La juez del Registro de Burgos cuestiona la ley que permite las bodas homosexuales

La jueza encargada del Registro Civil de Burgos, María Luisa Miranda de Miguel, ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad que paraliza el expediente de matrimonio solicitado por dos mujeres, Carmen Martín e Isabel Rodríguez. Esta juez es la tercera que duda de la constitucionalidad de la ley, después de los de Dénia (Alicante) y Telde (Tenerife). En el auto la juez defiende la heterosexualidad del matrimonio y afirma que "duda" de la constitucionalidad de la ley.

La Dirección de General de Registros y Notariado ha intentado detener esta actitud de algunos jueces mediante una circular. En el texto se les advierte de su falta de legitimación para promover este tipo de cuestiones de inconstitucionalidad. El auto de la juez de Burgos argumenta que la "singularidad" del modelo español "atribuye facultades jurídicas al encargado del Registro Civil".

En su escrito, Miranda de Miguel destaca la posible contradicción entre la ley de 1 de julio que autoriza los matrimonios gays y el artículo 32 de la Constitución. Éste dice que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica" y que "la ley regulará las formas de matrimonio". Esta formulación indica, según la juez, que "la heterosexualidad es el elemento sustancial e identificador de la institución del matrimonio".

Miranda también hace referencia al anteproyecto original de la Constitución, en cuyo artículo 27 se indicaba que "a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio y a crear y mantener, en igualdad de derechos, relaciones estables de familia".

Jurisprudencia europea

El auto indica además que "la apertura de la institución del matrimonio a personas del mismo sexo tampoco encuentra su apoyo en resoluciones del Parlamento Europeo ni en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos"; y que la Constitución de la Unión Europea se limita a garantizar el derecho a contraer matrimonio según las leyes de los países miembros.

Por su parte, Natividad Cabello, presidenta de la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, que apoya a las novias, consideró que "se trata de una objeción de conciencia encubierta de una funcionaria pública, que debe cumplir la ley igual que todos los españoles".

La asociación estudia pedir un auto definitivo para que la encargada del registro se pronuncie y dé trámite al matrimonio independientemente de la resolución que adopte en su día el Tribunal Constitucional. "El fiscal de Alicante que interviene en el caso de Dénia ha indicado que el matrimonio debe llevarse adelante porque no perjudica a nadie y su no celebración tendría efectos negativos morales e incluso económicos para las dos personas que lo han solicitado", afirma Cabello.