Rumanos en tierra de nadie

La estricta aplicación de la ley de emigración en Rumania ha provocado una conmoción en los accesos por carretera al país. Conforme a una ordenanza de urgencia gubernamental, desde el 1 de agosto los agentes fronterizos comenzaron a retirar el pasaporte a quienes, partiendo de Rumania como turistas, superaran los tres meses de ausencia y no tuvieran un contrato de trabajo o documentación legal que acreditara que está en trámite su permiso de residencia en el país de acogida. El Gobierno rumano asegura que con la medida da cumplimiento a una ley de 2003.

En una semana, más de 3.500 rumanos han perdido sus documentos de viaje en los puestos fronterizos de la zona oeste: tras unos meses de trabajo en negro, volvían de vacaciones a su país. La noticia ha provocado la desbandada al otro lado de la frontera y la mayoría ha preferido emprender el viaje de vuelta a la marginalidad antes que entrar en Rumania y quedarse sin pasaporte.

La oposición sostiene que peligran los 2.000 millones de euros anuales de remesas

El Ejecutivo rumano apoya su decisión en los últimos datos recogidos en la frontera: desde el mes de enero, más de 1.800.000 personas han sido devueltas a sus localidades por no cumplir los requisitos legales para emprender viaje al extranjero. También hace referencia a los episodios de tensión vividos en la frontera franco-española, donde se impidió el acceso a más de 18.000 rumanos que pretendían entrar a España en autobús durante el primer cuatrimestre del año.

Cuando faltan dos meses para la publicación del informe que puede confirmar la adhesión de Rumania a la UE en enero de 2007, las autoridades se enfrentan a un serio problema de imagen: "El principal tema recurrente en cualquier reunión bilateral o multilateral es la migración ilegal: no existe colega de la UE con el que me haya reunido que no aluda directa o indirectamente a este asunto", aseguraba en julio el ministro del Interior rumano, Vasile Blaga. "Hacemos cumplir la ley", declaró hace unos días. La oposición le acusa de poner en riesgo los 2.000 millones de euros anuales que son transferidos al país por sus emigrantes.

A la alta política se une la mala imagen y la marginalidad de los ilegales en sus países de destino. "Tenemos que terminar con la imagen nefasta de Rumania que estamos dando en el extranjero", aseveraba el portavoz de la Policía de Fronteras. En función de la reincidencia en el incumplimiento del plazo legal de estancia en el extranjero, la retirada del pasaporte se mantendrá por uno, tres o cinco años.

En los puestos fronterizos, además de las protestas por la rigidez de la norma, cobraba presencia el drama humano. Muchos de los que han perdido el pasaporte se lamentaban por los objetos personales que han dejado en los países en los que trabajaban de forma ilegal; otros, familias rotas por la necesidad, emprendían el viaje de vuelta entre lágrimas. "Llevo cinco meses sin ver a mis hijos, traigo muchos regalos para ellos y ahora tengo que volver sin verles porque necesitan el dinero que gano", se lamentaba Daniela, una trabajadora sin papeles en el campo español. "No soy un delincuente", aseguraba Cosmin, obligado a permanecer en Rumania, mostrando sus manos curtidas; "trabajo en lo que puedo para mantener a mi familia".

En España, el Observatorio Permanente de la Inmigración cifraba en 85.518 los rumanos con papeles en abril, antes del proceso de regularización. Tras la medida, se ha dado de alta en la Seguridad Social a 45.421 rumanos más. Según el último estudio de la misión en Rumania de la Organización Internacional para la Migración, España ocupa el segundo lugar de preferencia en el índice de destinos potenciales de los emigrantes rumanos. Italia, primer país en la lista, es preferido por el 30% de los encuestados.