Elche derribará el deteriorado barrio de San Antón y construirá nuevos edificios en diez años

El IVVSA y el Ayuntamiento tramitan ayudas para los 2.500 vecinos afectados

El barrio de San Antón en Elche, con unas mil viviendas repartidas en 15 bloques de edificios, será derribado y reconstruido en fases, a lo largo de los próximos diez años. Los inmuebles presentan tal nivel de degradación que la rehabilitación, que se intentó con uno de los bloques, ha resultado insuficiente y demasiado costosa. Dentro de unos días, el Instituto Valenciano de la Vivienda, IVVSA, abrirá una oficina en las proximidades del barrio para realojar a los residentes, unas 2.500 personas, y acometer la modificación del Plan General de Elche.

Los vecinos venderán sus casas al IVVSA y en el mismo documento comprarán la nueva. Cuentan con ayudas económicas de la Generalitat y del Ayuntamiento que será el promotor subsidiario. En este barrio la mayoría de sus habitantes son personas de edad avanzada, jubilados y con escasos recursos económicos. El barrio de San Antón se levantó en la década de los años 50, en la zona oriental de la ciudad, para acoger a los miles de inmigrantes que llegaron a Elche a trabajar. Las viviendas las comenzó a construir una empresa; PLULSO, que, sin haber terminado la obra, tuvo problemas financieros y quebró.

Un grupo de vecinos acabó las obras con gran esfuerzo y préstamos bancarios. La forma de construir de la época, los avatares de la promoción y otras circunstancias provocaron un gran deterioro y hace unos años se detectaron graves deficiencias en los pisos. El presidente de la asociación de vecinos, Daniel Rubio, afirmó que los estudios que se han hecho "han puesto a la luz que los pilares no tienen cimientos y sufren carbohidratación u oxidación y el cemento tiene aluminosis, es decir, que llevaba mucha mezcla de arena". Además, el deterioro de la red de saneamiento provoca humedades en las plantas inferiores. Hace unos años comenzaron a producirse desplomes y se apreció la necesidad de llevar a cabo una profunda rehabilitación del barrio.

Tras tramitar todas las ayudas y firmar un convenio entre el ayuntamiento y la Consejería de Territorio, se inició la obra en uno de los bloques, el bloque 15. Los vecinos fueron realojados con sus familias o en pisos de alquiler, pero hace unos meses, una vez acabada la rehabilitación, el resultado no fue satisfactorio, y el coste se ha duplicado pasando de 16.000 euros por vivienda a 32.000. Se volvió entonces a reconsiderar una idea inicial de los vecinos, que hace un tiempo parecía descabellada; el derribo y la nueva construcción, y finalmente, el pasado mes de febrero se firmó un nuevo convenio entre las dos administraciones.

El nuevo convenio implica la construcción de pisos nuevos de dos y tres dormitorios, en menos bloques pero con más altura, (el Ayuntamiento ha incrementado la edificabilidad un 30%). Los nuevos edificios tendrán ascensor, un requerimiento solicitado por los vecinos, y plaza de garaje opcional. El IVVSA mantiene las ayudas que se habían concedido a cada familia y las nuevas viviendas se valoran según el coste del módulo de VPO, pero teniendo en cuenta que los vecinos son los propietarios del suelo con lo que se les descuenta el 15% del valor de participación. De esta forma, las viviendas de dos habitaciones les van a costar unos 44.300 euros, a los que hay que restar la subvención y por tanto sólo tendrán que pagar 17.800 euros. Las viviendas de tres dormitorios costarán 55.000 euros de los que tendrán que pagar 25.000.

Dada la población del barrio, la oficina que se va a abrir del IVVSA, se encargará de comprobar caso por caso las circunstancias de cada familia. Para ellos trabajarán en esta oficina además de técnicos de vivienda, trabajadores sociales. La oficina estará coordinada por la concejala del Partido Popular, Elena Bonet, (que fue designada para este puesto tras perder la dedicación exclusiva en el ayuntamiento fruto de las luchas internas entre campsistas y zaplanistas).

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El ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Fomento, ha seguido el día a día de la operación y fue quien desde el principio se dirigió a la Generalitat para exponer la situación y solicitar las ayudas.

El concejal del área, Alejandro Soler, manifestó que se tramitarán los expedientes de ruina de cada vivienda, se ha modificado el plan general para incrementar un 30% la edificabilidad, no se cobrarán las tasas por las nuevas licencias de obras ni las tasas de los traslados de las actividades económicas y se harán cargo del realojo de los casos excepcionales que se detecten entre los vecinos sin familia y sin recursos. Soler informó que "en breve comenzaremos a instar los expedientes de ruina de cada vivienda que deberá ser aceptado por sus propietarios".

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