La tragedia de la calle del Sauce

Todos los días un trabajador de la construcción muere en España. Las causas se repiten: caídas, golpes, aplastamientos. Sin embargo, el peor accidente del sector ocurrido en nuestro país, en el que 10 obreros fallecieron el pasado 13 de enero en Burgos y otros dos estuvieron meses al borde de la muerte, tuvo su origen en una explosión. José Luis Garachana, un peón de 48 años, trasegaba gasolina de una garrafa a un equipo electrógeno en el interior de un vestuario de su empresa cuando estalló el combustible. Ardió el techo de poliuretano. La puerta metálica se cerró. Imposible escapar. Nadie sabe qué desencadenó la deflagración. Por descarte, hablan de un cigarrillo. Ni la policía ni el juez hallaron la colilla. Todos conocemos las consecuencias: 12 personas abrasadas y envenenadas por la inhalación de vapores tóxicos. Otras dos lograron escapar.

"Estaban juntos, al fondo, chamuscados; habían intentado protegerse la cara y tenían la piel de las manos como si fueran guantes", cuenta un bombero

El vídeo realizado al día siguiente muestra una lonja en la que se agolpan generadores, una pequeña excavadora, garrafas de combustible, bombonas...

Arranz Acinas es más que una empresa. Por Burgos, uno se topa en cada rincón con edificios proyectados, construidos y vendidos por la extensa familia Arranz

"No queremos su dinero; queremos que se sepa la verdad, un resarcimiento moral; que Arranz Acinas reconozca que lo hizo mal", exige la viuda de Tejido

Sobre el papel, todo era legal. Con más de 50 años a la espalda, la constructora, Arranz Acinas, está considerada una compañía tradicional, seria y paternalista; un orgullo local. La primera empresa de la ciudad, con una facturación de 120 millones de euros, 800 puestos de trabajo y muchos más inducidos. Y una amplia labor social: del patrocinio de un equipo de baloncesto femenino a la integración laboral de autistas. "Siempre hemos estado volcados con los trabajadores. Nunca hemos hecho reducción de plantilla, mantenemos nuestros propios talleres y nunca subcontratamos", afirman.

Arranz Acinas es mucho más que una empresa. En un breve paseo por Burgos, uno se topa en cada rincón con edificios proyectados, construidos y vendidos por la extensa familia Arranz, que copa el organigrama del grupo. 12.000 viviendas llevan su firma en la ciudad. Sobre el papel, Arranz cumplía todas las normas de prevención de riesgos laborales. Todos los controles estaban activados. Todas las inspecciones, auditorías, planes de seguridad y salud. En teoría. Porque algo falló. Nadie, al parecer, se percató del peligro que corrían aquellos obreros semiocultos en una lonja perdida en el populoso barrio de Gamonal.

Ni siquiera los bomberos sabían qué se iban a encontrar esa mañana del 13 de enero mientras se dirigían a apagar un incendio rutinario. "Había mucho humo. Nos pusimos los equipos de respiración y entramos. A medida que sacábamos cuerpos, yo no daba crédito; me preguntaba: ¡pero qué es esto; cómo ha podido pasar! Estaban juntos, al fondo, chamuscados; habían intentado protegerse la cara y tenían la piel de las manos colgando, como si fueran guantes", describe uno de los que participó en el rescate.

Raúl Benito, José Luis Bustillo, Ángel García, José Luis López Garachana, Ethmane Ould, Rodrigo Pérez Juez, Manuel Rey, Benjamín Santamaría, Alejandro Scarpellini, Benjamín Tejido, Rubén Vallejo y José Vicario murieron antes de iniciar su jornada en la construcción del carril-bici de Burgos, una obra financiada por el Ayuntamiento del PP, presidido por el ex ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio (quien no ha querido hablar para este reportaje). Un proyecto que heredó del anterior consistorio del PSOE y en el que nunca creyó. El PP siempre lo consideró un derroche. Una obra difícil, técnicamente artesanal, sujeta a las inclemencias del tiempo y las protestas vecinales, que le supuso durante más de un año a Arranz Acinas (y al Ayuntamiento) dolores de cabeza y pérdidas económicas. Según fuentes del sector de la construcción, la constructora estaba a punto de tirar la toalla. Sólo esperaba una ocasión para rescindir el contrato. "Arranz aquilató tanto el presupuesto para ganar el concurso público que se pilló los dedos y tuvo que recortar gastos. Y en vez de alquilar una caseta de obra, que cuesta 240 euros al mes con aire acondicionado, los metió en ese local", explica Julián Juez, secretario provincial de UGT.

