Llamazares acusa a Gallardón de vulnerar el derecho de manifestación de los vecinos

La protesta vecinal del pasado día 20 contra la tala de acacias en el paseo de la Virgen del Puerto (Arganzuela) amenaza con convertirse en el culebrón político del verano y enfrentar a gobierno municipal y oposición en los juzgados. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, compareció ayer junto a la portavoz en el Ayuntamiento, Inés Sabanés -que ha sido denunciada por la Policía Municipal, como otros dos ediles del PSOE y cinco vecinos, por "resistencia a la autoridad"-, y anunció que pedirá al ministro del Interior, José Antonio Alonso, y a la Fiscalía General del Estado que intervengan en el caso. "El alcalde se pone la ley por montera, limitando el derecho de manifestación", dijo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ya tiene en su poder la denuncia presentada por el inspector jefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo -que depende del concejal de Seguridad, Pedro Calvo-, contra cinco vecinos del paseo de Virgen del Puerto y tres concejales: Inés Sabanés y los socialistas Óscar Iglesias y José Manuel Rodríguez. Los tres ediles respaldaron a los vecinos que intentaron paralizar la tala, y la policía respondió con lo que la oposición tacha de "carga brutal".

Ese mismo día, Pedro Calvo anunció que los tres ediles serían denunciados por "resistencia a la autoridad" e "incitación al desorden público". Y el alcalde no sólo no le ha hecho desistir de su idea, sino que el jueves apoyó esa decisión con el argumento de que "la ley es igual para todos, tengan cargo público o no".

Pero "la denuncia le puede salir a Gallardón por la culata", según Llamazares, porque IU va a utilizar ese proceso para denunciar a su vez la actuación policial. Sabanés explicó que su grupo se personará "como parte perjudicada en el proceso", lo que no quiere decir que vaya a presentar una denuncia contra la policía, sino que, si finalmente hay un juicio contra vecinos y ediles, IU aportará sus propios "documentos y pruebas" para que el caso se convierta en una "denuncia contra la actuación policial"; algo que también hará el PSOE, según anunció el edil Óscar Iglesias. "Va a haber un 'todos contra todos' en los juzgados en septiembre", ironizaban ayer desde el equipo técnico de IU.

Paralelamente, la formación que lidera Llamazares tomará otras iniciativas a escala nacional: "Vamos a pedir al ministro del Interior [José Antonio Alonso] y al fiscal general del Estado [Cándido Conde-Pumpido] que den su opinión y decidan, después de ver la documentación que les vamos a entregar, si se puede abrir una investigación sobre la actuación policial", adelantó el máximo dirigente de IU, quien acusó al alcalde de ponerse "la ley por montera, limitando el derecho de manifestación de los vecinos y el de representación y mediación de los concejales".

El talante

Inés Sabanés sostiene que la carga fue consecuencia de una decisión política que "muestra el verdadero talante de Ruiz-Gallardón". "Quien fuera que diera la orden, mandató a la Policía Municipal para que realizara una intervención ejemplar, vulnerando el principio de intervención mínima de la policía. Podían haber parado perfectamente las obras un día para hablar con los vecinos, que tienen una unión afectiva con los árboles", señaló la portavoz. Su compañero de grupo Justo Calcerrada bautizó a Ruiz-Gallardón como "el alcalde leñador", porque las obras que acomete en la ciudad van a provocar la tala de miles de árboles (aunque el gobierno municipal asegura que plantará diez ejemplares nuevos por cada uno que tale).

No obstante, Sabanés aclaró que no piensa bloquear "ninguna iniciativa política" por este asunto. "Nosotros distinguimos perfectamente los planos", afirmó. La víspera, la portavoz socialista, Trinidad Jiménez, advirtió a Ruiz-Gallardón de que no pactará "nada" con él mientras no retire la denuncia contra los tres ediles, y le recordó que una de las cosas que tienen que negociar y que requiere el apoyo del PSOE es el borrador de Ley Especial para Madrid.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS aseguran que si la Policía Municipal demuestra en un eventual juicio que los agentes instaron a los tres concejales a apartarse del lugar para permitir la tala, y éstos se negaron a obedecer, eso constituiría efectivamente una falta o delito de "resistencia a la autoridad". "El hecho de tener un cargo público no les eximiría", explicaron. Estas mismas fuentes negaron que el Juzgado número 43 haya tomado ya la decisión de abrir diligencias previas tras recibir la denuncia contra los ediles, en contra de lo dicho por la mañana por Sabanés.