El azud de La Marquesa: convertir un conflicto en una oportunidad

En la primavera pasada, el Gobierno ya sabía que el trasvase Júcar-Vinalopó desde Cortes era inviable. La comisión técnica había reevaluado las disponibilidades de agua eliminando las manipulaciones de datos introducidas por la Administración anterior, y había constatado que el trasvase desde Cortes sólo podía funcionar con un uso intensivo de los acuíferos de Valencia.

Los resultados que se obtenían trasvasando sólo agua del Júcar, esto es, sin utilizar los acuíferos, eran contundentes. En los escenarios más optimistas, con severos recortes en las dotaciones de los usuarios actuales (incluyendo un 33% de reducción a Valencia y su área metropolitana), con la modernización de los regadíos tradicionales ejecutada en su totalidad, y con unos caudales ambientales de cuatro metros cúbicos por segundo para el Júcar y de 170 hectómetros cúbicos al año para la Albufera, que una amplia mayoría de los especialistas considera insuficientes, la media de trasvase en los últimos 25 años era de 19,9 hectómetros cúbicos por año, y en los últimos 20 años bajaba a ¡7,4 hectómetros cúbicos por año! El trasvase habría estado ocho años seguidos sin aportar una sola gota de agua. Sólo habría agua quitándosela a los usuarios actuales, o a los caudales ambientales, y ambas opciones, al margen de sus implicaciones legales, conducirían a graves conflictos sociales y territoriales.

Los regantes del Júcar, así como numerosos ayuntamientos y entidades de la Ribera, pronto dejaron claro que no iban a consentir el uso de sus acuíferos para el trasvase. Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente les garantizó que los acuíferos no se tocarían, y con ello el trasvase desde Cortes quedó condenado de facto. Ningún Gobierno puede tomar decisiones que vayan en contra de sus propios datos oficiales, y menos aún cuando éstos ya han sido hechos públicos. Hay que recordar, además, que el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría, el 9 de septiembre de 2004, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a respetar rigurosamente las conclusiones de la Comisión de Estudio del Trasvase Júcar-Vinalopó. Y estas eran muy claras: sin usar los acuíferos de Valencia, el proyecto actual es inviable.

Ante esta situación, en la reunión de abril la comisión técnica propuso explorar otras alternativas, y la Fundación Nueva Cultura del Agua asumió el compromiso de hacerlo. La fundación viene estudiando este problema desde hace varios años, y siempre ha identificado como solución óptima la combinación de desalación y reutilización, más un trasvase complementario desde Alarcón por el acueducto Tajo-Segura. Un esquema de este tipo podría resolver el problema rápidamente, con plena garantía, y a costes asequibles.

Sin embargo, la crispación política y periodística en Alicante ha sido llevada a tal punto, que cualquier solución que no incluya una tubería desde el Júcar ya no parece tener credibilidad mediática como posible salida al conflicto actual. Reconociendo esta situación, la fundación aceptó estudiar la posibilidad de cambiar la toma del trasvase desde Cortes al Azud de la Marquesa, tal y como venían reclamando los regantes del Júcar en la comisión técnica. Los primeros resultados, forzosamente preliminares, indican que la alternativa es técnicamente viable, y que sus principales parámetros parecen más favorables que los del trazado actual.

En el Azud de la Marquesa, el volumen de agua trasvasable es mucho mayor. Las estimaciones de la comisión técnica ofrecen allí el doble de caudal que en Cortes, pero además, en el azud es posible realizar ciertos intercambios entre los caudales ambientales y otros caudales de salida de la cuenca, que permiten elevar el caudal medio de trasvase hasta unos 70 hectómetros cúbicos por año. En ningún otro punto del río se puede disponer de un volumen semejante.

Los costes de inversión son mayores, porque la conducción desde el Azud de la Marquesa es más larga (30 kilómetros más), pero su repercusión por metro cúbico es inferior, debido a que en el azud hay mucha más agua trasvasable. No se pierde más que una fracción muy marginal de la inversión realizada, porque todos los tramos ya ejecutados, así como los acopios de materiales (tubos, tuneladoras, etcétera...), se incorporan al proyecto modificado.

