Los partidos vascos rechazan la propuesta de Batasuna para volver a las instituciones

La formación ilegalizada Batasuna se dirigió el jueves por carta a los tres partidos que integran el Gobierno vasco (PNV, Eusko Alkartasuna y EB-IU) y también a Aralar para que le ayuden a recuperar los cargos que la Ley de Partidos le hizo perder, pero la respuesta ha sido negativa. El presidente del PNV de Vizcaya, Iñigo Urkullu, tachó ayer la iniciativa de poco seria, "a no ser", dijo, "que se trate de dar cobertura a las amenazas continuas que están recibiendo los alcaldes y los concejales" de los partidos a los que precisamente ahora Batasuna pide ayuda.

La carta no llega en medio de la nada. Desde las pasadas elecciones municipales, un buen número de cargos públicos -nacionalistas en su mayoría- viene soportando la "presión política" de Batasuna. "Nos insultan, nos amenazan por teléfono", explicó a este periódico Xabier Larruskain, un concejal de Eusko Alkartasuna de Oiartzun (Guipúzcoa). "Se concentran delante de nuestras casas y hasta han llegado a colgar nuestras fotografías por el pueblo junto a la palabra ladrón".

Según los cálculos de Batasuna, de no haber sido por la Ley de Partidos, la formación ilegalizada hubiera obtenido más de 400 concejalías, que fueron a caer, en su mayoría, en manos del PNV, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua o Aralar. Es justo a estas formaciones a las que el dirigente de Batasuna Pernando Barrena avisó el jueves de que estaba a punto de llegarles una carta. En ella, el partido de Arnaldo Otegi confía en que la "voluntad política" de los interpelados les permita volver a las instituciones "sin tener que esperar a una eventual derogación de la Ley de Partidos".

Aunque precisó que la misiva aún no ha llegado a su buzón, el presidente del PNV de Vizcaya, Iñigo Urkullu, puso sobre la mesa varias de las contradicciones en las que, a su juicio, incurre la propuesta de Batasuna. En primer lugar, señaló, la iniciativa se contradice con lo que los dirigentes de la formación ilegalizada les vienen planteando en privado, aunque, "por cuestiones de discreción", no quiso dar detalles.

La segunda incoherencia, según el PNV, es que Pernando Barrena hablara el jueves de un "proceso de normalización", cuando "otros dirigentes de Batasuna están hablando de mantener el conflicto en las calles". Por último, el dirigente nacionalista resaltó la circunstancia de que sea su partido, "que siempre ha defendido la legalización de la formación abertzale", el que tenga que escuchar tales emplazamientos. Fue entonces cuando dijo que quizá el asunto de la carta tenga también que ver con el deseo de Batasuna de erigirse en "protagonista político del verano". Lo cierto es que, a tenor de sus respuestas, ayer dio la impresión de que los partidos integrantes del tripartito se pusieron de acuerdo en el fondo y en la forma de responder a Batasuna. Se trató de un no en todos los casos, pero de un no suave, matizado y contemporizador. Urkullu dijo que la propuesta supone "mirar al pasado", mientras que Javier Madrazo, el coordinador general de Ezker Batua, declaró que, "en lugar de mirar a las elecciones de 2003, de lo que se trata es de garantizar que todas las fuerzas políticas puedan presentarse a las próximas elecciones". Madrazo también se mostró dispuesto a reunirse con Batasuna -"lo haré en septiembre", anunció-, pero también calificó la propuesta de "inviable" porque, a año y medio de los próximos comicios, "sólo serviría para alimentar la confrontación y para generar inestabilidad en las instituciones".

Tanto Aralar como Eusko Alkartasuna ya se habían pronunciado el jueves en unos términos muy parecidos. Patxi Zabaleta, el coordinador general de Aralar, dijo que a la carta le faltaba coherencia, puesto que había sido dirigida sólo a unas formaciones y no al PP y al PSOE, que son los que "han hecho y sostenido" la Ley de Partidos.

La dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia le contestó anunciando que se la mandarán también a socialistas y populares.Anoche, mediante un comunicado, la formación ilegalizada acusó a los partidos nacionalistas de "echar balones fuera" al rechazar su iniciativa.

Por su parte, la popular María San Gil dijo que, haga lo que haga, "Batasuna no se puede relegalizar". El dirigente del PSE Rodolfo Ares recordó que el partido de Otegi "no tiene ningún derecho" a ocupar concejalías porque "no cumplió la legalidad" en las elecciones de 2003. Ares aseguró que la propuesta sólo busca un objetivo: "Es un intento más de Batasuna de darse publicidad y de imponer su presencia en la vida pública vasca".