Alemania, sin alternativa a la vista

El tribunal constitucional de Karlsruhe ha rechazado la demanda de dos diputados de la coalición gobernante que alegaban que el voto de confianza habría sido una ficción con el solo fin de provocar la disolución de la Cámara, algo que la constitución prohíbe para evitar la frecuencia con que ocurrió en Weimar. En cambio, el tribunal acepta como plausible el argumento del canciller de que efectivamente habría perdido la confianza de su grupo parlamentario para continuar con las reformas que considera imprescindibles.

Pese a que desde un punto de vista jurídico-constitucional la sentencia sea harto cuestionable, no cabía otra salida que rechazar la demanda. Su aceptación, además de provocar una gravísima crisis institucional, deslegitimando Gobierno, Parlamento y presidente, hubiera chocado frontalmente con una opinión pública convencida de que la situación no podría aguantar un año más. Hay que felicitarse de que los móviles políticos hayan prevalecido sobre los meramente jurídicos, evitando así sumar a la gravísima crisis económico y social, una política. No obstante, la sentencia refuerza que el Ejecutivo invada el terreno del Parlamento y el judicial el de los otros dos poderes, conducta que no por estar muy extendida, daña menos la democracia representativa basada en una clara división de poderes.

En la crisis social y económica más ardua de Alemania desde el final de la II Guerra Mundial, parece elemental convocar elecciones. Aunque los sondeos sigan dando ganadora a la coalición conservadora, dado el alto número de indecisos, nos podemos topar con más de una sorpresa en las dos semanas que quedan. Lo doloroso es que no se abra una perspectiva esperanzadora, tanto si se instala un gobierno liberal-cristianodemócrata o una "gran coalición", dependiendo de los votos que obtenga el partido del socialismo democrático (PDS), fuerte en los nuevos Estados federados y reforzado en el oeste con Oscar Lafontaine. Ante el reproche de que la ruptura de la izquierda favorece a la derecha, Lafontaine argumenta que al presentar los dos grandes partidos un mismo programa de desmontaje del Estado de bienestar, dentro de unas pautas neoliberales que ninguno de los dos discute, lo que importa ahora es que haya un partido de izquierda lo suficientemente fuerte para hacerse oír.

En efecto, llevamos decenios empeñados en que para luchar contra el desempleo la única vía posible conduce a bajar los impuestos, flexibilizar el mercado de trabajo (es decir, hacer más barato el despido), contener los salarios, en los últimos diez años los reales han descendido en Alemania, para que las empresas puedan reinvertir los beneficios, creando puestos de trabajo. Pese al fracaso de esta política neoliberal de oferta -los beneficios de las empresas han aumentado sustancialmente, pero el paro ha seguido en aumento- los dos grandes partidos no ofrecen más que continuar con una política que, por mucho que se extreme, los empresarios consideraran siempre insuficiente para crear empleo. La mayor potencia exportadora del mundo sigue exportando masivamente capitales y deslocalizando la producción a los países con salarios más bajos y menor presión fiscal, sin que en el horizonte se divise un mayor empleo. Con un paro de dos dígitos, que con pequeñas oscilaciones parece inamovible, el Estado de bienestar resulta insostenible, máxime cuando la pirámide demográfica es cada vez más desfavorable.

Lo trágico de la situación es que, sin tomar en cuenta las nuevas condiciones que impone una economía abierta y globalizada, la alternativa socialista se reduzca a volver a la política tradicional socialdemócrata de subida de los salarios, manteniendo sin retoques el Estado de bienestar que cabría financiar con una mayor presión fiscal sobre las grandes empresas y los receptores de los ingresos más altos. Claro que pronto se comprobaría que una mayor demanda interna no crea necesariamente más puestos de trabajo. La tecnología disponible permite aumentar la producción sin precisar más mano de obra, a la vez que productos importados más baratos pueden satisfacer una mayor demanda interna, sin que todo ello impida una huida de capitales de consecuencias catastróficas.