Estatut: callejón sin salida o calle mayor

¿Dónde estábamos hace 18 meses? Todo era expectativa. Un gobierno, recién surgido de una coalición insólita, daba sus primeros pasos. Dominaba la incertidumbre, seguida inmediatamente por iniciativas poco justificables del primero de los consellers, error que fue plenamente asumido. El Estatut era sólo una declaración de intenciones del presidente y un compromiso, no muy definido, del Pacto del Tinell. Convergència i Unió (CiU) contaba con los dedos los meses de vida que le quedaban al nuevo Govern de Cataluña.

¿Dónde estábamos hace 12 meses? Se acababa de constituir la Ponencia del Estatut en el Parlament y el Govern, a través del conseller Joan Saura, de Relaciones Institucionales y Participación, prudente conductor del proceso desde aquel momento, encargaba al Institut d'Estudis Autonòmics (IEA), dirigido por Carles Viver, la elaboración de los textos que debían servir de base al trabajo parlamentario. El encargo, por lo que se refiere a la profundización competencial, estaba claro: llegar hasta el límite máximo que la Constitución permitiera y, muy especialmente, asegurar que no se podría repetir el proceso de vaciado progresivo de los 25 años anteriores. Mientras, CiU enviaba mensajeros a Madrid para excitar los ánimos contra lo que se adivinaba como un proyecto renovador, más que solamente reformador, anunciando la imprescindible reforma de un gran número de leyes orgánicas y la aplicación generalizada de la delegación de competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución.

Hay solución dentro de la Constitución a la aspiración federalista de pleno autogobierno

Para ir bien, todos deberíamos coincidir en que el Estatut sea también del PPC

¿Dónde estábamos hace tres meses? La Ponencia acababa la primera lectura incluyendo nuevos contenidos, con la complicidad activa y poco consciente de casi todos los departamentos del Govern, que desbordaban claramente el texto transmitido por el IEA, concebido con criterios, discutibles pero legítimos, de enumeración exhaustiva y detallada de materias y submaterias competenciales. Ya en aquel momento, las actas lo reflejan claramente, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) hacía constar todas y cada una de las reservas necesarias para ajustar el texto al marco constitucional, manteniendo el techo de ambición compartido por todos los grupos. A menudo, estas reservas iban apoyadas por el Partido Popular de Cataluña (PPC) y muy a menudo contra una coincidencia CiU-ERC.

¿Dónde estábamos hace 45 días? A punto de acabar la segunda lectura, el debate se había hecho más denso y difícil, pero se veía la salida al final del túnel. Aparecían diversas fórmulas para resolver satisfactoriamente la cuestión competencial, ajustando las dudas constitucionales, compactando el texto y usando cláusulas de garantía que blindaban todo el capítulo.

El trabajo de los ponentes merecía respeto y admiración creciente: Miquel Iceta, Lídia Santos, Joan Ridao, Jaume Bosch, Francesc Homs y Francesc Vendrell trabajaban desde los legítimos puntos de vista respectivos, pero con una calidad y un grado de responsabilidad evidentes. (Algún día, una vez aprobado y refrendado el Estatut, se deberán explicitar los derechos de autor que corresponden muy especialmente a Joan Ridao y Lídia Santos).

Por otro lado, los contactos con representantes cualificados del Gobierno español permitían clarificar el debate y ganar la necesaria confianza federal mutua. De los derechos históricos, ya incluidos en el Título preliminar del Estatut, nadie hablaba. Formaban parte de las concepciones políticas de fondo que informaban al conjunto de la propuesta de nuevo Estatut.

La reunión del 2 de julio PSC-ERC parecía confirmar las expectativas positivas: hacía falta un esfuerzo para resolver el capítulo competencial, pero el éxito se podía tocar. Miquel Iceta y Joan Ridao, Política y Derecho en mayúsculas, competían y cooperaban a la vez.

Quedaba, claro está, la cuestión de la financiación. Ya hacía semanas que el Govern, con la sabia mano del conseller Antoni Castells, la tenacidad del conseller Josep Huguet y la responsabilidad del conseller Joan Saura, había definido una propuesta tan solvente como ambiciosa, acompañada del firme compromiso del tripartito para defenderla en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de los Diputados, sin caer en el maximalismo claramente inconstitucional del modelo propuesto en solitario por CiU.

En esta cuestión, y es un dato fundamental, Esquerra Republicana (ERC) mantiene una firme posición de lealtad a la propuesta Castells-Huguet-Saura. Una propuesta que será duramente discutida en el Congreso de los Diputados, pero que incluye todos los elementos de solución positiva al agravio explícito para Cataluña que representa el modelo vigente de financiación autonómica.

Y aquí, probablemente, debemos buscar la razón inmediata de lo que hoy aparece como una situación de bloqueo y de seria dificultad para encontrar una salida digna y con acuerdo mayoritario o, ¿por qué no?, unánime. Si CiU tenía la bandera del inviable concierto económico y el PSC la del federalismo constitucional (es decir, la llave del Congreso de los Diputados) y compartía la propuesta de financiación con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)... ¿qué tenía específicamente ERC? Sometida a constante presión por parte del nacionalismo conservador de CiU, necesitaba, o así lo creían algunos de sus dirigentes, un valor añadido propio, una marca de elaboración autóctona que quedara inscrita en el Estatut y supusiera una aportación visible del soberanismo catalán.

