Conocer el presente para vencer en el futuro

A lo largo de los últimos años, las cuestiones relativas a la seguridad están acaparando la atención de un mayor número de ciudadanos en los países democráticos. La difundida percepción de que vivimos en una sociedad plagada de incertidumbres o sociedad del riesgo, el fenómeno de la globalización y, principalmente, la existencia de una amenaza terrorista real procedente de entornos islamistas está induciendo a una profunda inquietud en nuestras sociedades plurales y tolerantes. Sin embargo, no debe pasar inadvertida la creciente presencia de la denominada criminalidad organizada, que quizá provoca una relativa atención mediática y menor alarma social, pero que sin duda emerge como uno de los grandes desafíos a los que se han de enfrentar los sistemas políticos democráticos en el futuro.

En la actualidad, no somos todavía capaces de calibrar en toda su amplitud los peligros que se derivan para nuestras sociedades de la presencia de dicho tipo de criminalidad, pero al establecer comparaciones con la amenaza que supone el terrorismo no podemos por menos que dedicar cada vez mayores esfuerzos intelectuales, humanos y materiales a comprender el peligro y combatirlo. Las diferencias respecto al terrorismo son evidentes. Mientras dicho fenómeno constituye una amenaza explícita, frente a la que existe un principio de consenso general sobre la necesidad de combatirlo por los riesgos que supone para los órdenes sociales y los principios políticos, la criminalidad organizada se filtra imperceptiblemente en las instituciones, corrompiendo las estructuras oficiales y a sus gestores, facilitándose con ello la alteración de los principios básicos de los Estados democráticos y de derecho. Una segunda diferencia sustancial radica en que el terrorismo provoca una acusada y generalizada alarma social, mientras que la criminalidad organizada, por el contrario, pasa relativamente desapercibida para la ciudadanía que asume con gran preocupación la aparatosidad de muertes puntuales o los ajustes de cuentas, pero no capta la problemática derivada de su influencia a otros niveles.

Incluso el análisis meramente cuantitativo del fenómeno arroja cifras que, si bien en 2004 presentan una tendencia a la baja, resultan llamativas. El numero de grupos considerados de delincuencia organizada y sobre los que se ha actuado policialmente en España durante ese año asciende a un total de 494. De este total, 366 fueron nuevos grupos de delincuencia organizada detectados en nuestro país y se han logrado resultados en 326 de ellos, permaneciendo activos otros 168 grupos.

Desde la policía española se asume esta realidad y, por ello, se están acometiendo una serie de reestructuraciones estratégicas, operativas y organizativas con el objetivo de incrementar la eficacia en la lucha contra este tipo de criminalidad. Resulta evidente que para combatir cualquier fenómeno delincuencial es necesario conocerlo en profundidad con el fin de atacar los nódulos básicos desde los que se estructura. Partiendo de este principio, la recolección de información y la elaboración de inteligencia constituyen un instrumento básico que en parte se ha podido desarrollar partiendo de la base que en buena medida ha otorgado a nuestra policía la lucha contra el terrorismo. Obviamente, el fenómeno posee características distintivas, pero la lógica a aplicar resulta perfectamente extrapolable y está demostrando resultar eficaz. En este sentido, una de las medidas más relevantes ha sido la creación de nuevas Unidades Territoriales de Inteligencia, al objeto de perfeccionar todo el sistema de obtención y explotación de datos sobre el terreno.

Desde el ámbito organizativo y operativo, la respuesta está siendo resolutiva y contundente. El fundamento, así como el criterio reformador del nuevo diseño, fue el de mantener incólume el equilibrio entre las libertades democráticas de los ciudadanos y la certera represión del delito. Obviamente, todo ello encuadrado en el marco constitucional con expresa referencia a las garantías y derechos de los imputados. Así, las transformaciones operativas se han producido en una doble vertiente. Por un lado, ajustando metodologías y estructuras internas en la investigación criminal, y por otro, acometiendo decisivas intervenciones puntuales y permanentes contra los delincuentes.

Entre las medidas más importantes, se ha procedido a la creación de los denominados Grupos de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), compuestos por especialistas en tráfico de estupefacientes, delincuencia organizada, análisis criminal y empleo de medios especiales. Uno de ellos ya se encuentra operativo en la Costa del Sol, encontrándose otro en proceso de formación en Levante-Murcia y previéndose el despliegue de un tercero en Galicia. Una de las novedades más significativas radica en que, una vez iniciada la investigación por las actividades desarrolladas por una organización criminal, se comienza de forma inmediata y sistemática una segunda investigación paralela de carácter patrimonial y de blanqueo de capitales.

Por último, y al igual que ocurriera en su día en la lucha contra el terrorismo, se está prestando una particular atención al desarrollo de instrumentos que potencien y flexibilicen la cooperación internacional en la lucha contra el delito. Buena muestra de ello es la centralización de las tres Oficinas Centrales Nacionales (Europol, Interpol y Sirene) que se ha producido recientemente bajo un mando único en el seno de la policía, con lo que se consigue una integración total de la información, mejor explotación y evitación de duplicidades. Asimismo, se ha iniciado con éxito la creación de Equipos Conjuntos de Investigación, e investigaciones comunes con otros países que han obtenido recientemente notables éxitos en el combate contra esta criminalidad. Siendo no menos importante en este apartado el establecimiento de un Modelo Europeo de Inteligencia Criminal por el que España apuesta firmemente en el seno de Europol.

Resultaría muy prolijo detallar las operaciones recientes más significativas, pero resulta pertinente destacar que los éxitos obtenidos en las operaciones Ballena Blanca, Sugar, Avispa -la mayor llevada a cabo en Europa contra el crimen organizado-, Laila, entre otras, son el resultado, en buena medida, tanto de la paciente labor policial de años, como de la nueva filosofía de trabajo, así como de los nuevos procedimientos puestos en práctica. Así lo ha entendido la Oficina de las Naciones Unidas, contra la Droga y el Delito cuando alienta al resto de los Estados miembros a emprender métodos y acciones similares.

El escenario trazado a lo largo de estas breves líneas constituye una muestra de la actividad policial contra la delincuencia más actual que trata de ser contrarrestada con el mayor empeño y dedicación por una policía moderna y a la que se le ha de seguir dotando de medios. Nuestro deseo no es otro que el de servir a los ciudadanos y permitir que los principios del Estado de derecho constituyan el marco de convivencia real que permita el progreso económico y social. En cualquier caso, nunca debemos olvidar que el combate más eficaz contra este tipo de delitos que pueden amenazar los principios de convivencia democrática no depende solamente de la eficacia técnica de la policía, sino también del apoyo consciente y de la solidaridad de toda la ciudadanía con un servicio público como es la policía, que tiene como objetivo prioritario el bienestar de la sociedad.

Víctor García Hidalgo es director general de la Policía.