El descontento fuerza a Clos a destinar nueve millones a limpieza y asistencia social

Algo parecido a un plan de choque dotado con nueve millones de euros hasta diciembre para los problemas de limpieza, mantenimiento del espacio público y pobreza en Ciutat Vella anunció ayer el alcalde de Barcelona, Joan Clos, en el plenario monográfico del Ayuntamiento sobre el incivismo. Fue la respuesta del alcalde al descontento ciudadano. Esta sesión extraordinaria del consistorio fue forzada por la oposición, en la que tanto CiU como el PP trascendieron el problema del incivismo para poner en jaque la labor de gobierno del tripartito municipal, encabezado por Clos, Jordi Portabella (ERC) e Imma Mayol (ICV-EUiA). Xavier Trias, presidente del grupo de CiU, se arrancó pidiendo la dimisión del alcalde y Alberto Fernández Díaz, presidente del PP, amplió su "lista" de colectivos que, en su opinión, no tienen espacio en Barcelona.

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El curso político en el Ayuntamiento de Barcelona ha arrancado de forma más súbita de lo que es habitual en un mandato municipal que, además, está resultando plagado de crisis. Primero el Fórum, después el hundimiento del túnel del metro del Carmel, y ahora el incivismo, principalmente por los episodios de vandalismo en las fiestas de Gràcia y la estación de metro de Mercat Nou, en Sants. Pero también por la degeneración del espacio público, especialmente todo el distrito de Ciutat Vella y buena parte del Eixample, Gràcia y los núcleos centrales de otros distritos, como el barrio de Poble Sec, en Sants-Montjuïc.

El escenario dibujado ayer en las intervenciones de los grupos fue el de dos bloques. Uno, de CiU y el PP, exigiendo orden, autoridad y liderazgo, y otro, el del equipo de gobierno, achacando el deterioro a varios fenómenos nuevos -especialmente las consecuencias de la globalización en lo tocante al incremento de las bolsas de pobreza, la llegada masiva de inmigración y el auge del turismo que se adueña del centro de la ciudad-, que necesitan distintos tipos de respuesta y tratamientos.

No hubo ningún mea culpa, pero se asumió que el problema existe y que se han cometido errores. La prueba más palpable de ello fue que el alcalde, en el cierre del debate, anunció algo parecido a un plan de choque. Especialmente en Ciutat Vella y más concretamente el sur del Barri Gòtic, pero que se hará extensivo al resto del Eixample y otros puntos del resto de distritos si requieren de una actuación urgente. Serán nueve millones de euros, por medio de una línea de crédito, para mejorar la limpieza de las calles con más equipos baldeando las calles y retirando los objetos voluminosos que se acostumbra a dejar en cualquier parte y de cualquier manera.

Junto con la limpieza, el plan de choque se centrará en mejorar el control de la indigencia callejera con más agentes de la Guardia Urbana y personal de los servicios sociales. Fuentes del Ayuntamiento precisaron que para ello se harán contrataciones nuevas, tanto de brigadas de limpieza como de personal que preste asistencia social.

CiU y el PP achacaron al tripartito municipal la responsabilidad del deterioro de la convivencia en la ciudad. Clos y sus socios no negaron haber cometido errores, pero rechazaron de plano compartir la visión catastrofista que plantearon Trias y Fernández Díaz, de forma especial este último.

"Si usted no lo sabe hacer, dimita", fueron casi las primeras palabras que se escucharon ayer en el salón de plenos cuando intervino Trias, que abrió el debate. El presidente del grupo municipal de CiU afirmó que se ha consentido y generado una situación de impunidad ante el vandalismo en el conjunto de la ciudad: "Desde la prostitución callejera hasta el consumo de drogas, pasando por las amenazas pandilleras".

Si eso pasa, concluyó Trias, es por falta de ejercicio de autoridad y porque, en cierto modo, se ha alimentado la transgresión."El problema es que somos un fenómeno y capital mundial de la transgresión", dijo Trias. El único beneficio que el jefe de la oposición concedió a Clos y sus socios es que en el diagnóstico "aciertan, pero no en el tratamiento". A juicio del presidente del grupo de CiU, que se mostró crítico con el uso intensivo del espacio público, lo que hace falta es una "democracia con orden". Es decir, más policía, especialmente agentes de la Guardia Urbana para ejercer de policía de barrio.

Trias acusó al consistorio de alimentar algunos de los problemas al autorizar fiestas alternativas: "Esto es una prueba de que todo se les ha ido de las manos". Las críticas de falta de liderazgo hacia Clos y al agotamiento de un modelo de ciudad del tripartito fueron interpretadas por socialistas, republicanos y ecosocialistas como una estrategia de la oposición, que ya se inició hace dos años, de erosionar al gobierno. "Oigan, es lo que tenemos que hacer", vino a responder Trias.

Ni Trias, ni Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular, se mostraron muy confiados en que la mejora del civismo dependa de la aplicación de la justicia de proximidad, propuesta por la Carta de Barcelona y cuya aplicación depende de la aprobación de una ley general. Algo de lo que Clos está firmemente convencido.

En realidad, Fernández Díaz defendió que la única forma de combatir el incivismo y el vandalismo es con más policía -especialmente Guardia Urbana- y, sobre todo, con mano dura. "Firmeza 10", dijo, para la aplicación de las ordenanzas e incrementar las sanciones y erradicar de la ciudad la mendicidad, la prostitución callejera y los trileros; "tampoco nos interesa el turismo que duerme en las playas".

En un momento de su intervención, Fernández Díaz propuso que el control de las sanciones tiene que ser exhaustivo y debe tenerse en cuenta, por ejemplo, para la renovación de los permisos de los inmigrantes. Insistió en culpar a ese sector de la población de gran parte de las infracciones que se cometen en el espacio público. "Su buen rollo y su falso progresismo son algunas de las causas que han llevado a esta situación", afirmó dirigiéndose a Clos.

Más Guardia Urbana

Las peticiones de la oposición de aumentar la plantilla de la Guardia Urbana son habituales, y también lo era la negativa del alcalde a dar el brazo a torcer. Ayer, en cambio, dejó entrever que la plantilla de la Policía Local podría crecer en un futuro, "según funcione el despliegue de los mossos d'esquadra". Esto ocurrirá en todo el territorio de la ciudad el 1 de noviembre. A las preguntas de cuáles serán los efectivos de aquéllos para Barcelona, Clos se limitó a decir que la proporción es de una quinta parte del total de los 17.000 agentes que integrarán la plantilla total.

En cualquier caso, el alcalde y el portavoz del grupo socialista, Jordi Hereu, insistieron en que la lucha contra el incivismo y el vandalismo, por ejemplo, no se pueden basar únicamente en más policía. "Es algo que es cuestión de educación y nos corresponde a todos "a la Adminstración, a la familia, a la escuela y a la empresa", sostuvo el alcalde. En ese sentido pidió un nuevo pacto de convivencia y la necesidad de instaurar un nuevo consenso social que tenga como ejes principales la lucha contra la exclusión social y la justicia de proximidad.

Hereu subrayó que se trata de fenómenos globales: "Ocurren en Barcelona, en Ripollet y también en cualquier ciudad de Inglaterra. ¿No me dirán que en Inglaterra esos fenómenos se dan porque se fomenta la cultura de la transgresión?", preguntó a la oposición.