Las imágenes del siniestro

A las 8.30 horas de aquel jueves, los 12 trabajadores aún se estaban poniendo el mono en el interior de ese local, en el que desde hacía tres meses se cambiaban, descansaban, comían e intentaban protegerse del intenso frío burgalés rodeados de combustible y maquinaria. El vídeo realizado al día siguiente del accidente por el Juzgado de Instrucción número 2 muestra una lóbrega lonja diáfana; suelo de hormigón, paredes de ladrillo, en donde se agolpan sin orden generadores, una pequeña excavadora, garrafas de combustible, bombonas de butano y herramientas eléctricas. No hay retrete. Para eso estaba el vecino bar La Pulpería. Perchas clavadas a la pared y bancos corridos. Y un mugriento lavabo.

El vídeo del juzgado se detiene un momento en la única puerta del local: dos hojas de chapa que se abren hacia dentro; su apertura hacia la calle es imposible, está por debajo del nivel de las baldosas de la calle. El techo está inyectado con una capa de poliuretano. Su combustión produjo gases de cianuro. En el vídeo no se aprecian extintores. "Y con un golpe de espuma se hubiera apagado en segundos", afirma el mismo bombero. "Mezcle bajo el mismo techo maquinaria, combustible, poliuretano, una puerta que no se abre hacia el exterior, ausencia de medios contra incendio y una nula formación en prevención de riesgos por los obreros y, si algo falla, tiene la tragedia servida", analiza Juez, el sindicalista que ha luchado durante estos meses por los derechos de los damnificados.

¿Por qué ninguno de los trabajadores se quejó? "Se nota que no conoce cómo funciona esto. Tú vas donde te mandan. Hay que trabajar, y no te vas a cambiar de ropa en la calle; pues te metes donde te dicen". Con enorme dificultad, Raúl Benito, de 42 años, arranca respuestas a su maltratada tráquea. Raúl es uno de los dos supervivientes de la calle del Sauce. El otro, José Vicario, de 57 años, está internado en una residencia. Raúl, un hombretón de casi dos metros, ingresó en el hospital con un 37% de cianuro en la sangre; estuvo 20 días en coma, sufrió paradas cardiacas y le fueron realizadas dos traqueotomías. Ha sobrevivido. Tiene parálisis, injertos en la cabeza y las manos y ha perdido un dedo. No se conoce el alcance de sus lesiones cerebrales. Pero sus juicios son coherentes. Aunque teme enemistarse con Arranz Acinas: "Y entonces, ¿qué hacen mi mujer y mis hijas? Pero no le puedo decir una cosa clara: la empresa es responsable. Tuvimos mala suerte, pero si las cosas no hubieran estado tan mal hechas, nadie hubiera muerto".

-La empresa niega que se utilizara ese local como vestuario...

-Mire, eso era un vestuario. Dicen que no lo sabían... que eso me lo suelte a la cara el sobrino del jefe, que me mandó en persona poner la puerta.

-¿Quién es el sobrino del jefe?

-José Luis Arranz Jaramillo.

La dirección de la empresa, representada por su director general adjunto, Jesús Arranz Monje, remacha el argumento de que desconocía la existencia del local de la calle del Sauce: "No sabíamos que esa cuadrilla estaba allí; yo ni sabía que tuviéramos esa lonja. En todo caso, era un local de descanso y de apoyo. No eran vestuarios. Los utilizaban y no sé por qué. Esos días hacía mucho frío...".

