La educación abre el otoño parlamentario

El debate parlamentario de la Ley Orgánica de Educación (LOE), con la que el Gobierno persigue dar un nuevo vuelco a toda la educación no universitaria, será uno de temas más polémicos de la actualidad política de los próximos meses. La intención del Ejecutivo es aprobar esta ley con el máximo consenso posible antes de que finalice el año. También empezará en los próximos meses la discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), cuyo texto aún no ha hecho público el ministerio (a pesar de que preveía hacerlo en la primavera pasada), así como el futuro mapa de carreras adaptado al espacio común europeo. Las subcomisiones del Consejo de Coordinación Universitaria propusieron la reorganización de los títulos, reduciendo el 40% de los actuales. Una macrocomisión de expertos presentará en otoño su propuesta definitiva y posteriormente el Ministerio de Educación tendrá la última palabra.

El debate en el Congreso se centrará en la laicidad y la situación de la red pública

El primer borrador de la reforma universitaria se presentará en las próximas semanas

La LOE será el centro de atención en el Parlamento y en la calle. Ya han convocado diversos grupos católicos una manifestación en contra de la norma. En el Congreso, de entrada, el líder del PP, Mariano Rajoy, -que fue ministro de Educación durante un año en la pasada legislatura- ya ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de la ley por "romper la unidad de España". Un argumento basado en la idea de que esta reforma reducirá, según vaticina el PP, los contenidos mínimos que deben estudiar todos los alumnos de España, que representan el 65% en las comunidades autónomas con una lengua oficial y el 55% en las que tienen dos. El establecimiento de esa gran parte de las asignaturas que forman esos contenidos y del número de horas que las integran es una de las pocas competencias que le quedan al Ministerio de Educación.

Lo cierto es que el texto de la LOE no dice que se vayan a reducir estos contenidos, pero tampoco recoge la misma redacción de este aspecto que incluyó el PP con su ley educativa, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). La nueva norma hace referencia a que estos contenidos serán los máximos comunes (dice que "no requerirán más del 55% de los horarios comunes") y la LOCE, que promovió el PP en la pasada legislatura, dice que serán los mínimos comunes (a éstos "les corresponde en todo caso el 55%").

Lo cierto es que la redacción de la nueva ley es la misma que figuraba en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), la norma que hicieron los socialistas en 1990 y en la que está inspirada claramente la nueva reforma. El consenso logrado entonces -la apoyaron prácticamente todas las organizaciones sociales y todas las políticas, menos el PP, aunque entonces el PSOE tenía mayoría absoluta- costó varios años de reuniones y el propio secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha asegurado que el Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar el peso de los contenidos comunes.

En cualquier caso, el argumento de la "unidad de España" será una de las clave en las que los populares basarán su oposición a la ley educativa en el Senado.

Sí es una realidad que la LOE es básicamente una ley de mínimos, algo que no disgusta a los nacionalistas catalanes y vascos con los que el partido socialista ya ha mantenido de manera informal los primeros contactos con vistas al debate parlamentario. Se trata de una norma que da libertad a las comunidades autónomas en aspectos clave del sistema educativo, como las repeticiones de curso (decidirán si repiten o no los alumnos que suspendan tres asignaturas, puesto que con dos no se repetirá y con cuatro será obligatorio), las recuperaciones de junio o septiembre (podrán mantenerlas o quitarlas), la división de alumnos (podrán decidir si distribuyen en dos aulas a los alumnos de cada clase para las horas de inglés, matemáticas o lengua, por ejemplo) o el establecimiento de asignaturas optativas adicionales. Las autonomías también pueden decidir si el dinero que reciban del Estado para financiar la gratuidad de la educación infantil de 3 a 6 años lo destinan a crear plazas en centros concertados o públicos.

La financiación de la reforma será otro aspecto clave del debate. La memoria económica de la ley prevé 6.031 millones para financiarla, pero el Estado pagará sólo el 58% de esa cantidad. La gratuidad de la educación de 3 a 6 años (un aspecto que ya incluyó el PP en la Ley de Calidad, pero no financió, y que los socialistas han mantenido) se lleva la mayor parte del presupuesto que paga el Gobierno central. Sin embargo, casi la mitad de lo que costarán los programas de refuerzo y las medidas de apoyo al profesorado, los otros dos capítulos de financiación, deberán pagarlo las comunidades.

El Ministerio de Educación no ha logrado el consenso de las organizaciones sociales para apoyar esta ley. Las patronales de la enseñanza han sido las más críticas, especialmente la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) -a la que pertenecen muchos colegios vinculados al Opus Dei- y la confederación católica de padres de alumnos (Concapa). Tampoco está de acuerdo la federación mayoritaria de los centros privados concertados, FERE-CECA, una organización más abierta al consenso. Estas asociaciones harán presumiblemente, en los próximos meses, un frente común junto al PP contra ley.

El acuerdo parlamentario para apoyar esta ley se presenta complicado. Por un lado, ERC e IU creen que debe hacerse una mayor apuesta por el laicismo y por la educación pública, de forma que se exija, por ejemplo, un mayor control de las admisiones de alumnos mediante comisiones, una distribución igualitaria de los alumnos inmigrantes en todos los centros y un presupuesto que garantice el impulso de la educación pública, actualmente inmersa en el desprestigio y en la falta de recursos en muchas comunidades autónomas. En el otro lado están los convergentes catalanes y el PNV, partidos que presumiblemente defenderán el apoyo a la concertada. Lo claro es que una ley aprobada sólo con los votos del PSOE, ERC e IU pocas posibilidades tendría de permanencia a largo plazo, una demanda de toda la comunidad educativa tras los vaivenes legales actuales.