Calonge ordena paralizar 11 obras que molestaban con sus ruidos a los turistas
El Ayuntamiento de Calonge (Baix Empordà) ha ordenado paralizar 11 obras en el municipio que vulneraban la ordenanza municipal que prohíbe los ruidos molestos durante la época estival. Mediante un decreto de la alcaldía, el consistorio ha notificado a los promotores de las obras, algunas de ellas en edificios de gran volumen que esperan ser ocupados en breve por sus propietarios, que deben paralizar las obras durante el mes de agosto.
La denominada Ordenanza de Calidad Sonora tiene como objetivo impedir los ruidos molestos los fines de semana de julio, todo el mes de agosto y también durante los dos primeros fines de semana de septiembre. Las quejas de los vecinos de Calonge, principalmente de los núcleos de Sant Antoni y Torre Valentina, en primera línea de mar, son habituales durante los periodos vacacionales. Los veraneantes, que buscan calma y sosiego en el municipio, chocan con el furor constructivo de la zona, en la que se continúan levantando grandes edificios de apartamentos en la segunda línea de mar.
Algunas promociones de viviendas, vendidas sobre plano, no han podido entregarse en el tiempo previsto a sus propietarios, aunque les prometieron terminarlas antes de empezar el verano. Esta situación ha originado que algunos bloques sean un constante trasiego de operarios que trabajan contra reloj e intentan dejar a punto las viviendas en pleno periodo de vacaciones.
Las vulneraciones a la Ordenanza de Calidad Sonora fueron detectadas por los servicios de inspección urbanística del consistorio. En todos los casos, los promotores ya habían sido advertidos de antemano de la infracción que estaban cometiendo. Esta ordenanza, que fue aprobada por el gobierno local en abril, prevé sanciones económicas de hasta 3.000 euros y periodos de paralización de las obras superiores a 10 días.
Cada vez son más los municipios turísticos que aplican normativas que intentan regular los ruidos procedentes de las obras, aunque chocan con el empeño de los promotores, que prefieren arriesgarse a las multas que paralizar los trabajos de construcción.
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