Maragall intenta que CiU pacte la reforma estatutaria la próxima semana

El presidente catalán, Pasqual Maragall, quiere cerrar con CiU el pacto sobre el Estatuto la próxima semana. Para ello cuenta con el argumento del dictamen del Consejo Consultivo, que desautoriza las dos propuestas estrella de CiU: el modelo de financiación similar al concierto vasco y navarro, y el blindaje de competencias mediante la apelación a los derechos históricos. La reunión que el presidente de la Generalitat mantendrá el miércoles con el líder de la oposición, Artur Mas, será fundamental -opinan desde el Gobierno- para conocer el desenlace del Estatuto. En cualquier caso, Maragall ha descartado convocar elecciones anticipadas.

La reforma del Estatuto catalán se juega a partir de mañana su pase a la final en Madrid. Esa es una de las escasas coincidencias que mantienen un Gobierno catalán y una oposición a quien la legalidad condena a entenderse: para lograr la suma de 90 votos preceptiva para aprobar el proceso de reforma estatutaria es imprescindible que se unan los destinos de los sufragios que deben emitir los 42 diputados de PSC y los 46 CiU.

El Ejecutivo catalán confía en que la ronda de contactos que a partir del miércoles mantendrá Maragall con los líderes políticos aclare el incierto panorama al que ha dado paso el dictamen del Consejo Consultivo, que se hará público oficialmente mañana. Un sector del Gobierno catalán -que integraría a PSC e Iniciativa Verds- es partidario de respetar las argumentaciones del Consultivo y modificar la veintena de artículos inconstitucionales, de los que ayer daba cuenta EL PAÍS, antes de proceder a su aprobación en el Parlamento autónomo y, luego, remitirlo a las Cortes Generales. Si el tripartito -PSC-ICV-ERC- es capaz de mantener la cohesión y avenirse a respetar el texto emanado de los juristas expertos, Convergència i Unió se vería forzada a sumarse al carro del pacto para no aparecer -junto al PP- como la fuerza política que no ha querido el Estatuto.

Buena parte de la clave está en manos de Esquerra Republicana. Los republicanos han colocado huevos en dos cestas políticas: con sus socios del tripartito han pactado un modelo de financiación que ha sufrido ligeros retoques del Consejo Consultivo, mientras que con CiU han acordado usar los derechos históricos como fórmula de blindaje de competencias, elemento que ha sido cuestionado por el citado organismo jurídico. Desde la dirección republicana se asegura que no hay duda en el bando a elegir.

El secretario general de ERC, Joan Puigcercós, se avino el viernes a rectificar la fórmula de financiación del tripartito para ajustarla a los criterios sugeridos por el Consejo Consultivo. Sin embargo, desde ERC se recuerda que el resultado de cuatro votos contra tres en el seno del Consultivo no supone una mayoría suficiente en muchos asuntos. De hecho, el vocal propuesto por los republicanos ha votado junto a los dos de CiU en múltiples ocasiones. A algunos sectores de Esquerra -un partido con notable tradición asamblearia- les duele quedarse descolgados del tirón nacionalista de Convergència en su singladura pospujolista.

Desde CiU, destacados dirigentes -no necesariamente soberanistas- opinan que ahora es el momento de dibujar el nuevo perfil de la federación que ha gobernado 23 años Cataluña con un claro rechazo a la reforma del Estatuto. Tanto Artur Mas como su segundo de abordo, Josep Antoni Duran Lleida, han desacreditado el alcance del dictamen del Consejo Consultivo, asegurando que una mayoría de cuatro a tres no debe condicionar su estrategia estatutaria.

Dictámenes no vinculantes

La cúpula de CiU ha recordado enfáticamente que el organismo creado al inicio del mandato de Jordi Pujol es de carácter asesor y sus dictámenes no son vinculantes ni preceptivos. Por tanto, no debe condicionar el pacto político, a juicio de los dirigentes de CiU. Desde el Gobierno, el consejero de Relaciones Institucionales y presidente de ICV, Joan Saura, considera que son inaceptables los intentos de CiU de deslegitimar el papel del Consultivo, cuyo dictamen pidió la propia federación nacionalista. Intentar llevar a Madrid un texto con artículos considerados en su totalidad inconstitucionales es, a juicio de Saura, "ridículo".

Los convergentes, en cambio, opinan que si consiguen arrastrar tras de sí a Esquerra contra las tesis socialistas, logran uno de sus objetivos fundamentales: abrir una etapa de inestabilidad para el Gobierno de Maragall, que ha hecho de la reforma estatutaria su principal bandera política. Por esta razón, el democristiano Duran Lleida no ha dudado en dirigir sus baterías hacia el manifiesto de empresarios catalanes en favor de un acuerdo estatutario. Un desconocido Duran ha llegado a sugerir que lo más granado de la patronal catalana se ha prestado a firmar un texto que no es suyo, pues ha sido horneado en Presidencia de la Generalitat, para que Maragall "obtenga un balón de oxígeno".

A pesar de la presión a la que la federación está sometiendo al Gobierno de la Generalitat, el presidente catalán asegura no tener en mente la convocatoria anticipada de elecciones, a la que aspira CiU para intentar volver a ese Palau de la Generalitat que ocupó durante 23 años.