El hallazgo de los derechos históricos, recogido genéricamente en el artículo 5 de la propuesta por acuerdo de todos los grupos menos del PP, se convirtió para ERC, de repente, en irrenunciable como pretendida garantía de blindaje competencial. Tan de repente que no se puede encontrar ninguna -¡pero ninguna!- referencia a los derechos históricos en las 10 razones para decir SÍ al nuevo Estatut publicadas en la página principal de la web de ERC. Tan precipitado ha sido que no ha podido ni cambiar el argumentario básico. Con esta maniobra de última hora se situaba al margen de la discusión, iniciada con buenas perspectivas, alrededor de los conceptos que la Constitución nos ofrece para profundizar el capítulo competencial: exclusivas, compartidas, ejecutivas, básicas, preeminencia normativa, modificación de leyes orgánicas, 150.2, etcétera.

Al mismo tiempo, digámoslo claro, esta opción permite a ERC poner el acento en una de las cuestiones de fondo que el nuevo Estatut deberá responder y resolver: el pacto entre Cataluña y España, que se concreta en el Estatut, ¿en qué principios se ha de basar?

¿Puede basarse en una confianza federal recuperada por primera vez quizá desde 1978, o bien será necesario construir toda clase de barreras y artefactos jurídicos para impedir la marcha atrás que hemos vivido en los últimos 25 años?

Dicho de otro modo, ¿hay una solución aceptable, en términos políticos y jurídicos, a la aspiración de autogobierno de la nación catalana, sin recurrir a formulaciones claramente extrañas al consenso constitucional entre los pueblos de España que ahora estamos renovando a fondo?

La respuesta socialista es doble y clara:

1. Sí, hay solución política y jurídica dentro de la Constitución a la aspiración federalista de pleno autogobierno.

2. Sí, hay razón y espacio para apelar a los derechos históricos de Cataluña como base genérica y previa de todo el Estatut y como apoyo constitucional para nuestras tradiciones ininterrumpidas: derecho civil, lengua y, quizá, determinados aspectos de la organización territorial catalana.

Se entiende que CiU se sumara rápidamente a la propuesta histórica de ERC. Era la ocasión esperada para romper la fuerza sumada de los grupos del tripartito, lógicamente creciente, para hacer aparecer de nuevo la mayoría nacionalista que se les fue de las manos en diciembre de 2003. Pero todos sabemos que esto es realmente un callejón sin salida, como el propio Artur Mas, presidente de CiU, ha proclamado al declararse satisfecho del aparente éxito de su estrategia.

Para Cataluña sería un callejón sin salida perfectamente compatible con una mayoría parlamentaria nacionalista, incluso con un gobierno nacionalista alternativo al catalanista y de izquierdas. Una mayoría, o un gobierno, perfectamente capacitado para reivindicar frente al Estado, adversario permanente, o para negociar peixos al cove, pero perfectamente incapacitado para impulsar el proyecto nacional de Cataluña que hoy tenemos al alcance: un proyecto plenamente federal, de "unión y libertad", como se decía hace 100 años, estrechamente ligado al conjunto de los pueblos de España. Un proyecto para hacer de Cataluña el mejor país de Europa en términos sociales, de innovación democrática y de potencia económica de ámbito eurorregional.

¿Dónde estamos hoy? Es el momento de demostrarnos a nosotros mismos y a toda España, que nos contempla con una mezcla de sorpresa y de ironía, que somos tan ambiciosos nacionalmente como inteligentes políticamente. Es el momento de buscar y de encontrar, con la ayuda del Consell Consultiu, las fórmulas constitucionales que resuelvan tanto la seguridad de nuestro nuevo techo competencial como el reconocimiento de la continuidad histórica de la nación catalana a través y más allá de los sucesivos regímenes políticos vigentes en España.

Es el momento de poner de manifiesto que tenemos en las manos un Estatut magnífico y que sólo es necesario poner un poco de seny y de respeto para todos y cada uno de los legítimos puntos de vista presentes, para obtener un resultado final inatacable y que será imposible de parar.

En efecto, el Estatut será del PSC o no será, será de CiU o no será (en ambos casos, también, por aritmética parlamentaria), pero debe ser, en el mismo grado, el Estatut de ERC y de ICV. Aún más, para ir bien, todos deberíamos coincidir en que el Estatut sea también del PPC. Entonces, sí que habremos llegado a puerto.

Entonces tendremos el Estatut que Cataluña necesita para encarar los mejores 50 años de su historia, para ser el país autogobernado que todos soñamos y para volver a ser el molde de progreso y vanguardia que España admira y necesita.

Podemos dejar que gane la alianza objetiva, que ahora no les conviene exhibir, entre los nacionalismos conservadores, catalán y español, interesados por razones diversas, pero eventualmente coincidentes, en que el Estatut se estrelle antes de llegar al Congreso o que llegue en condiciones que hagan muy fácil la tarea a los que temen, por encima de todo, el triunfo de la idea federal de España.

Pero también podemos hacer que gane la propuesta catalana con más potencial transformador y enriquecedor desde la transición democrática.

Podemos adentrarnos más y más en el callejón de la frustración colectiva y la desconfianza, pero también podemos retomar la calle mayor del Estatut de Catalunya. Depende, sólo, de nosotros mismos.

Ernest Maragall es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partit dels Socialistes de Catalunya.