Justicia modifica el recurso de amparo para evitar el colapso del Constitucional

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, llevará hoy al Consejo de Ministros la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para evitar que los recursos de amparo constitucional, que constituyen el 95% de los asuntos ingresados, bloqueen el trabajo de los magistrados. La reforma del recurso de amparo ha sido reclamada insistentemente por los últimos presidentes del alto tribunal, y su actual titular, María Emilia Casas, ha advertido reiteradamente del "riesgo de colapso" si no se dada un nuevo contenido al recurso.

En el 25º aniversario del Tribunal, celebrado el pasado mes de julio, la presidenta María Emilia Casas lanzó el último llamamiento a reformar con urgencia la ley, asegurando que el Constitucional "ya no puede dar más de sí". El estudio de las posibilidades de reforma de la LOTC fue encomendado a una comisión mixta de magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que tendría por objeto no sólo la reforma del recurso de amparo, sino tratar de superar además el tradicional clima de enfrentamiento entre ambos altos tribunales.

Según fuentes del Supremo, la comisión mixta ha barajado varias posibilidades, entre ellas la de poder en marcha en el Tribunal Supremo una sala de recursos de amparo jurisdiccional para "filtrar" los que pudieran llegar al Constitucional o, al menos, los que llevasen como fundamento la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Otra de las posibilidades exploradas ha sido la de que sólo llegasen al Constitucional los recursos de amparo apoyados por el fiscal o los interpuestos contra aquellas sentencias que contasen con el voto particular disidente de alguno de los magistrados.

La reforma también podría introducir modificaciones en el artículo 50 de la LOTC, que establece los supuestos en los que el Tribunal puede acordar "motivadamente" la inadmisibilidad de los recursos de amparo.

Sin embargo, al texto final del anteproyecto seguía siendo ayer objeto de revisión tanto por el ministro, Juan Fernando López Aguilar, como por el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, ambos directamente concernidos en su calidad de catedráticos de Derecho Constitucional, y López Guerra, además, por haber sido magistrado y vicepresidente del alto tribunal y estar perfectamente al tanto del problema de las dilaciones.

Las cifras aportadas por la presidenta dan cuenta de que el 98,28% de los asuntos ingresados en el Tribunal son recursos de amparo, pero de éstos, la tasa de inadmisión es de un 95%, en su mayor parte por falta de contenido constitucional. Es decir, que apenas se entra a conocer el fondo de cinco de cada cien recursos de amparo.

María Emilia Casas ha reiterado que no es razonable que los magistrados del Constitucional dediquen la mayor parte de su tiempo al trabajo "en negativo", es decir, a rechazar recursos que no se van a tramitar, en vez de dedicarse al "trabajo en positivo". Esto supone resolver, además de algunos amparos relevantes, los recursos de inconstitucionalidad contra leyes, las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por jueces y tribunales o los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas o de éstas entre sí. El resultado es la grave situación que atenaza al Tribunal: de los 7.951 asuntos entrados durante el año 2004, 7.580 están todavía pendientes de que sean admitidos a trámite o no.