Mafias rusas con oficina en España

Tres vori b zakone (ladrones de la ley), término con el que se designa a importantes jefes mafiosos en Rusia, duermen en cárceles españolas desde mediados de junio, como resultado del mayor golpe en Europa a las denominadas mafias rusas. Es una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que apenas se conocen dos detenciones de este tipo en la Unión Europea. Los arrestados movían un gran patrimonio en España, todavía sin evaluar en toda su dimensión, y habían penetrado en el tejido social, económico y político a determinados niveles. Tenían grandes proyectos en marcha, tanto en España como en Portugal, relacionados con la hostelería y la construcción. Su objetivo más importante era preparar la introducción en España de una importante petrolera rusa con una red de gasolineras.

Los detenidos habían penetrado en el tejido económico y social

Fue un golpe dirigido por la Fiscalía Anticorrupción en dos tiempos. Primero, el 1 de junio, la Guardia Civil (Operación Mármol Rojo) desarticuló una red de blanqueo de dinero formada por ciudadanos ucranianos. Posteriormente, el 17 del mismo mes, el Cuerpo Nacional de Policía (Operación Avispa) dio en el centro neurálgico de una potente organización georgiana con ramificaciones en Rusia. En ambos casos quedaba patente que las mafias rusas tienen sede social en España.

Las notas policiales dieron cuenta del aspecto superficial de ambas operaciones: lujosas residencias, algunas de ellas con tendencia a una ostentación de dudoso gusto, inmuebles listos para ser vendidos, coches de alta cilindrada, joyas en grandes cantidades y un número indeterminado de cuentas corrientes capaces de sumar cifras millonarias. En ese sentido, nada nuevo que diferenciase ambas operaciones de otras que tocan el asunto del blanqueo de capitales o el narcotráfico, a excepción de la incautación en Almería de un hotel de cuatro estrellas con 400 habitaciones, que podía entenderse como una novedad. La nota de prensa no explicaba que entre el patrimonio de esta organización figuraban otros tres hoteles más cuya propiedad no ha podido ser suficientemente acreditada.

En cualquier caso, las notas no dejaban más información: una serie de extranjeros detenidos, considerados peligrosos, y sus correspondientes colaboradores españoles, entre ellos un empresario conocido por ser presidente de un club de fútbol, el Reus Deportivo. Todos ellos estaban acusados de blanquear dinero y asociación ilícita: utilizaban la construcción como coartada y disponían de una red de empresas, algunas de ellas procedentes de paraísos fiscales como Andorra, Belice, Panamá y las Antillas holandesas, además de ramificaciones en Letonia, Hungría y Holanda. El secreto del sumario tampoco permitió saber mucho más sobre el verdadero calado de ambas operaciones.

Especialmente austera fue la información que se divulgó tras la Operación Avispa. Se citó el número de 28 detenidos, la mayoría de origen georgiano, y su importancia, pero nada más. La mayoría quedó en libertad en poco tiempo. No trascendió a la opinión pública el nombre de dos de los que quedaron en prisión. Tampoco trascendió lo que había sucedido con Tariel Oniani, uno de los objetivos de aquella operación, un hombre muy conocido por todas las policías de Europa, residente en Barcelona desde hace unos años. Oniani había logrado escaparse a un cerco formado por un despliegue de casi 400 policías españoles. Alguien le avisó, sospechan los investigadores.

Cuando los geos entraron en el domicilio de Oniani y su esposa, ambos huidos, además de al chófer y dos personas del servicio, sólo encontraron a la hija de ambos, menor de edad. Lo mismo sucedió en el chalé de otro ladrón de la ley, éste sí preso junto a su mujer. Ambas fueron llevadas a un centro de menores de Barcelona, en el que ingresaron por hallarse en situación de desamparo. Desde ese momento, hasta su definitiva salida, el centro en cuestión y la Generalitat sufrieron todo tipo de presiones, desde las llamadas de "teóricos" familiares de las menores, hasta un conato de tumulto de ciudadanos del Este a las puertas del centro pidiendo su liberación. Ambas tuvieron que ser discretamente trasladadas a otro lugar. La policía supo semanas después que se había puesto precio a la libertad de las niñas, que se pagaban hasta 100.000 euros a quien lograra sacarlas del centro cuanto antes. En esas mismas horas, diputados del Parlamento de Georgia solicitaban que el Gobierno elevase una protesta al más alto nivel por el trato que la policía española había propinado a honrados ciudadanos georgianos y el "secuestro" de dos menores. Anécdotas como ésas no eran más que meros detalles de la importancia que tenían los detenidos y de su capacidad para mover algunos cimientos.

