La Audiencia pretende investigar las tramas de inmigración ilegal

La Audiencia Nacional pretende ampliar sus competencias y poder investigar las actividades de las tramas de inmigración ilegal y la trata de seres humanos. Así se postula en la Memoria de este tribunal correspondiente a 2004, elaborada por su Sala de Gobierno y aprobada por el Consejo General del Poder Judicial. En el documento se indica también que los jueces deberían evitar que los casos que instruyen se conviertan en macroprocesos.

"Frente a la creencia generalizada, debe señalarse que la Audiencia Nacional, creada el 4 de julio de 1977, no nació como un tribunal antiterrorista", señala la memoria del año pasado.

Prueba de ello, según el documento, es que ni el real decreto ley de su creación mencionaba entre sus competencias la instrucción y enjuiciamiento de los delitos terroristas. Tampoco la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Audiencia esas funciones, sino que le son encomendadas en la reforma del Código Penal de diciembre de 1988.

"La Audiencia Nacional nació como respuesta a la criminalidad organizada, de la que el terrorismo es la más sangrienta de sus manifestaciones. Pero no la única", relata el texto. Menciona también el tráfico de estupefacientes y los delitos económicos y que, a la vista de esa vocación de luchar contra el crimen organizado, así como por el resultado y la calidad de sus resoluciones, "debe postularse que la Audiencia extienda su capacidad de investigación a otras actividades delincuenciales organizadas graves".

Entre las nuevas competencias que la Audiencia solicita, la Memoria destaca la persecución de las organizaciones para la inmigración ilegal, las de trata de seres humanos y las que cometen delitos contra el patrimonio histórico-artístico.

Para acometer estas nuevas funciones y para desarrollar con eficacia las que ya ejerce, la Audiencia necesita que se refuercen los medios personales, materiales y técnicos. El presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, precisa que "la necesidad de personal es endémica o crónica, pero el aumento general e indiscriminado de las plantillas orgánicas no da una respuesta satisfactoria al problema."

Refuerzo de personal

A su juicio, una solución provisional sería que los nombramientos de personal se hicieran de forma que pudieran destinarse a los juzgados o a las secciones indistintamente y que en un determinado momento de saturación de un juzgado o una sección pudieran servir de refuerzo a ese órgano concreto.

Gómez Bermúdez resalta el notable incremento en la entrada de asuntos en la Sala de lo Penal de Audiencia (3.816), muchos de ellos, de gran complejidad y trascendencia. Por ello, tras la entrada en vigor de la orden europea de detención, es "inaplazable" el incremento de la plantilla estable, de al menos cuatro magistrados más.

El presidente de la Sala Penal señala que ha aumentado la duración de los juicios debido a los macroprocesos -dos meses de duración de la vista como media- y que los jueces centrales de instrucción deberían evitarlos "con el inestimable concurso de la fiscalía". A su juicio, los macroprocesos deberían limitarse a los supuestos en que sean imprescindibles para garantizar los derechos de las partes e intervinientes.

Gómez Bermúdez considera también "ineludible" la urgente creación de servicios comunes, para optimizar los recursos, como un servicio de notificaciones, otro de archivo y digitalización de documentos, así como un servicio común de cooperación jurídica internacional.