Interior controla por GPS a presos por agresión sexual que salen con permiso

Un sistema GPS (posicionamiento global por satélite) controla desde esta semana 24 horas al día a ocho presos por agresión sexual que están de permiso. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias inicia así un proyecto anunciado el pasado febrero por el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ante el Congreso de los Diputados. El sistema, creado por la empresa israelí Elmotek, ha sido importado de Reino Unido, donde entró en funcionamiento en septiembre pasado para controlar policialmente a presos condenados por malos tratos y por pederastia.

Los ocho presos que serán controlados por satélite no estarán al tiempo en la calle. El proyecto pretende evaluar pormenorizadamente el seguimiento de cada uno. En vez de los seis días habituales en un permiso ordinario, estos presos sólo disfrutarán de dos, según fuentes del Ministerio del Interior consultadas ayer por este periódico.

La filosofía del proyecto -cuya duración será de tres meses- parte del planteamiento anunciado por José Antonio Alonso: "Los presos con delitos de agresión sexual pueden llegar a disfrutar de permisos penitenciarios, pero esos permisos tienen que ser muy controlados, y el control GPS sin duda va a mejorar el control ordinario".

Los permisos concedidos a los ocho presos tienen su origen bien en solicitudes cursadas por los internos y tramitadas por el juez de vigilancia penitenciaria, o bien otorgados por la Junta de Tratamiento de la prisión en que cumple condena el preso.

Pero, para integrarse en el proyecto, no bastan esos requisitos legales. Según Instituciones Penitenciarias, los escogidos deben cumplir otra serie de condiciones. Por ejemplo: tener la mayor parte de la condena cumplida; haber participado en la cárcel en programas específicos de tratamiento para condenados por delitos de agresión sexual, y haber recibido el visto bueno en todos los filtros establecidos en esos programas; haber conseguido un pronóstico muy bajo de posibles reincidencias; contar fuera de la prisión con comprobado apoyo por parte de familiares o de alguna persona que consienta en responsabilizarse del preso y en acogerle mientras se encuentre de permiso.

"Cautela añadida"

Los ocho presos deberán llevar encima en todo momento el localizador de GPS. "Se trata de una cautela añadida", definieron fuentes de Instituciones Penitenciarias, "a la obligación de presentarse ante las Fuerzas de Seguridad al empezar y finalizar el permiso en el lugar donde lo disfruten. Si el proyecto resulta, podría extenderse a otro tipo de presos".

Según estudios británicos analizados por Instituciones Penitenciarias, el porcentaje de presos por agresión sexual que reinciden es menor si han tenido algún permiso antes de acabar toda su pena, y por otra parte el hecho de saberse controlados contribuye al comportamiento de los presos . Los reclusos a los que se ha aplicado el sistema siguen en algunos casos teniendo que someterse al GPS incluso cuando ya han cumplido por entero su condena. La idea de las autoridades británicas es extender el sistema a unos 5.000 presos, aunque empezó a funcionar con sólo una veintena.

Técnicamente en Reino Unido se han utilizado dos tipos de dispositivos de control por GPS. Uno de ellos sirve para registrar una serie de movimientos del preso y la información se envía a la policía. El otro, más severo, es el que funciona en España: se controla desde Instituciones Penitenciarias al interno en tiempo real 24 horas por satélite.

El método de localización por satélite funcionó primero en Estados Unidos -concretamente en Florida y Oklahoma-, con un programa para presos que se encontraran bajo fianza o en libertad provisional.

Otros sistemas

En España se han utilizado otros sistemas. Unos 300 presos de tercer grado -que duermen en la prisión- tenían que recogerse en casa a una cierta hora, y si no lo hacían eran denunciados por un receptor conectado a una línea telefónica.

En Cataluña la Generalitat anunció en noviembre que los 90 presos entonces controlados por pulseras electrónicas serían 200 en 2006. Y en abril los jueces de Madrid propusieron pulseras de control para menores con delitos menores, comoalternativa al régimen semiabierto.