El Defensor destapa otro escándalo en un centro de menores de Canarias

Más internos que plazas, plásticos en vez de cristales en las ventanas, retretes apestados, basura almacenada durante días, drogas requisadas y guardadas en armarios... La descripción que hace el Defensor del Pueblo del centro de menores de régimen cerrado Amparo Rodríguez Pérez, ubicado en Punta de Gáldar (Gran Canaria), recuerda a las peores cárceles del Tercer Mundo. El Gobierno autónomo, bajo cuya tutela se encuentran los muchachos internos, dice conocer la situación y coincide con el Defensor en la necesidad de cerrar el centro, aunque no precisa cuándo.

La investigación del centro de Gáldar ha sido llevada a cabo bajo la dirección de la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Margarita Cava de Llano, quien ha remitido al Gobierno de Canarias un informe en el que recomienda el cierre de la institución, "por no reunir las condiciones mínimas establecidas por la Ley del Menor".

Dicha ley señala que "los centros estarán divididos en módulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores internados". El informe del Defensor hace constar que la capacidad inicial del centro de Gáldar, "fue de 24 menores, posteriormente se amplió a 36 sin aumentar sus recursos y ha llegado a tener hasta 44 personas internadas".

En las habitaciones, de tres por cuatro metros, duermen tres y hasta cuatro menores (uno, en el suelo). Los técnicos que las visitaron el pasado 14 de junio destacan la "luz natural insuficiente", el "desorden y poca limpieza", con "la ropa de los menores amontonada en los rincones" y "grandes toallas que hacían las veces de cortinas". En dos de los cuartos había, a las siete de la tarde, orinales repletos de orina.

El centro carece de biblioteca y "las instalaciones deportivas son prácticamente inexistentes, hasta el extremo de que algunos jóvenes ejercitan su musculatura levantando garrafas de agua de cinco u ocho litros que tienen en sus habitaciones".

Hedor y moscas

"Los baños comunes de cada módulo", prosigue el informe, "presentan filtraciones de agua, su estado de limpieza era muy deficiente y no pudo realizarse un examen completo de los mismos debido al olor que salía de dos retretes. Los cristales se encontraban rotos y en su lugar se habían puesto unas bolsas de plástico".

El servicio de limpieza municipal sólo recoge la basura dos días a la semana. "El centro dispone de cinco contenedores, que son insuficientes para almacenar el volumen de desperdicios que se generan cada día. Debido a ello, la basura del centro se almacena en bolsas y provoca malos olores, que se unen a los de una granja avícola colindante. La existencia de insectos es de tal magnitud que tanto los trabajadores del centro como los menores la califican como el principal problema, junto con los olores procedentes de la granja avícola".

En cuanto a la gestión del centro, al Defensor del Pueblo le "llama poderosamente la atención" que las personas que trabajan en él pertenezcan a cuatro entidades diferentes, "concretamente a Galobra -empresa cuyo objeto social es la construcción de muebles-, Ideo -fundación pública creada por la Dirección General de la Juventud-, Cicerón y Ayuntamiento de Gáldar". También le "resulta chocante" la cualificación profesional de algunos tutores y educadores: licenciado en música, criminólogo o sargento del Ejército, entre otros. Y se declara sorprendido por el "gran número de agentes de seguridad [de una empresa privada] en el interior del centro", cuando el reglamento establece que "las funciones de vigilancia y seguridad interior de los centros corresponde a sus trabajadores".

El informe acusa a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno autónomo de ejercer una supervisión del centro "prácticamente inexistente". Entre los ejemplos que cita figura el siguiente: "En el centro se están almacenando las requisas de sustancias estupefacientes que son intervenidas a los familiares o a los menores como consecuencia de las comunicaciones de convivencia que efectúan. Ese almacenamiento se debe a que desde la Dirección General no se ha informado, a pesar de habérsele solicitado, del procedimiento a través de cual desde el centro pueden deshacerse de esa clase de sustancias".

El director general de protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias, José Luis Arregui, ha explicado a este periódico que lleva en el cargo poco más de un mes y que antes de esa fecha la Consejería de Asuntos Sociales estaba en manos del PP, en virtud de un pacto de Gobierno con Coalición Canaria que se ha roto recientemente.

Arregui asegura que desde su toma de posesión ha visitado el centro de Gáldar en cuatro ocasiones, y que comparte las impresiones del Defensor del Pueblo en el sentido de que "no reúne condiciones para albergar a los menores". "Vamos a pedir una inspección, porque creemos que existe un problema de salubridad", anuncia. "Nuestra intención es crear un nuevo centro en Gran Canaria y cerrar éste. Ya estamos preparando un módulo con 40 plazas en el centro Tabares II para trasladar a parte de los internos de Gáldar".