Inmigrantes con billete de vuelta

"No tengo donde ir". María H. llegó el pasado 15 de febrero a España con 2.000 dólares y una idea fija: trabajar para pagar los estudios de sus cinco hijos en Bolivia. Seis meses después de viajar de La Paz a Madrid, donde ha trabajado como empleada doméstica a veces de interna, otras por horas, una semana sí y otra no, hay noches que no puede ir hasta el comedor social de Chamberí, a cenar. "Cuando no me puedo pagar el metro, no voy", dice. Diez días atrás, con 41 años y una hija enferma en la casa familiar -"mi marido falleció"- pidió acogerse a un programa de retorno voluntario para inmigrantes. "Sólo quiero que me ayuden al menos a pagar el billete", afirma.

"En principio, tiene bastantes posibilidades", comenta sobre su solicitud Paloma Sevillano, asistente de operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aunque será una comisión de expertos la que decida. Esta organización gestiona la inmensa mayoría de los retornos voluntarios en España, desde que en 2003 firmó un convenio con el Gobierno español para facilitar el regreso a sus países de inmigrantes -tanto irregulares como regulares- sin recursos ni posibilidad de procurárselos.

Más del 90% de quienes han recibido ayudas son latinoamericanos. Sólo hay cinco africanos

Cada retornado recibe 450 euros y se compromete a no volver en cinco años

María lleva más de seis meses en España, uno de los requisitos del programa, y sobrevive en esa área social que el programa atiende y define como "de extrema vulnerabilidad y exclusión". Entre la calle y los comedores públicos, el trabajo esporádico y los albergues, María no ha logrado estabilizar su situación. "Ahora vivo en casa de la anciana que cuido", explica María, contratada para los 20 días que la familia de la mujer estará de vacaciones.

Desde que se puso en marcha el Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España (Previe), la OIM ha gestionado el regreso de 709 inmigrantes a sus países de origen. Cada uno recibió el billete de avión y 450 euros, 200 más si viajaba con algún menor, y hasta un máximo de 1.400 por familia. Estos gastos son sufragados por el Imserso, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Otras asociaciones como la Fundación Iberoamérica-Europa Cipie y el Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL) gestionan también retornos, aunque a menor escala.

El perfil de los viajes de vuelta suele ser de una sola silueta. "No es habitual que retornen familias, aunque hemos tenido algunos casos", explica Jesús Redondo, de la Fundación Cipie.

Y cuando parte algún menor, suele hacerlo acompañado sólo de su madre. Las madres solteras son las que más difícil lo tienen. Redondo recuerda algunos casos: "Madres que si pagaban la guardería no podían pagar el alquiler, y al revés; con lo que se veían en la calle con sus hijos, expuestas a que el ayuntamiento les quite al niño y lo metan en un centro".

El programa de la OIM está en marcha en toda España y para inmigrantes de cualquier país. Sin límite de fecha, aunque el convenio debe renovarse cada año. Latinoamérica se reparte el grueso de los retornados (los que más Ecuador, 273, y Bolivia, 90), junto con Europa del Este (29 rumanos, más algunos rusos y ucranianos). Sólo cuatro ecuatoguineanos y un nacional de Guinea-Bissau han pedido la ayuda para regresar a África en estos dos años.

Los solicitantes necesitan que alguna asociación o los servicios sociales de su ayuntamiento certifiquen sus dificultades. María H. acudió a San Vicente de Paul, una asociación de beneficencia. Marisol Ramiro, una de las trabajadoras sociales que la atendieron, redacta esos informes desde que se puso en marcha el programa de la OIM hace dos años. "Cuando solicitan el retorno, la desesperación es muy grande. Muchísima gente regresaría antes si no fuera porque no quiere soportar la sensación de volver con las manos vacías", asegura. "Muchas veces se trata de gente que duerme en la calle, con problemas graves de alcoholismo y de salud", explica Ramiro.

"Apuntarse al programa de retorno no es otra cosa que el fracaso, el último paso de su proyecto migratorio", sostiene Julio Caricol, del MPDL. "Hay gente que en su país tenía un cierto estatus y que van a volver peor de lo que se han ido", añade. Muchísimos renuncian en el último momento. En 2004, hasta 306 de los 705 casos aprobados terminaron quedándose en España, según la OIM.

Las cifras muestran, en fin, que existe una cierta demanda. "Es obvio que hay muchos inmigrantes que llevan años en una situación precaria, que quizá están deseando volver y no tienen los medios", explica Rickard Sandell, coordinador, junto con Joaquín Arango, del informe Inmigración: Prioridades para una nueva política española, del Instituto Elcano y la Fundación Ortega y Gasset.

A María, si su hija saliera bien de la operación de corazón que le espera en setiembre, no le importaría volver, aunque acepta las condiciones del contrato: deben firmar que no pisarán España en cinco años.