El alcalde de El Puerto, imputado por presunta prevaricación

El alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz Cortés, y el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, ambos de Independientes Portuenses (IP), prestaron declaración el pasado día 19 de julio en calidad de imputados por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio ante el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Cádiz, Ángel Núñez.

Los representantes municipales fueron llamados a declarar sobre la denuncia presentada por Ecologistas en Acción en relación con el desarrollo inmobiliario de una finca conocida como Pinar de Coig, donde el Ayuntamiento, según los denunciantes, ha "permitido y fomentado" el planeamiento y la construcción ilegal de una veintena de chales privados. Se da la circusntancia de que estos terrenos están protegidos por su calidad ambiental y en el actual planeamiento urbanístico figuran como parque público.

La intervención de la fiscalía de Cádiz se produce después de que en abril de 2004, la delegación provincial de Obras Públicas de la Junta notificase al Ayuntamiento la situación y reclamase una intervención con la advertencia de que, en caso contrario, la Administración andaluza plantearía la retirada de las competencias urbanísticas de las que goza el Ayuntamiento.

El gobierno local, según la denuncia, hizo caso omiso al requerimiento de Obras Públicas y sólo en mayo de este año, tras la apertura de diligencias por parte de la fiscalía, denunció la situación de ilegalidad de las viviendas. El portavoz ecologista Juan Clavero aseguró ayer que el alcalde portuense actuó "con cobardía política" por denunciar a los vecinos para "intentar eludir su responsabilidad". Para los ecologistas, la actitud del Díaz Cortés es un "claro caso de prevaricación".

Por su parte, los vecinos afectados, que esta misma semana han presentado también una denuncia en el juzgado contra el alcalde, el concejal de urbanismo, y su antecesor en el cargo, Pedro Alamillos, aseguran haber continuado con las edificaciones ante las promesas municipales de que las viviendas serían legalizadas.