Jesús Arranz insiste en que Arranz Acinas no se siente responsable de las muertes. "Fue una fatalidad. Una concatenación de causas difíciles de explicar. Una suma de mala suerte. Pero estamos volcados con las familias. Hemos tenido distintas negociaciones y hemos llegado a un acuerdo amistoso con seis o siete y no nos importa el dinero".

Enfrente, todas las familias piden justicia: "No queremos su dinero; queremos que se sepa la verdad, un resarcimiento moral; que Arranz Acinas reconozca que lo hizo mal; que nuestros maridos e hijos no tenían que haber estado en ese garito. No es cuestión de dinero, sino de dignidad. Mi hija de 14 años me ha dicho que no pacte, que la memoria de su padre no se compra", exige Maricarmen Rastrilla, viuda de Benjamín Tejido.

Un profundo silencio

La conmoción en Burgos duró unos pocos días de enero. Pasados los funerales, se hizo un profundo silencio. Los familiares coinciden en las iniciales buenas intenciones de la empresa. "Nos pagaron el entierro y nos dijeron que todo se iba a arreglar. Así que decidimos vivir nuestro dolor hacia dentro". Y la vida continuó. El día 23 de enero cumplió un año la hija pequeña de Alejandro Scarpellini. El día 2 de febrero vino al mundo Rebeca, la hija que Rubén Vallejo no vio nacer. Hoy, Raúl Benito hubiese cumplido 21 años. Y en estos meses, Ethmane, un saharaui de 34 años, quizá hubiera conseguido homologar su título de odontólogo.

No ha habido aspavientos por parte de las 12 familias. Ni por los partidos ni por los sindicatos ni por la ciudadanía. Ángel Olivares, anterior alcalde, del PSOE, intenta explicar ese silencio: "El problema es que el accidente le ha pasado a una empresa prestigiosa, y ha habido una tendencia psicológica a achacar ese accidente a la fatalidad. Piense que ninguna empresa del sector aguantaría una inspección en profundidad. Y en ese caldo social, todos pensaban que se iba a llegar a un acuerdo".

A punto de concluirse la instrucción judicial de la causa iniciada a raíz del accidente (5.000 folios y 20 declaraciones), el magistrado Miguel Ángel Martín Maestro, titular del Juzgado Número 2, confirma que ha sido un proceso "en el que ninguna parte ha dado guerra". El equipo de abogados de la empresa ha debido estar negociando discretamente con las familias para que no fueran a juicio como acusación particular. Pero algo ha pasado. Una chispa. Y, de pronto, están personados tres sindicatos como acción popular (CC OO, UGT y CGT) y varias familias. Y el fiscal, como ministerio público. Y se va a llegar hasta el final.

Un político de la ciudad define esa situación de calma tensa como "una infección debajo de la postilla". Desde el primer momento, todo Burgos pensó que las familias iban a pactar con la empresa. Y que nunca un miembro de la familia Arranz se sentaría en el banquillo. Son demasiado poderosos. La primera en una ciudad donde (dicen) mandan los constructores. Donde los medios de comunicación pertenecen a los constructores. Donde los constructores corruptos no van a la cárcel. Basta con echar un vistazo a las penas incumplidas del caso de la construcción, que conmocionó la vida burgalesa en los ochenta y noventa. "Y ésta es una ciudad con falta de cultura política", analiza Olivares, "que desconfía en la administración de justicia; que desconfía en la democracia y sus controles; en la que proliferan los partidos antisistema que desempeñan un papel parecido al del Frente Nacional en Francia. Y en ese marco, la idea extendida es que esa constructora es muy poderosa y puede comprar al que quiera".

Todos pensaban que Arranz pagaría las indemnizaciones. Y asunto acabado. Una práctica habitual en los accidentes de trabajo: las familias reciben dinero de la empresa a cambio de no personarse en el procedimiento penal. Acuerdos que a menudo se firman en el último momento en los pasillos del juzgado. Y sin acusación particular, los fiscales rara vez siguen adelante.