Dos días después, la Guardia Civil pudo detener en el aeropuerto de Barcelona a Vitali Izguilov, otro importante ciudadano ruso que tenía residencia en la localidad alicantina de Campello. La Guardia Civil tenía mucha información acumulada sobre Izguilov, había vigilado los restaurantes de su organización en el centro de Alicante, tan caros como escasos de clientela, pero aquello fue un golpe de suerte: sólo alguien que se sintiera realmente impune sería capaz de regresar a España sabiendo que unos días antes la policía había detenido a gente importante relacionada con su organización. Izguilov era un "ladrón de la ley". Como el fugado Oniani. Como otros dos cuyos nombres no se han divulgado, pero que están en prisión en España junto a 13 inculpados.

Las detenciones no pasaron desapercibidas en Europa, donde los expertos saben lo complejo que es detener a uno de estos personajes. Una de las características de los "ladrones de la ley" es la dificultad de vincularlos con pruebas en acciones delictivas. "Se sienten seguros porque saben que no firman un papel, que su mano no está en ningún documento, incluso se abstienen de hablar por teléfono", dice uno de los investigadores. "Viven y actúan como grandes empresarios, dan las órdenes, manejan poderosos intereses, tienen influencia política, deciden sobre la vida de las personas, pero no suele haber pruebas de ello".

Oniani no era el máximo jefe de la organización, una red muy difícil de desentrañar porque no deja de ser una suma de organizaciones, pero sí uno de los importantes. Oniani es muy conocido en Georgia, donde se le relaciona con diversos intereses empresariales, entre ellos un canal de televisión. "Oniani ha llegado a poner candidatos a la presidencia de Georgia", dice una fuente de la investigación. Oniani dirigía sus actividades desde Barcelona hacia Madrid y otros países de la UE. Contaba con guardaespaldas y dirigía una compleja maraña de asesores, testaferros y empresas. Incluso disponía de soldados, dado que sus hombres habían introducido en España a centenares de ciudadanos georgianos dispuestos a actuar a sus órdenes porque le debían gratitud por haberles conseguido trabajo.

Oniani, que había residido en Francia, donde llegó a estar cuatro años en la cárcel, durante mucho tiempo, era un personaje conocido en círculos empresariales de Barcelona, sobre todo en los relacionados con la construcción de grandes obras e infraestructuras. "La realidad de los contactos en España a nivel político -local, provincial e incluso nacional- y económico dan la medida de hasta dónde se puede llegar", dice una fuente de la investigación. "Y han llegado muy lejos en España, después de un largo tránsito por Bélgica, Austria, Francia y Alemania". El secreto del sumario impide conocer qué tipo de contactos y de influencias eran ya sensibles a Oniani.

No se tiene una idea exacta del patrimonio que habían alcanzado los intereses en España de estas organizaciones, aparte de la socorrida lista de inmuebles y de negocios laterales como restaurantes y clubes de alterne. Se sabe de un proyecto ya muy avanzado para un gran complejo de esquí en Andorra, de otro complejo turístico de envergadura en Portugal y de sus gestiones para introducir a una importante petrolera rusa en España, con idea de extender una red de gasolineras por el territorio nacional.

El golpe es fruto del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción en una investigación que arranca del año 2003. "Hemos puesto en marcha técnicas de análisis financiero criminal", reconoce uno de los investigadores, "y hemos comprobado la eficacia de coordinar a policía y Guardia Civil y sentarlos con expertos de la Agencia Tributaria. Ésa es la única forma de poder luchar contra esta gente".