el éxito del Estatuto.

Joan Saura es consejero de Relaciones Institucionales y Participación, y presidente de ICV.