"Pero cuando tenemos un muerto sobre la mesa, no cabe hablar sólo de una indemnización", explica Juan Terradillos, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y especialista en temas de accidentalidad laboral: "Hay que conseguir que los responsables de delitos contra la vida y la salud sean considerados delincuentes y condenados. Aunque su delito sólo haya sido poner en peligro la vida de un trabajador, no hay que esperar a que muera nadie, ni nos podemos conformar con una indemnización. Hay que prevenir. Lo que pasa es que este tema de las indemnizaciones a cambio de que la familia no acuda al proceso penal es normal en los accidentes laborales. Las familias ven que pasa el tiempo y que necesitan dinero. Y eso beneficia a las empresas irresponsables, que, encima, no pagan de su bolsillo, sino con los seguros que tienen contratados".

"Y en esa contradicción vivimos", analiza Estrella, la viuda de Alejandro Scarpellini, encargado del tajo de la calle del Sauce y muerto a los 37 años. "Por un lado, quieres que paguen los responsables. Pero, por otro, los abogados me dicen que pueden pasar años con los recursos y que ese dinero es el futuro de mis hijas... Y yo vivo en la contradicción de recibir un dinero para mis hijas de los mismos que le han quitado la vida a su padre".

La tragedia que describe Estrella la sufren todas las familias. Es una dura elección. Algunas ya han firmado un acuerdo amistoso con Arranz Acinas y han recibido el primero de los tres cheques pactados. En torno a 107.000 euros para los solteros sin hijos; 25.000 más para los que tenían pareja, y alrededor de 226.000 euros para los que tenían dos hijos. La mayoría de los familiares sigue en la tremenda duda interior de seguir el proceso o coger el dinero.

El informe de la inspección

Una lucha íntima. Una lucha de meses. Y, de pronto, cuando todos daban por sentado el pacto, sale a la luz el informe de la Inspección de Trabajo, publicado a mediados de abril, que culpa del accidente a Arranz Acinas. El informe habla de la responsabilidad de la constructora, "al establecer unas condiciones de trabajo inadecuadas que han supuesto la existencia de un riesgo materializado en un accidente de trabajo por incendio o deflagración que afectó a 12 trabajadores. La empresa ha permitido la utilización de los vestuarios para otros fines de los propios de éstos, no controlando que se depositara en el local material combustible y que se realizaran operaciones de manipulación del mismo en su interior no adoptándose ninguna medida preventiva. Este local se venía utilizando de forma habitual por los trabajadores como vestuario desde hacía varios meses, teniendo conocimiento la empresa de esta circunstancia". La inspección califica de "muy grave" la infracción de Arranz Acinas.

Palabras mayores. Esa calificación ya no se traduciría en un par de millones de euros en indemnizaciones, sino en la imposibilidad para Arranz Acinas de participar en licitaciones públicas durante un periodo comprendido de cinco a ocho años. Un batacazo para la empresa. Y la artillería legal de la constructora comenzó a batir.

En sus alegaciones al acta de la inspección, Arranz Acinas no ha dejado títere con cabeza. El texto de la defensa presenta a los trabajadores como los responsables del accidente. Además, dos de los trabajadores fallecidos quedan severamente tocados en las alegaciones: José Luis López Garachana, "el imprudente" que manipulaba el combustible, y el encargado del tajo, Alejandro Scarpellini, que, afirman, había recibido un curso de prevención de riesgos laborales por correspondencia, pagado por la empresa, y no supo prever la catástrofe.

La guerra entre las familias y la empresa está declarada. Las alegaciones han sido interpretadas como un insulto a la memoria de sus muertos. El magistrado Martín Maestro afirma que "hay caso".

El proceso puede concluir con la petición de hasta 14 delitos de homicidio por imprudencia y otros 14 delitos contra la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, fuentes de la investigación dudan que el proceso alcance a los escalones más altos de Arranz Acinas. "Posiblemente, la onda expansiva acabe en el encargado general de obras, José Luis Arranz Jaramillo. Y siempre es así".

Nueve meses después de esa mañana de enero, en el número 2 de la calle del Sauce uno tiene la sensación de que aquí nunca ocurrió una tragedia. El local ha sido pintado por la constructora. Las huellas del humo han desaparecido. Y una brillante puerta metálica (se abre hacia fuera) sustituye a aquella de chapa que impidió huir del fuego a los 12 trabajadores.