Los consumos eléctricos en bombeo desde el Azud de la Marquesa son superiores a los de Cortes, pero traducidos a costes monetarios resultan muy similares, por las indemnizaciones que habría que pagar a Iberdrola y a los regantes valencianos si se derivase agua desde Cortes. El balance energético global y las emisiones de CO2, analizadas según las modernas metodologías de ciclo de vida de proyecto utilizadas en el Programa AGUA, ofrecen una ligera ventaja para la alternativa del Azud de la Marquesa.

Los problemas ambientales del trazado alternativo son poco importantes, y no tienen comparación con los del Caroig. Las subvenciones europeas parece que se podrían mantener si se actúa con celeridad. Por último, los plazos de ejecución no tienen por qué exceder a los que hubiera requerido el proyecto actual, especialmente a la vista de los problemas geológicos que estaban apareciendo en el Caroig.

El tema que ha levantado una mayor controversia es el de la calidad del agua. El agua del Azud de la Marquesa, con una salinidad media de 0,8 gramos por litro (carbonatos y sulfatos, principalmente), es perfectamente apta para usos agrarios, y la usan desde hace siglos en Sueca y en Cullera. Las falsedades que han circulado sobre el agua salada o la intrusión salina han sido rápidamente desmentidas por la Universidad de Valencia. En el agua, como en cualquier producto, lo que interesa es la relación calidad/precio/garantía. Y para usos agrarios parece mucho más conveniente un agua como la del Azud de la Marquesa con entrega anual garantizada a unos 25 céntimos por metro cúbico (o menos, si el Gobierno así lo quiere), que un agua como la de Cortes a costes muy superiores, con períodos de varios años seguidos sin suministro, y sometida a la competencia de usuarios no agrarios con mayor capacidad de pago.

Los agricultores del Vinalopó deberían contemplar la alternativa del Azud de la Marquesa como una oportunidad para resolver definitivamente sus problemas de agua. Son muy raras las ocasiones en las que los usuarios de una cuenca aceptan de buen grado un trasvase, aunque sea desde la cola de su propio sistema. En el presente caso, la aceptación prácticamente unánime de la cuenca cedente, que garantiza el trasvase sin problemas, se explica por una serie de circunstancias poco frecuentes. Los regantes tradicionales no ven con desconfianza la toma aguas abajo porque son ellos los que gestionan el sistema de azudes del Bajo Júcar. Los ayuntamientos y las asociaciones ciudadanas consideran, con razón, que cuanta más agua se desee enviar al Vinalopó más agua tendrá que circular por el río, y cuanto mayores sean las exigencias de calidad del trasvase, más atención de depuración deberá recibir el río.

Juega asimismo el deseo de mucha gente de buena fe, que también está haciendo oir su voz en Alicante, de superar de una vez por todas un conflicto que amenazaba con enquistarse y generar una crispación creciente y estéril en la Comunidad Valenciana.

El cambio de la toma al Azud de la Marquesa ofrece al conflicto actual una salida en la que todos ganan. Los agricultores del Vinalopó tendrán agua asegurada, de calidad muy aceptable y a un coste moderado. Los usuarios urbanos de Alicante se librarán de un proyecto inviable y podrán negociar con el Gobierno un acceso ventajoso a otros recursos de excelente calidad y garantía: agua desalada, agua del Júcar vía el acueducto Tajo-Segura, y agua de acuíferos no sobreexplotados para puntas y emergencias. Los usuarios de Valencia mantendrán sus recursos y sus garantías actuales. Y ganará también, y mucho, toda la sociedad valenciana, porque con la cancelación del proyecto de Cortes desaparece la principal amenaza ambiental que se registra actualmente en la Comunidad Valenciana, y se abre el camino para la recuperación del Júcar y la Albufera.

Antonio Estevan es consultor ambiental y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.